Todavía hay cuestiones de la Guerra Civil y del Régimen franquista que se están debatiendo por razones ideológicas poco pragmáticas. Se ha presentado una proposición de ley que establece que se declararán nulos y sin ningún efecto jurídico todos los consejos de guerra sumarísimos y las correspondientes sentencias, instruidos por causas políticas por el régimen franquista desde el día 5 de abril del año 1938 hasta el mes de diciembre de 1975.
El objetivo de un sector político vinculado con algunos partidos es declarar la nulidad de las sentencias dictadas en los procesos que se desarrollaron durante la Guerra Civil para enjuiciar y condenar a los combatientes del bando republicano. De ese modo, hablan de aquel momento histórico como si fuera posible compararlo con el actual, aunque los marcos jurídicos son totalmente distintos gracias a varias normas.
La ruptura con el régimen político existente antes de la Transición se pudo comenzar a materializar con la Ley 1/1977, de 4 de enero, para la Reforma Política, cuyo artículo 1 establecía que “La democracia, en el Estado español, se basa en la supremacía de la Ley, expresión de la voluntad soberana del pueblo” y que “Los derechos fundamentales de la persona son inviolables y vinculan a todos los órganos del Estado”. La Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, ya consolidó un reinicio general en España en lo que a las sanciones se refiere.
Hay varias cuestiones que merecen ser destacadas. Llama la atención que quieran anular sentencias que ya devinieron firmes y que fueron ejecutadas hace varias décadas. Además, la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, declara ilegítimas esas resoluciones y los órganos que las dictaron.
El problema principal es que no tiene sentido alguno, desde una visión jurídica, que se declare la nulidad de sentencias dictadas hace 80 años que ya fueron declaradas ilegítimas. Además, es cierto que la nueva norma legal solo serviría para reactivar debates que carecen de contenido desde la aprobación de la Ley 52/2007.
Deberían destinarse más esfuerzos en garantizar ciertas condiciones de vida que resultan esenciales para la sociedad. Sin embargo, no parece que los problemas de los ciudadanos constituyan la principal preocupación de muchos miembros de partidos políticos y de entes públicos.
Diego Fierro Rodríguez
