Buenos Aires, martes 15 de diciembre de 2009
Al Sr. Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
Sr. Luis Alberto Moreno
1300 New York Avenue, N.W.
Washington, D.C. 20577, USA
S/D
Eduardo R. Saguier, ciudadano argentino, DNI 4.394.928, en mi condición de Investigador de Carrera (historiador) del Consejo Nacional de Investigaciones Científico-Tecnológicas (CONICET), vengo a solicitar la protección de la institución de su dirección contra las represalias originadas por mis denuncias sobre violación de las incompatibilidades que están incorporadas en la legislación argentina, las que incriminan a los funcionarios del FONCYT, dependiente de la Agencia Nacional para la Promoción Científico-Tecnológica (ANPCYT), organismo responsable de ejecutar los Programas de financiamiento del BID. Las represalias de las que vengo siendo objeto se iniciaron en el año 2004, a raíz de una respetuosa carta abierta dirigida en 2003 al Presidente de la República Néstor Kirchner; y se precipitaron a partir del mes de agosto del 2006, en que se rechazó nuevamente mi Informe Periódico ante el CONICET.
En efecto, el que suscribe denunció infructuosamente en el mes de enero de 2006 ante los organismos fiscalizadores del país (Defensoría del Pueblo de la Nación, Oficina Anti-Corrupción, Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, y Auditoria General de la Nación) a las autoridades de los Directorios del CONICET y de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), a los Coordinadores de Área de la Agencia o ANPCYT, a los miembros de las Comisiones Asesoras del CONICET y a diferentes autoridades de las Universidades Nacionales del país (decanos, consejeros, secretarios de CyT, jefes de departamento) por haber incurrido todas ellas en graves violaciones éticas y legales.
Dichas violaciones se materializaron por funcionarios de los organismos mencionados ut supra, que ocultaron y ocultan en el portal electrónico de la Agencia la información pública atinente a los resultados de las convocatorias anteriores del FONCYT (correspondientes al período comprendido entre los años 1997 y 2005); y que solicitaron y recibieron en oportunidad de ejercer cargos de autoridad pública-académica voluminosos y reiterados subsidios de investigación, los cuales procedían de un préstamo del BID, que fue sigilosa e irregularmente repartido por la Agencia o ANPCYT, y que configuraría una violación del principio jurídico elemental de no incurrir en la incompatibilidad de ser simultáneamente juez y parte interesada; así como una ilícita triangulación de reciprocidades entre funcionarios, incluidos sus parientes (cónyuges, cuñados, yernos, nueras), mediante la utilización de recursos públicos (e.g.: una decena de docentes-investigadores fueron subsidiados cuatro veces con un monto total de un millón y medio de pesos o casi medio millón de dólares cada uno, y en un lapso de un quinquenio [Altamirano, Arregui, Cukierman, Elizalde de Brecco, Fossati, Frasch, Podestá, Prat Gay, Poderoso]).
A propósito de estas denuncias se desató sobre mi persona una tenaz campaña de agravios y descalificaciones con mandatos ocultos destinados a eliminarme del CONICET, objetivo que finalmente se consumó en el mes de agosto de 2006, al rechazarse mi Informe Periódico (2004-2005), con argumentos falsos y por una Comisión Asesora integrada por científicos de inferior jerarquía, algunos involucrados en mis denuncias, y todos ajenos a mi disciplina (fueron arqueólogos, geógrafos y antropólogos). Este último rechazo, por ser consecutivo al rechazo del anterior Informe Periódico (2002-2003) equivale –una vez que se cumpla con el requisito establecido en el art.41 del Estatuto del CONICET– a la cesantía.
Si bien una vez producido el segundo rechazo de Informe Periódico inicié recursos administrativos y judiciales que al momento se hallan todavía en trámite, mi estabilidad como Investigador del CONICET se encuentra muy vulnerable, pues está a merced de la voluntad discrecional de las mismas autoridades que mi persona denunciara, y del incierto resultado del Recurso de Amparo con medida cautelar que oportunamente interpusiera ante el Fuero Contencioso-Administrativo. Más aún, dada la gravedad de las conductas incriminadas, a comienzos del corriente año 2009 realicé con patrocinio letrado una denuncia penal ante el Fuero Federal, pidiendo se me constituya en parte querellante, recayendo la misma en el Juzgado No.8 a cargo del Juez subrogante Marcelo Martínez de Georgi y del Fiscal Oscar Amirante, denuncia que desde hace meses sigue a estudio.
Finalmente, como en el mes de diciembre de 2009 tomé conocimiento por vía de un consultor externo del BID del expediente abierto por la Oficina de Integridad Institucional (OII) del BID (C-AR-2009-0459), a propósito de la denuncia que el suscripto formulara, así como también del Comunicado de Prensa del BID del 8 de diciembre de 2009, por el cual se informa al público de las nuevas medidas impulsadas por el BID para fortalecer el marco anti-corrupción http://argentina.indymedia.org/news/2009/12/710399.php, he decidido apelar a estas nuevas garantías que fueron formuladas en dicho Comunicado y que me corresponden como tercero implicado en un Programa del Banco que fue cuestionado en su ejecución. Efectivamente, en el Comunicado se expresa textualmente que “la protección de los denunciantes se amplía para incluir a terceros”, y que “El Banco podrá notificar a las autoridades nacionales cuando recibe denuncias de represalias de o contra terceros y que involucran a los programas del Banco”.
En razón de la indiferencia de los organismos fiscalizadores, de la demora judicial en evacuar las denuncias y los recursos, del asombroso silencio de los medios de comunicación, del miedo generalizado en el ambiente científico, y del amplísimo margen de impunidad vigente en mi país, cumplo en dirigirme a Vd. en defensa de mi persona y de las avasalladas instituciones de la cultura argentina, para solicitarle la protección de su organismo; y todo ello con la firme voluntad de colaborar para impedir las prácticas prohibidas al interior de los Programas financiados por el BID.
Atentamente
Eduardo R. Saguier, Ph.D.
Investigador del CONICET-Argentina
