La posible conversión del profesorado en autoridad pública no es la solución para resolver la indisciplina del alumnado en las aulas. La relación educativa no puede sustentarse sobre el mero recurso a una autoridad indiscutible.
La Comunidad de Madrid ha propuesto convertir al profesorado de la enseñanza estatal en autoridad pública. Esto se traduciría en que las agresiones físicas al docente se convertirían en delito y que su palabra tendría preeminencia en un posible conflicto.
¿Es esta la solución a los problemas de indisciplina en las aulas, especialmente las de secundaria? Más bien se trata de dar satisfacción a la caverna educativa, representada, entre otros, por ciertos sindicatos corporativos y por asociaciones de la enseñanza católica –cuyo profesorado, al no ser funcionario, no saboreará las supuestas mieles de la condición de autoridad pública-.
Lo que subyace a esta propuesta es una idea decimonónica del hecho educativo, de un modelo en el que el profesor se sube una tarima y llena con su saber las cabezas vacías del alumnado. Es lo que Paulo Freire llamó concepción bancaria de la educación. Ni qué decir tiene que para que este modelo funcione se precisa un régimen de control disciplinario que garantice que alumnos y alumnas estén en disposición de aprender, es decir, callados, sentados, aseados y con el libro de texto abierto en la página correspondiente.
La relación educativa no puede sustentarse sobre el mero recurso a una autoridad indiscutible. Pensemos en una de las escenas de una película que seguramente ha visto la mayor parte del profesorado, La clase, de Laurent Cantet). El sincero y comprometido profesor François Marin gestiona pésimamente un incidente que él mismo inicia al considerar que las alumnas representantes en la junta de evaluación se comportaron como fulanas (pétasses). Si François hubiera sido una autoridad pública no habría habido lugar a un debate sobre cómo interpretar las palabras del profesor y el modo en que el alumnado se siente vejado. Todo termina en que un estudiante es –injustamente expulsado. Quiere esto decir que la relación educativa es radicalmente distinta a la que de un modo puntual podemos establecer con el guardia que nos multa por cometer una infracción de tráfico. Aquí damos preeminencia al agente para salvaguardar el bien común de la seguridad.
Hay centros en los que se ha optado por una resolución dialogada y democrática de los inevitables conflictos escolares (no muy distintos a los que genera la convivencia de cualquier grupo humano).
Algunos institutos promueven la figura de los estudiantes mediadores. Otros establecen contratos del centro con los estudiantes y sus familias. En ciertos colegios públicos, la comunicación con las familias es tan fluida y abierta que, salvo casos de enfermedad mental, las agresiones que han desatado el pánico moral en este comienzo de curso son simplemente inconcebibles. En todos estos centros la valoración social del profesorado es altísima. En cualquier caso, si hubiera que conceder autoridad a alguna figura en el ámbito educativo esta sería la del director o directora de centro. Este –y el equipo directivo en su conjunto-, entre otras tareas, ha de ejecutar sanciones y, en consecuencia, podría precisar de un fuero especial en el que tuviera cabida su reconocimiento como autoridad pública.
Rafael Feito Alonso
Profesor de Sociología de la Educación. Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
