Los gobiernos españoles, desde hace muchos años (siete siglos por lo menos) dan pruebas infinitas de su profunda y recurrente sabiduría. Esta última noticia es la prueba absoluta: Se trata como de subsanar «lo que sin duda había sido uno de los errores históricos más importantes» en la historia de España, es decir, restablecer el derecho a la nacionalidad española a los judíos expulsados en 1492.
A nadie se le escapa de que estamos hablando de un asunto de vital y capital importancia en el actual panorama político de la península, pues el reclamo de los expoliados ya alcanzaba proporciones inquietantes que amenazaban el orden público y la unidad territorial.
Como se sabe, desde hace meses los miembros del 1492-M ocupan la plaza del Sol, sin duda alguna, sus espectaculares y multitudinarias manifestaciones en Cataluña el pasado 11 de septiembre y en el País Vasco, tras la liberación de sus militantes el mes pasado, hacían impostergable esta sabia decisión.
Como lo afirma el presidente del gobierno, y hasta el mismo Monarca, la crisis económica ya ha quedado atrás, el empleo ha vuelto y los casos de corrupción están prácticamente resueltos. Nada más justo entonces que acceder al reclamo de este simpático colectivo. La reparación de los errores históricos es justa y necesaria, sobre todo para estos pobres españoles que lo necesitan urgentemente, abandonados y desperdigados como se encuentran por el mundo desde hace cinco siglos, sin un Estado digno de ese nombre, sólido y respetado que los proteja y defienda.
En cambio, los españoles musulmanes, expulsados en 1609, no precisan del apoyo de España, pues como se sabe, por allá abajo reinan por igual la armonía, el sosiego, y la prosperidad; sin olvidar que los que residen en países libres, en paz y dichosos como Túnez Egipto y Siria, tampoco les interesaría ser españoles, pues a nadie hoy en el mundo le importan las bondades de la social democracia europea; y no mencionemos el caso de los felicísimos ex súbditos españoles del Sahara occidental, que viven sonrientes en el paraíso marroquí.
Para concluir y hablando de errores pasados, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha destacado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que tampoco se consideró en el orden del día, el caso de las antiguas provincias españolas de Cuba y Puerto Rico, pues como se sabe, los españoles de Cuba, viven en democracia desde hace 55 años y actualmente sus descendientes, son respetados y tratados con los mismos derechos que cualquier ciudadano español peninsular por la empresas españolas allí instaladas.
Por eso una vez más aplaudimos, aprobamos y gritamos emocionados ¡Viva España, carajo!