Gobernar es elegir
El Congreso español ha aprobado la Ley de Emprendedores, que facilitará la concesión de permisos de residencia a extranjeros que realicen adquisiciones inmobiliarias en España superiores a 500.000 euros.
La nueva norma coincide con los datos sobre la compra de viviendas al contado en España, que se ha duplicado durante los años de crisis. Las adquisiciones sin hipoteca suponían un 37,3% en 2007, según el Consejo General del Notariado, mientras que en la actualidad ascienden al 68,2% del total.
El objetivo del actual Gobierno es fomentar la compra de viviendas por parte de extranjeros en España. Para ello, pretenden modificar la Ley de Extranjería.
Según los datos del Colegio de Registradores, los extranjeros se hicieron en 2012 con casi 25.000 viviendas en España, el 8,12% del total, lo que supone un incremento de las ventas del 19,1% respecto a 2011. En primera posición se encuentran los ciudadanos del Reino Unido, seguidos de cerca por inversores rusos, que en los últimos años han aumentado su interés por el mercado inmobiliario español.
El presidente de la subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía Española, Pascual Aguelo, ha señalado el blanqueo de capitales como un posible inconveniente en el aumento de la inversión extranjera.Aguelo considera fundamental que el Estado controle la procedencia del dinero, ya que hay que examinar “muy al detalle para comprobar que dichas inversiones no proceden de situaciones complejas u oscuras”.
Para dar salida a este tipo de activos, el Gobierno español creó la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB), conocida, de manera popular, como banco malo. Su cometido es la administración y venta de activos procedentes de entidades rescatadas con dinero público, en un plazo de 15 años.
El grupo parlamentario Izquierda Plural ha pedido en el Congreso que el banco malo publique un inventario de toda la cartera que gestiona, así como de las operaciones que ha realizado. El Ejecutivo se ha negado debido a que el capital –que suma 4.800 millones de euros- está repartido en un 45% por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), de carácter público, mientras que el porcentaje restante queda integrado por entidades privadas. Es decir, que evita publicar dichos datos.
Pero hay una trampa. Los activos controlados por el banco malo ascienden a la nada desdeñable cifra de 55.000 millones de euros. La diferencia viene determinada por el rescate bancario, que se ha llevado por delante el Estado del bienestar a costa del erario público. No solo eso. Cientos de familias al año son desahuciadas de sus hogares por no poder hacer frente al pago de su hipoteca. La crisis no parece un asunto baladí. Lleva cinco años sin serlo.
En cualquier caso, la Administración parece atender a criterios económicos antes que sociales a la hora de encauzar la grave situación del país. Las nuevas medidas de adquisición de residencia dejan patente el modo de proceder del Gobierno conservador del Partido Popular. Un informe de Amnistía Internacional señala que en España, 873.000 personas no poseen tarjeta sanitaria o tienen dificultades para ser atendidas por su condición de “ilegales”. Cabe recordar que el Sistema Nacional de Salud se financia con impuestos directos e indirectos. Es decir, que cualquier ilegal, al comprar, por ejemplo, una botella de agua, aporta dinero al sistema en forma de impuestos sobre el consumo.
Mientras, otros muchos podrán adquirir un permiso de residencia a cambio de comprar un inmueble. El Ministerio del Interior se ha apresurado a aclarar que en ningún caso “este permiso de residencia equivale a un permiso de trabajo, derecho a la sanidad pública o a prestaciones sociales”.
El primer ministro francés, Pierre MendÁ¨s France profetizó en 1957 el destino de Europa. “La democracia podría asumir dos formas. La primera era el recurso a una dictadura interna”. Para el político parisino, la segunda variante era “la delegación en una autoridad exterior que ejercerá el poder en nombre de la técnica”. Hoy en España los políticos ni siquiera eligen. Sólo gobiernan.
