La Constitución se supone que otorga el derecho al trabajo y promulga la igualdad de derechos entre todos los españoles pero en realidad no es así en algunos lugares de España.
Foto: GonmiExisten Ayuntamientos que han ofertado empleos públicos temporales pero solamente a quienes están empadronados en la localidad, incumpliendo el derecho al trabajo de pueblos vecinos e incluso distantes aplicando la movilidad geográfica y a quienes pudieran estar mejor cualificados para esos puestos de trabajo. Esto incumple la ley, tanto la Constitución como los tratados europeos de movilidad laboral. Es de todos modos comprensible que alguien desee que trabajen sus vecinos de su localidad mejor que desconocidos pero no es justo según la ley. Imaginemos que en Andalucía solo pudiesen trabajar andaluces, lo que tampoco sería legal, en los empleos temporales, interinos o «fijos» por oposición publica; alguien denunciaría tal situación por excluirse a personas más capacitadas en razón de su residencia o nacimiento.
Pero existe un incumplimiento de la Constitución desde hace años en algunas Comunidades Autónomas a las que se les reconoce el derecho al uso de lenguas cooficiales, un derecho de uso no significa la obligación de usar, en su oferta de trabajo público y, en ocasiones, privado. Yo he trabajado en Mallorca de forma privada y no es necesario saber mallorquín para poder trabajar e incluso la Guardia Civil allí no necesita saber mallorquín, existe relativamente poco uso del mallorquín y, en determinadas zonas, en parte debido a la masiva presencia de personas de otros lugares de España allí e incluso de otros países como Alemania. La oferta pública de empleo no tendría sentido si se obligara a saber mallorquín para ser policía local o medico y, en todo caso, una vez aprobada se podría establecer un periodo de excedencia para el aprendizaje al nivel exigido, ya que el derecho al trabajo es igual para todos los españoles, sin embargo en ocasiones lo que es un derecho a una lengua se utiliza para negar la posibilidad de empleos públicos a excepción de los de esa comunidad. Si alguien dijese en España solo pueden trabajar los españoles alguien diría que legalmente no es así, de la misma forma no podría hacerse en Andalucía donde en las oposiciones publicas se presentan desde toda España. Si un andaluz debe competir contra 40 millones de potenciales candidatos en una oposición para medico, por ejemplo, mientras que en Cataluña un catalán lo hace con 6 millones potenciales por hablar catalán su derecho al trabajo es mayor que el andaluz y además de todos los posibles candidatos solo estarían quienes sean médicos, lo que supone un número muy pequeño para el catalán y diferente en otras Comunidades.
Pero lo más sangrante es que no existe posibilidad de aprenderse ninguna de las lenguas cooficiales fuera de sus Comunidades Autónomas lo que además de ser una oportunidad de trabajo para algunas personas de esas Comunidades Autónomas demuestra uno de los defectos al otorgar más derechos a los españoles en razón de su residencia y/o cultura. El castellano es la lengua común para todos los españoles y además la oficial, es de suponer que si en Cataluña hay zonas donde la mayoría de residentes son británicos, franceses o alemanes debería exigirse el dominio de esa lengua para los funcionarios públicos ya que para prestar servicios adecuados es necesario, esta razón se da para establecer la obligación de lenguas cooficiales pero lo que no se dice es que quienes utilizan la lengua cooficial están obligados a saber castellano y no a la inversa.
No es justo que un derecho anule a otro derecho más importante que es el de trabajar y sitúa a unos ciudadanos españoles por encima de otros en razón a poseer o no una lengua cooficial para usarla de arma discriminatoria del resto de españoles.
Soy consciente que es muy difícil que puedan actuar para solventar esta injusticia pero he creído que debía explicarla ya que es necesario que al menos se sepa y aunque existen desigualdades en Navarra y País Vasco en materia económica por unos fueros que lo otorgan y supone una discriminación del resto de Comunidades por lo que entonces tampoco todos somos iguales ante la Ley. Se podría utilizar también esta practica por quienes hablan dialectos de lenguas cooficiales, asturcón o lenguas «muertas» como el sefardí, morisco, guanche, íbero, celta, etc.; si se incluyen en una Ley podrían ser usadas para negar el derecho al trabajo de modo que se niegue el pan al hambriento, algo que incluso Jesucristo no concebía como muestra de bondad y curiosamente España es uno de los países mas generosos con los desfavorecidos.
