El nivel de déficit público que hemos alcanzado en nuestro país es realmente alarmante y hay que tomar medidas urgentes, si no queremos caer en un corralito a la española, en el que nos condenaríamos a quedarnos retrasados de nuestros vecinos comunitarios.
Sin embargo, hay que calibrar bien la reducción del déficit, el Gobierno debe analizar con detenimiento aquellas partidas en las que puede permitirse un recorte económico y aquellas en las que no sólo no debe reducir sino incrementarlas.
Hoy publicaba El País que el Gobierno planea reducir el 14% de la inversión pública, a través de la reducción de ayudas y subvenciones, lo cuál es un error de bulto en la situación económica en la que nos encontramos.
El déficit público no se elimina a base de reducir la inversión pública sino a través de la reducción del gasto público, un gasto que se pierde en partidas innecesarias y en acumulación de personal innecesario, para pagar favores del pasado y favores por venir.
En España hay demasiados cargos políticos, demasiados coches oficiales, demasiados despachos que mantener, demasiados asesores para asesorar, y demasiado despilfarro en general.
La primera partida que se tiene que recortar a la hora de reducir el déficit público es la partida de gastos internos, y para ello hay que reajustar la plantilla y sus gastos propios.
Si se eliminan las subvenciones públicas el Gobierno sólo conseguiría ahogar aún más a la economía nacional. La única alternativa viable en el tema de las subvenciones sería incrementar su eficiencia real, para lo que se debería de controlar más exhaustivamente a los beneficiarios de las mismas, pero nunca eliminarlas.
En definitiva, el déficit se elimina reduciendo gasto, nunca inversión, porque el gasto genera coste, pero la inversión genera beneficio.
