“Esas Administraciones Públicas deben tener la suficiente capacidad y rigor para “supervisarse” y con ello “garantizar el cumplimiento efectivo de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera”.
Foto: Jorge Franganillo
El pasado 3 de diciembre el Tribunal Supremo dictaba sentencia en la que advertía, entre otras cosas, que en el Tribunal de Cuentas hay más funcionarios nombrados por los partidos que de carrera. Hablan los especialistas en estos temas que no es habitual que el Tribunal Supremo sea tan explícito en sus sentencias, pero que quizá esta vez lo ha hecho porque no es la primera vez que se pronuncia sobre los intentos de llenar el Tribunal de Cuentas con funcionarios de libre designación, lo que conlleva un alto riesgo de politización, señalando estos expertos que el asunto es grave porque este organismo es clave para detectar la corrupción. El pleno del Tribunal de Cuentas siempre ha estado controlado por los dos grandes partidos, que se convierten en los fiscalizadores del dinero público, que, por otra parte, ellos mismos gastan. Actualmente es el PP quien domina el pleno con ocho puestos y el PSOE tiene cuatro representantes.
Como es sabido el Tribunal de Cuentas es un objeto de deseo para los políticos, así lo ha manifestado algún medio de comunicación, por el ser el gran fiscalizador, a posteriori, de los miles de millones que gasta la Administración y además analiza, con gran retraso, las siempre discutidas cuentas de los partidos políticos. Se ha dado el caso de que la opinión pública se ha escandalizado cuando el PP aseguró que sus cuentas estaban auditadas, pero posteriormente se supo que desde 2007 no había informes y por tanto no había control. El Tribunal de Cuentas contaba con 12 personas encargadas de revisar las cuentas y ante la que está cayendo lo ha aumentado a 26. Pero son los políticos los que siguen controlando el pleno. Con lo cual puede darse el caso de haber puesto al zorro a cuidar gallinas.
Ahora el Gobierno ha aprobado el anteproyecto de ley orgánica que permite la creación de la autoridad fiscal independiente e introduce mecanismos de supervisión y transparencia a todas las administraciones públicas. Esta institución fiscal independiente será la encargada de realizar análisis “fiables e independientes” de la evolución de las cuentas. Se asegura que es una institución “independiente y con autonomía funcional” que ejercerá una supervisión global a todas las administraciones públicas y garantizará el cumplimiento efectivo de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Toso esta puede estar muy bien, pero ello significa que hay que crear otro entramado burocrático que nos va a costar mucho dinero a los españoles el mantenerlo y no están los tiempos para ir gastando de forma desordenada. Esas administraciones públicas deben tener la suficiente capacidad y rigor para “supervisarse” y con ello “garantizar el cumplimiento efectivo de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera”. Por lo visto los gobernantes no se fían ni de ellos mismo. No se consideran capaces de autocontrolarse.
Pero, pero, la cosa comienza a alarmar cuando se dice que este nuevo organismo dependerá del Ministerio de Hacienda y que el procedimiento de elección y designación de cargos, incluido su presidente, correrá a cargo del Consejo de Ministros y no necesitará ser ratificado por las Cortes. O sea que nos encontramos con un caso muy parecido, o igual, que en lo que respecta al Tribunal de Cuentas: Se pone al zorro a cuidar gallinas. Nadie se va a autodenunciar por su mala gestión, me refiero al Gobierno que al final es quien va a controlar y decidir lo que está bien o lo que está mal hecho a la hora de gestionar el dinero de todos los españoles. En pocas palabras: puede que al igual que el Tribunal de Cuentas tiene toda la pinta de ser una institución controlada por los políticos ocurra lo mismo con este nuevo organismo. Resumiendo es posible que nos encontremos con unos controladores controlados.
