Una investigación de la Universidad de Barcelona (UB), en colaboración con la Universidad de la Ciudad de Nueva York, ha estudiado los efectos de la llamada ‘violencia de persecución’ sobre las víctimas de ETA en Euskadi. Un enfoque científico que Javier Martín Peña, investigador principal del estudio, considera “necesario para la construcción de la narrativa e historia de lo sucedido”.
El estudio se llevó a cabo a partir de entrevistas con personas amenazadas por ETA en Euskadi. Imagen: Emilio García.
“El reciente cese definitivo de la violencia por parte de ETA, con la pertinente prudencia, marca una nueva etapa en especial en Euskadi, donde la violencia, amenazas y coacciones han tenido un fuerte impacto sobre víctimas y amenazados”, declara a SINC Javier Martín Peña, investigador de la UB y autor principal de un estudio sobre los efectos de esta situación prolongada.
Los investigadores utilizaron la teoría psicosocial de la exclusión moral como herramienta para enmarcar, desde un enfoque científico, un fenómeno como el de la violencia, amenazas y coacciones que se han venido produciendo en Euskadi sobre distintos colectivos considerados objetivos de ETA.
El estudio, que se hizo en 2009 y se publica este año en la Revista de Psicología Social, se llevó a cabo a partir de entrevistas con personas amenazadas por ETA en Euskadi. Posteriormente, participaron en la investigación 85 personas objeto o víctimas del entramado de ETA que aportaron su testimonio por escrito. La muestra fue mayoritariamente de hombres (76,5%) con una edad comprendida entre 40 y 49 años, de los cuales el 57% pertenecía al sector profesional público y de los que la mitad (51%) atribuyeron el acoso y amenazas a su actividad política.
Martín Peña apunta que “ante el cese de la violencia de ETA, el conocimiento de los distintos procesos de victimización puede ser útil para la concienciación social sobre las injusticias padecidas por los afectados y para su memoria”.
Los testimonios analizados en el estudio señalan un proceso de exclusión moral de las víctimas y describen aspectos que van más allá de las acciones de agresión y sus efectos.
“Obtuvimos las siguientes dimensiones de exclusión moral: alcance social limitado a colectivos específicos amenazados por el entramado etarra; comportamientos hostiles –predominantemente de baja intensidad– con estrategias de intimidación y amenaza reforzadas por la potencial violencia física; y una participación pasiva de parte de la sociedad, que facilita la indiferencia hacia las víctimas y en ocasiones su propia culpabilización”, explica Martín Peña.
“Las Fuerzas de Seguridad me advirtieron de que entre la documentación incautada a un comando de ETA estaba mi nombre”. “Han desaparecido las agresiones desde que tengo escolta”. “Pusieron dos bombas en mi facultad”. “Se rieron con pintadas del asesinato de un familiar mío”. Estos son algunos de los testimonios de afectados. La mayoría señaló como situaciones más habituales la coacción y la violencia psicológica.
Como indica Martín Peña, “todo ello ha llevado a la utilización de medidas de seguridad y autoprotección así como al uso de servicios de escolta, con efectos sobre la vida cotidiana de la persona y su entorno cercano”.
“Sales con personas que no conocen tu situación, y no se lo comentas, estás viviendo prácticamente una segunda vida, y todo por tu seguridad”, señala una persona amenazada.
Búsqueda de apoyo social e institucional
Las víctimas manifestaron diferentes actitudes divididas en ‘pasiva’ y ‘activa’. “Intentas hacer vida normal, como antes de ser objetivo del entramado etarra”. “Me pusieron escolta en 2003, pero hasta entonces todo eran amenazas”, son algunas de las declaraciones de respuesta activa.
Por otro lado, la participación pasiva se hace evidente para las víctimas por falta de apoyo social e institucional suficiente e incluso por la culpabilidad que algunos hacen recaer en ellas. “Lo que peor llevo es el silencio de la sociedad”. “La sociedad vasca se ha acostumbrado a esta situación, piensan que si llevas escolta, por algo será y no haberte metido en líos”, atestiguaron.
Para el experto, el apoyo social e institucional es un factor de protección, y es precisamente el que las víctimas de ETA en general, y en especial en Euskadi, han percibido como insuficiente, según el estudio.
La opinión negativa sobre la respuesta institucional ante la situación de violencia padecida es un aspecto semejante entre el presente estudio y otras investigaciones, como las del grupo ISAVIC o el “Proyecto Fénix”. La Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, aprobada recientemente, recoge la figura de los ‘amenazados’, incorporando un marco de apoyo y reconocimiento para quienes han sufrido coacciones.
“Ante un nuevo panorama sin la existencia de violencia, es muy probable que prevalezcan las actitudes de desconfianza por parte de víctimas y amenazados en Euskadi. Hay que tener en cuenta que durante muchos años han estado sometidos a una situación de acoso sostenido en el tiempo, y han visto cómo después de varias treguas y ceses de violencia por parte de ETA, esta se reanudaba”, concluye el investigador.
Referencia bibliográfica:
Javier Martín-Peña, Susan Opotow, Álvaro Rodríguez-Carballeira. “Amenazados y víctimas del entramado de ETA en Euskadi: Un estudio desde la teoría de la exclusión moral”. Revista de Psicología Social, 26(2), 177-190, 2011.doi: 10.1174/021347411795448992.
SINC
