Parafraseando a Wright Mills en su libro “The Power Elite« (1956), el establishment del Estado español estaría formado por las élites financiera-empresarial, política, militar, jerarquía católica, universitaria y mass media del Estado español, herederos naturales del legado del General Franco que habrían fagocitado todas las esferas de decisión (según se desprende de la lectura del libro “Oligarquía financiera y poder político en España” escrito por el ex-banquero Manuel Puerto Ducet), e iniciado asimismo una deriva totalitaria que habría ya convertido a la seudodemocracia española en rehén del establishment y que tendría como objetivo último la implementación del “Estado Tardofranquista”.
Recordar que el bipartidismo establecido en el acuerdo tácito entre los partidos políticos tras el simulacro de golpe de mano de Tejero (23-F del 1981), tuvo su culminación con la llegada al poder del PSOE y el nombramiento como Presidente del Gobierno de Felipe González (1982), con quien asistimos al finiquito de la idílica Transición y al inicio de la deriva totalitaria del sistema, mediante la implementación del llamado “terrorismo de Estado” o “guerra sucia” contra ETA y su entorno, del que serían paradigma los Grupos Armados de Liberación (GAL) y la implementación de la Ley Antiterrorista.
La “perfección negativa” del Tardofranquismo
Tras el Tejerazo del 1981, en el que los líderes políticos confinados en el Congreso fueron “invitados” a aceptar un acuerdo tácito por el que se declaraban intocables el status quo (establishment) asociado al sistema monárquico (Juancarlismo) , al sistema político bipartidista (implantación de las listas cerradas y de la Ley D´Hont) y a la defensa de la “unidad indisoluble de la nación española” (pasando Navarra desde entonces a ser considerada “cuestión de Estado”), asistimos a la aparición en el Estado español de un escenario distópico.
El término distopía fue acuñado a finales del siglo XIX por John Stuart Mill en contraposición al término eutopía o utopía, empleado por Tomas Moro para designar a un lugar o sociedad ideal. Así, distopía sería “una utopía negativa donde la realidad transcurre en términos antagónicos a los de una sociedad ideal”. Las distopías se ubican en ambientes cerrados o claustrofóbicos enmarcados en sistemas antidemocráticos, donde la élite gobernante se cree investida del derecho a invadir todos los ámbitos de la realidad en sus planos físico y virtual e incluso , en nombre de la sacro-santa seguridad del Estado, a eliminar el principio de inviolabilidad (habeas corpus) de las personas, síntomas todos ellos de una posterior deriva totalitaria del sistema plasmada en la instauración de la Ley Antiterrorista y la práctica sistemática de la tortura, elementos constituyentes de la llamada “la perfección negativa”, término empleado por el novelista Martín Amis para designar “la obscena justificación del uso de la crueldad extrema, masiva y premeditada por un supuesto Estado ideal” y citado por Rafael Cid en su artículo “Kaos en la izquierda”.
La “espiral de silencio” de los medios de comunicación
José Manuel Bandrés en el artículo “La Ley antiterrorista: un estado de excepción encubierto”, publicado en el diario “El País”, afirma que “con la entrada en vigor el 4 de enero del 1985 de la llamada Ley antiterrorista asistimos a la aplicación de facto del estado de excepción encubierto, al servirse del artículo 55.2 de la Constitución (que sirve de precepto habilitante para que el legislador estatal pueda entrar a restringir los derechos fundamentales en casos relacionados con elementos terroristas). Dicha Ley (todavía vigente a pesar de la declaración del abandono de la lucha armada por parte de ETA aunque con síntomas de resquebrajamiento en sus paredes), sería un anacronismo propio de la dictadura franquista, un limbo jurídico que habría convertido los sótanos de cuartelillos y comisarías en escenarios distópicos de naturaleza real (no ficitica) y en Guantánamos virtuales refractarios al control de jueces, fiscales y abogados y que facilitarían la labor de los Cuerpos de Seguridad del Estado para obtener evidencias delictivas mediante prácticas inadecuadas (léase tortura), prácticas confirmadas por las declaraciones de Luis Roldán, Director General de la Guardia Civil con Felipe González.
Dicha Ley Antiterrorista habría sido blanco de las críticas de organizaciones defensoras de los Derechos Humanos como el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, al denunciar que “la mayoría de los detenidos no puedan identificar a los presuntos autores de los abusos al serles vendados los ojos durante los interrogatorios”; de Amnistía Internacional( AI) al denunciar “el escaso número de denuncias de torturas que terminan en condenas” y de la Defensora del Pueblo al señalar que “los agentes implicados en los interrogatorios se dirigen en ocasiones a los abogados de los detenidos portando capuchas”.
Esta deriva totalitaria del Estado español habría sido reiteradamente denunciada tanto por Amnistía Internacional como por el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, organismo que se pronunció específicamente sobre el indulto a los torturadores de Kepa Urra, señalando que “dicha medida tendría el efecto práctico de otorgar impunidad a la tortura y alentar su repetición” denunciado además al Estado español por “haber infringido sus obligaciones de prevenir y sancionar los actos de tortura”, todo lo cual sería un reflejo nítido de la deriva totalitaria del Estado distópico amparado por la “espiral del silencio” de los medios de comunicación de masas del establishment. teoría formulada por la politóloga alemana Elisabeth Noelle-Neumann en su libro “La espiral del silencio. Opinión pública: nuestra piel social” (1977) y citada por Rafael Cid en su mencionado artículo “Kaos en la izquierda”, que simbolizaría “la fórmula de solapamiento cognitivo que instaura la censura a través de una deliberada y sofocante acumulación de mensajes de un solo signo”, (la tortura es denunciada sistemáticamente por los presuntos etarras siguiendo instrucciones de ETA), con lo que se produciría un proceso en espiral o bucle de retroalimentación positiva.
La utopía factible de Podemos
La entrada en recesión de las economías europeas ha implementado el estigma de la incertidumbre y la incredulidad en una sociedad inmersa en la cultura del Estado de Bienestar del mundo occidental, derivando posteriormente en un shock traumático al constatarse el vertiginoso tránsito desde niveles de bienestar hasta la cruda realidad de la pérdida del trabajo y posterior desahucio, inmersión en umbrales de pobreza y dependencia en exclusiva de los subsidios sociales,lo que aunado con la desafección política de la sociedad española motivada por los sangrantes casos de corrupción de la élite político-económica y el creciente descrédito de la institución Monárquica han favorecido la irrupción en el firmamento político del fenómeno mediático Podemos como paradigma de una utopía factible.
El término utopía (lo que no está en ningún lugar) fue empleado por Thomas More en el siglo XVI y sería “la búsqueda incansable de la Humanidad desde el comienzo de los tiempos de un lugar o sociedad ideal” y a pesar de su carácter no real, permite reconocer los ideales de una sociedad o comunidad en un momento concreto de su singladura histórica así como los obstáculos que impiden cristalizar su sueño idílico, con lo que la utopía así concebida, sería el camino para alcanzar un sueño que llevaría implícito en su potencia la facultad de devenir en acto concreto (en el camino está la meta), siendo preciso transitar por la senda marcada por el pragmatismo político: “Comienza haciendo lo que es necesario, después lo que es posible y de repente estarás haciendo lo imposible”.
Podemos presentó el pasado 14 de julio en Estrasburgo por medio del ex-fiscal Anti-corrupción Carlos Jiménez Villarejo una declaración en la que denuncia la intensificación “en los últimos meses y años de las prácticas de tortura en España por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado”, basándose en una reciente sentencia emitida por la Audiencia Nacional el 14 de mayo de este año, en la que 36 jóvenes vascos que habían sido acusados de pertenecer a ETA, fueron absueltos por la “invalidez de las pruebas obtenidas bajo tortura” y otra sentencia de la Audiencia Provincial de Baleares del pasado 16 de junio, en la que cuatro Guardias Civiles fueron condenados por cometer “torturas graves” contra dos ciudadanos británicos. Para Podemos, es “muy preocupante” que se produzca un hecho semejante en el seno de la Unión Europea que “dice fundamentarse en el respeto a la dignidad humana” a través del Art. 2 del Tratado de Lisboa y quiere saber si el Estado español ha “incurrido en un supuesto de violación grave“de los valores que recoge dicho Artículo.
Dicha declaración ha sido apoyada de momento por 33 europarlamentarios provenientes de partidos como el griego Syriza, el Sinn Féin de Irlanda, el Front de Gauche francés, Izquierda Plural y Bildu , no siendo descartable la supresión de dicha Ley Antiterrorista en un futuro mediato debido a la aparición de un nuevo individuo reafirmado en una sólida conciencia crítica sustentado en valores caídos en desuso pero presentes en nuestro código atávico como la solidaridad y la indignación colectiva ante la corrupción e injusticia imperantes y dispuesto a quebrantar las normas y las leyes impuestas por la “ monarquía de las tinieblas” del establishment del Estado español.
