A medida que más casas se quedan vacías por embargo, mayor es también el número de personas que no pueden hacer frente a su hipoteca o se ven incapaces de acceder a una vivienda digna debido a la crisis. Cada vez más propiedades inmobiliarias caen en desuso mientras millones de personas carecen de un techo porque no tienen medios para adquirirlo.
La crisis económica ha provocado que muchas personas hayan perdido sus empleos y sus ahorros. La falta de financiación, provocada por las dificultades que atraviesan las entidades bancarias, agrava aún más los problemas de las familias, que observan cómo el sistema económico y financiero les niega un derecho reconocido por los tratados internacionales de derechos humanos y la práctica totalidad de las constituciones democráticas: el acceso a una vivienda digna. Además de quienes han perdido sus casas durante la crisis financiera mundial, existen millones de personas en situación de pobreza que nunca han tenido la oportunidad de tener un hogar en el que vivir. Y nunca la tendrán si no se realizan cambios drásticos en el modelo que dirige las políticas de vivienda en favor de los seres humanos.
“Cambiar las ciudades para construir oportunidades” es el lema de este año para el Día Mundial del Hábitat. Raquel Rolnik, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre vivienda, criticó el actual modelo de políticas de vivienda cuando realizó una valoración sobre este encabezamiento: “La crisis actual de la vivienda en el mundo, donde hay millones de casas y apartamentos vacíos, al mismo tiempo que aumenta de manera alarmante el número de embargos y la falta de vivienda, es la evidencia más cruda del fracaso de la financiación de la vivienda para hacer frente a las necesidades habitacionales de todos los segmentos de la sociedad”.
Un derecho humano fundamental ampliamente reconocido no puede estar ligado a la financiación y la marcha de la economía. Unir la capacidad de una familia a poseer un techo a las fluctuaciones económicas y financieras supone un ataque a sus derechos, que dejan de ser universales para depender de cuánto dinero son capaces de ganar o de la estabilidad de las entidades bancarias a las que pueden acceder.
Además, las recesiones económicas conllevan a que se destruya e ignore este derecho, mientras que las épocas de bonanza no ofrecen ningún tipo de garantía para todos aquellos que no tienen una vivienda.
Esto supone una carencia en la aplicación de los Derechos Humanos Fundamentales y una enorme pérdida de calidad de vida para muchos seres humanos.
La crisis ha disparado el número de embargos. Muchas familias pierden sus propiedades inmobiliarias, que quedan vacías y pasan a los bancos que firmaron sus hipotecas y que son incapaces de darles salida en el mercado. El agujero generado por las entidades bancarias ha sido varias veces cubierto con fondos públicos procedentes de una ciudadanía que sufre ajustes y recortes. Como parte de las condiciones que las entidades bancarias deben hacer frente para recibir rescates millonarios, como los que han recibido tanto de estados como de instituciones supranacionales, deberían introducirse medidas para sacar al mercado de forma efectiva su parking inmobiliario, que está paralizado, no genera ningún tipo de renta ni ofrece servicio alguno. Pisos embargados y otras viviendas en desuso deberían ponerse a disposición de la ciudadanía a precios asequibles y se debería fomentar el alquiler social. Los precios de los alquileres, al igual que otros servicios públicos como el transporte, variarían en función de la capacidad de la familia que alquila, el número de miembros, y la cantidad de dinero que ingresa. Cada casa ocupada supondría un aumento de los ingresos tanto de propietarios particulares como de entidades bancarias.
Son necesarios cambios en la política de acceso a la vivienda que realmente garanticen el derecho a acceder a un hogar digno. Cada casa reocupada ofrecería un servicio fundamental a una familia y ayudaría a aumentar los ingresos procedentes del sector inmobiliario sin recurrir a la especulación. Se fomentaría que quienes poseen casas vacías obtuviesen un beneficio por ellas y se ofrecería un techo a millones de personas. Se debe hacer efectico para todo ser humano, sin importar su capacidad económica, un derecho conquistado y reconocido.
Javier Fernández Díaz
Periodista
