La ordenanza municipal de varias ciudades españolas prohíbe el ejercicio de la prostitución en la vía pública así como otras actividades que perjudican la convivencia ciudadana.
Hace unos meses la opinión pública española fue golpeada por unas fotos en un periódico de gran tirada. Reflejaban la actividad de clientes y prostitutas en pleno centro de Barcelona y en actitudes vejatorias e inimaginables. Se trataba de los soportales del mercado popular de La Boquería, en pleno barrio del Raval, en donde cada mañana se tenían que recoger los desechos de la noche.
Se desató, entonces, una polémica a escala nacional sobre la prostitución, su legalización y profilaxis, los proxenetas y las mafias, los pisos, pensiones, prostíbulos y bares dedicados a esa realidad de nuestras sociedades. Y sobre la perenne exaltación de los adalides de una libertad sin trabas y del ejercicio absoluto de unos derechos en detrimento de los deberes correspondientes. Pero la realidad es que, en Madrid y en otras muchas ciudades, las prostitutas, los travestís, los camellos y los chaperos han invadido zonas de comercio, de colegios y de viviendas familiares sin respeto por el resto de los ciudadanos. Aluden a las necesidades «naturales» y en contra de lo que denominan hipocresía social. Como si todo lo «natural» estuviera exento de una regulación para la convivencia ciudadana: defecar, orinar, masturbarse, yacer, escupir, encender fuego en las aceras o arrojar basuras.
En Madrid, en plena calle de la Montera, que une la Gran Vía con la puerta del Sol, hace años que una legión de prostitutas se ofrece a cualquier hora del día y de la noche. El formidable Parque del Retiro o la Casa de Campo se volvieron intransitables porque centenares de mujeres y de hombres se abalanzaban sobre los coches y sobre las personas imponiendo casi sus servicios y en actitudes procaces. Hasta que un Alcalde cerró la Casa de Campo al tráfico de vehículos, y el Retiro fue controlado por agentes municipales. Lo mismo se podría contar de muchas ciudades en donde calles y plazas, jardines y espacios públicos han sido invadidos sin respeto alguno.
Hasta que la ciudad andaluza de Granada aplicó la Ordenanza municipal para la convivencia social que prohíbe el ejercicio de la prostitución en la vía pública así como otras actividades que perjudican a los ciudadanos.
La ordenanza recoge determinados derechos y deberes de comportamiento en la vía pública que también se refieren a la mendicidad agresiva, la contaminación atmosférica, lumínica y acústica, así como la realización de pintadas y la actuación de artistas callejeros en lugares inapropiados. La medida fue tomada a raíz de las protestas y movilizaciones de los vecinos de las zonas afectadas que se quejaban de la inseguridad, el ruido y las condiciones de insalubridad para sus calles.
Se prohíbe la mendicidad «insistente o agresiva» y la utilización de menores como reclamo, aunque, en este caso, las sanciones serán sustituidas por sesiones de atención individualizada con los servicios sociales.
La limpieza de los parabrisas de los coches detenidos en los semáforos y la realización de actividades que puedan obstruir el tráfico rodado también serán sancionadas, así como las actuaciones de artistas callejeros y saltimbanquis en los pasos de cebra.
El reglamento también prohíbe hacer pintadas en cualquier elemento del espacio público, siendo los padres o tutores los responsables subsidiarios de las infracciones.
Mientras que la prostitución de personas adultas no está considerada delito, el documento considera una infracción muy grave el «ofrecimiento, solicitud, negociación y aceptación de servicios sexuales» a menos de 200 metros de las zonas residenciales, centros educativos, comerciales y empresariales. Las sanciones serán tanto para clientes como para prostitutas, aunque en el caso de estas últimas, el dinero se destinará a programas sociales.
Granada se ha convertido en la primera capital andaluza que cuenta con una ordenanza para sancionar la prostitución y cuyo texto será revisado cada dos años. Ya han anunciado medidas similares en Huelva, Málaga y Sevilla.
Diversos colectivos sociales que trabajan con las prostitutas han mostrado su oposición a que se aplique esta norma, pues consideran que se incrementará la marginalidad «sin resolver el problema de fondo» que esconde la prostitución. Dicen que sólo contribuirá a «cambiar de sitio» estas actividades, lo que contribuirá a hacer a las mujeres más dependientes de sus proxenetas. A estos es a quienes hay que perseguir y condenar, sin olvidar por eso de ordenar y hacer cumplir las normas de convivencia ciudadana. Lo que nunca comprenderé es cómo un Estado de derecho, con los medios de que dispone, no pone a buen recaudo a proxenetas, chulos y traficantes de seres humanos.
José Carlos García Fajardo
Profesor Emérito de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Director del CCS
