¿SE ENCUBREN DELITOS EN LA CIENCIA ARGENTINA? CONDICION DE GRAVEDAD INSTITUCIONAL y ESTADO FALLIDO. Reseña crítica del libro de Diego Hurtado “La Ciencia Argentina. Un proyecto inconcluso, 1930-2000” (Buenos Aires: edhasa, 2010)
La obra del físico e historiador de la ciencia Diego Hurtado (o Hurtado de Mendoza), titulada “La Ciencia Argentina”, intenta elaborar una “historia panorámica de las instituciones públicas de investigación y desarrollo” (p.30), que arranca con el golpe de 1930 y se extiende hasta bien entrado el régimen neo-liberal del IV Peronismo, el Menemista (2000). Para fundamentar su trabajo Hurtado aparenta alcanzar un perfil científico, pues el libro está saturado de referencias, notas y excluyentes entrevistas, pero donde no aclara el criterio utilizado para su selección, ni otorga el derecho a réplica a los equívocamente aludidos, y ningunea absolutamente a los que lo precedieron en el tema (AAPE, 2004, v.12, n.6).
http://www.quadernsdigitals.net/datos_web/hemeroteca/r_69/nr_720/a_9697/9697.html
Para encarar esta investigación, Hurtado manipula o reduce temáticamente el objeto de su análisis incurriendo en falsas dicotomías que más que iluminar o volver inteligible dicho objeto obscurecen su contenido, de forma tal que le impiden alcanzar en el campo simbólico de la historia y la sociología de la ciencia ruptura epistemológica alguna. Con ese más que cuestionable método Hurtado disocia o fragmenta el conocimiento entre las ciencias y entre los científicos, en duros y blandos, al aclarar que su libro no incluye en el análisis “las instituciones dedicadas a producir conocimientos en ciencias sociales” (p.30). Sin embargo, entre las instituciones estudiadas por Hurtado se encuentran aquellas que además de incursionar en las ciencias duras también lo han hecho simultáneamente en las ciencias humanas o sociales (Agencia, CONICET, Universidades).
A raíz de esa disociación, no se entiende –aunque se puedan sospechar inconfesables motivos– como Hurtado se atreve a investigar el curso histórico de organismos investigadores de conocimientos en las ciencias exactas y naturales sin contemplar paralelamente aquellos otros organismos con los cuales estos últimos han venido interactuando intensa, conflictiva y permanentemente desde sus mismos inicios institucionales, que suman casi medio siglo de vida académica (consultar las Jornadas y Mesas Redondas interdisciplinarias sobre sistemas complejos organizadas por Rolando García en la Facultad de Exactas de la UBA, 1958-66). Por otro lado, al sobre-extender el análisis en instituciones tecnológicas estatales como la CNEA, el INTA y el INTI, que mantienen una lejana vinculación con las instituciones centrales de la investigación científica (CONICET-Agencia), tampoco se comprende como Hurtado no percibe que dichos organismos tecnológicos están en realidad en una posición administrativa aún más remota que las propias instituciones dedicadas a las ciencias blandas.
Llama también la atención la manipulación que Hurtado hace de la periodización (seleccionó siete décadas, 1930-2000), y del año optado para ponerle fin, el 2000, no obstante que muy enigmáticamente subtitula su libro “Un proyecto inconcluso”. Paradójicamente, al momento de la edición de su libro, ocurrida en 2010, están a la vista las secuelas moral e intelectualmente devastadoras de la legislación (leyes y decretos) implementada por el Peronismo Menemista, bajo la inducción y el ciego control del Consenso de Washington y del Banco Mundial. ¿Es posible entonces que este libro de Hurtado esté dominado por la determinación de buscar, una vez superado el Peronismo Kirchnerista, un continuismo en el devenir supuestamente “inconcluso” de los organismos de ciencia argentinos; o que el autor y sus colaboradores del Centro de Estudios de Historia de la Ciencia (UNSAM) estén siendo utilizados por elementos extra-territoriales interesados en succionar a su favor cerebros y patentes?
No obstante la muy acotada cronología, en su Introducción (p.17), el físico-historiador Hurtado argumenta con fastidio que en Argentina, luego de ocho (8) décadas consecutivas, los expertos que formulan las políticas científicas siguen indagando monotemáticamente los mismos y reiterados reclamos de siempre: la integración de la ciencia con el sector productivo y la fuga de cerebros (p.17). Pero, por el contrario, Hurtado sugiere que dichos expertos omiten insistir en reivindicaciones políticas más centrales, que han constituido momentos de inflexión en el decurso histórico. En un capítulo clave, el tercero (III), dedicado a la “Ciencia en tiempos de autoritarismo”, Hurtado abunda en las connotaciones despóticas del régimen militar instalado en el campo simbólico de la ciencia (CONICET) por la autodenominada “Revolución Argentina” (1966-72). Pero nada aclara Hurtado acerca de la empecinada continuidad política de las autoridades represoras durante los regímenes civiles subsiguientes del peronismo Camporista (fruto entonces muy reciente de una coalición entre las facciones armadas de Montoneros y FAR-FAL) y del tercer Peronismo (1973-1976) (p.135), regímenes estos que fueron un mero interregno democrático-populista, de liderazgo carismático, y de una convivencia marcada por un aún impune terrorismo de estado (triple AAA), en medio de un extenso período militar inscripto en la Doctrina de la Seguridad Nacional y enmarcado en el espacio de la Guerra Fría y de las fronteras ideológicas, que se inició dramáticamente en 1966 y culminó trágica e ignominiosamente a fines de 1983.
En esa contradictoria y discriminante narración histórica, Hurtado intenta arrastrar al lector al infierno de un conflicto político partidario, interno al gobierno peronista de entonces, al buscar persuadirlo por el testimonio del ex Secretario de CyT Juan Carlos Del Bello, que merced a un decreto-ley sancionado dos (2) días antes del traspaso del mando a un gobierno democrático (Cámpora) se había producido un cambio histórico en la ciencia argentina, al instaurarse un nuevo Estatuto para las carreras de Investigador Científico y de Personal de Apoyo del CONICET (p.135). Este nuevo estatuto, que el gobierno Peronista de Cámpora no modificó, habría redundado –según Del Bello– en “un nuevo CONICET”, “divorciado de las universidades públicas” (p.135), cuando en realidad sus autoridades de entonces fueron la continuidad de las que rigieron en la mencionada dictadura de la “Revolución Argentina” (1966-72). Con la única particularidad, que en esta oportunidad –que fue un intervalo efímero y sangriento– las autoridades Ministeriales (Ivanissevich, Ottalagano, Sánchez Abelenda, etc.) y las del CONICET (Ciccardo, Tramezzani, Bruera, Brie, Califano, Gimeno, Randle, etc.) estaban mortalmente enfrentadas a la conducción política de las universidades públicas (Puiggrós, Villanueva, Solano Lima, Laguzzi) (p.135). ¿Acaso pretende Hurtado que aquella oposición de entonces debió haber tomado partido en la lucha facciosa por ocupar los cotos de caza del poder territorial e institucional peronista, pugna desprovista de sentido y objetivo altruista alguno?
Sumado a estos muy sospechosos objetivos, relatos y metodologías (dicotomías y cronologías), el físico-historiador Hurtado concluye su trabajo con una síntesis y una reflexión final, donde confiesa el uso discriminado que hizo en su libro del repertorio de conceptos y categorías, al manipular entre otras las nociones de corrupción y despotismo o autoritarismo, para aplicarlas exclusivamente a los períodos militares. ¿Es acaso la corrupción en tiempos de dictadura, que acentúa la pérdida de las libertades públicas, esencialmente distinta a la corrupción en tiempos de democracia? ¿es posible que los gobiernos democráticos se puedan revestir con un bill de indemnidad en materia de corrupción, y que esta última no afecte en modo alguno la vigencia de las libertades de pensamiento y de investigación?
En efecto, en materia de actos de corrupción y autoritarismo, Hurtado distorsiona su arsenal conceptual, pues caracteriza como corruptos y autoritarios exclusivamente a los períodos militares, omitiendo calificar aquellos actos lesivos que acontecieron durante gobiernos civiles, supuestamente democráticos, y que han puesto y están poniendo en riesgo gravemente la vida institucional y las libertades de investigación de la ciencia argentina, todo ello bajo una temible y cómplice indiferencia que atraviesa horizontalmente parlamentos, partidos políticos, poderes judiciales, medios de comunicación e instituciones públicas y privadas de investigación y de educación superior (e.g.: ejes de poder académico Agencia-CONICET-CONEAU-SPU y UNSAM-UTDT).
Para ello, en el tercer (III) capítulo, Hurtado se detiene con esmero en la descripción y enjuiciamiento de una trama burocrática corrupta enquistada en el CONICET durante la postrera dictadura militar conocida como “El Proceso” (1976-83), trama vigente entre 1979 y 1982 (FADES, SENOC, OIKOS, APRODECE, FECIC, FUNDANORD) y que pudo operar merced a un primer préstamo del BID (1979), de una cifra desconocida en millones de dólares, que se instrumentó (obviamente sin participación del parlamento que se hallaba clausurado) “…para la manipulación espuria del régimen de subsidios [entablado] con el propósito de transferir fondos públicos a manos privadas” (p.160), lo cual afectó la moral de la comunidad científica y retroalimentó la violencia de camarillas y nomenklaturas varias, aún hoy porfiadamente vigentes (ver Informe sobre investigaciones de hechos ocurridos en el CONICET: período 1976-1983).
Por el contrario, en el último capítulo, el cuarto (IV), dedicado al “Retorno a la democracia y recuperación de las instituciones”, Hurtado elude criticar los tópicos que pudieran ser conflictivos o problemáticos, por implicar políticas (gestiones e investigadores) sospechosamente contaminables, tal como fue el caso del Dr. Juan Carlos Vidal y la Crotoxina; o fueron los generosos créditos de organismos internacionales susceptibles de ser pirateados por el PEN y sus ramas de gobierno, sin control legislativo ni asignación presupuestaria alguna (a pesar que con el Pacto de Olivos y la Ley de Educación Superior, punto de partida de estas políticas, seguía funcionando el parlamento, aunque con mayoría automática), y que en ese entonces vendrían a encarnar la “cadena de la felicidad” del innovador sistema a implantar, pretendidamente liminar o fundacional, pero propias de un estado fallido
http://www.mitosyfraudes.org/Polit/Conicet.html
que son a saber:
1) las gestiones de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) y de la Secretaría de CyT (SECyT) cuando se designó, sucesivamente, como Secretario de ambas al Lic. Juan Carlos Del Bello (a quien cita y entrevista en reiteradas oportunidades);
2) la gestión del CONICET cuando se designó como Presidente al Dr. Enrico Stefani en 1997;
3) las sumas de dinero recibidas directamente de manos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que sin pasar por el parlamento fueron distribuidas primero por el Fondo para el Mejoramiento de la Calidad Universitaria (FOMEC) y luego por la Agencia o ANPCYT como subsidios de investigación;
4) y el “reparto de funciones entre la Agencia y el CONICET” (pp.209-211).
En la caracterización de estas políticas científicas (planes, gestiones y financiaciones), supuestamente fundacionales, Hurtado incurre –a riesgo de descalificar su propia obra– en engañosas equivocaciones, en elogios simulados, en encubrimientos agravados, en omisiones notorias, y en una penosa carencia de honestidad intelectual y de ética científica al evaluar con sospechosa neutralidad el desempeño de las autoridades de la Agencia-FONCYT o ANPCYT.
Sintetizando, el físico-historiador Hurtado, como beneficiario de subsidios de la Agencia (con los cuales se financió dos estadías en la Universidad de California y una en Campinas, Brasil), como Secretario de Innovación y Transferencia Tecnológica en la Universidad N. de San Martín [UNSAM] (cuyo equipo lo integran los licenciados Izurieta, Rodella, Scotton, Bassin y Feliciotti), y como referente obligado del Centro de Estudios de Historia de la Ciencia de la UNSAM (cuyos colaboradores más asiduos son Mantegari, Vara y Palma) incursiona asépticamente en una investigación que está despojada de toda terapia y espíritu críticos aplicables a las políticas, las instituciones, las personas y las conductas de los funcionarios mencionados en su libro, tales como el ex Secretario de CyT, actual Rector de la Universidad N. de Río Negro y vocal del Consejo Directivo de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) Lic. Juan Carlos Del Bello, y su esposa la Ingeniera Química Marta Edith Borda, Directora de la Agencia-FONTAR (quien entonces administraba un préstamo paralelo procedente del BID de 500 millones de dólares).
Pese a esa estrategia absolutoria Hurtado pudo haber incurrido en varias figuras éticas y penales, pues habría fatigado severas deshonestidades intelectuales, a saber: a) sacrifica la crítica de la categoría “docente-investigador” y la política de incentivos y categorizaciones para los mismos (SPU), así como de la política de acreditaciones para las universidades públicas y privadas (CONEAU); b) tergiversa las razones del abrupto despido de Enrico Stefani de la Presidencia del CONICET, no otorgándole el derecho a réplica; c) oculta la parodia legal recaída sobre la democratización del CONICET, que supuso la aplicación del Decreto 1661/96
http://www.elcorreo.eu.org/?Elecciones-antidemocraticas-en-el&lang=fr
d) ignora la división de poderes, pues por provenir los fondos de créditos externos (BID) las partidas presupuestarias las ha venido asignando el PEN, usurpando doblemente el poder legislador del Parlamento (aprobación y distribución); y e) encubre la malversación de los recursos de la nueva Agencia o ANPCYT, llamada a distribuir tres (3) nuevos tramos de los préstamos del BID (1997-2010), que en trece (13) años totalizaron 1240 millones de dólares, de los cuales 190 millones fueron discrecionalmente distribuidos entre 1997 y 2000 (y cuyo listado de beneficiarios desapareció de la web) http://argentina.indymedia.org/news/2010/06/738081.php
En el citado caso piloto “Stefani”, Hurtado malversa también los hechos (no otorgándole al mismo el derecho a réplica), pues dicho funcionario no cuestionaba la Agencia (p.215) sino el tráfico de influencias y el conflicto de intereses (de juez y parte) que en ese momento se suscitaban internamente entre los Directores de los Institutos del propio CONICET (son más de un centenar desde la muerte de Bernardo Houssay en 1971, que desvirtuaron su naturaleza promotora transformándola en la práctica en una institución ejecutora de investigaciones) y los integrantes de la Junta de Calificaciones del mismo (este último encargado de las promociones y/o congelamientos de los investigadores de dichos institutos). Cabe aclarar que sobre las denuncias de Stefani los Presidentes del CONICET que le siguieron en el gobierno de la Alianza (Pablo Jacovkis, Dante Caputo, Andrés E. Carrasco) no ordenaron sumario administrativo alguno http://www.salta21.com/La-Nomenklatura-Academica-en-la.html
Por último, en cuanto a la institucionalización de la Agencia, como máximo organismo responsable de la distribución de subsidios para la investigación científica, el físico-historiador Hurtado también habría incurrido en una batería de omisiones y faltas de ética científica pues no investigó una decena de puntos que son la clave de bóveda de la ciencia fallida argentina, a saber: i) la carencia de autarquía, o subordinación directa de la Agencia al Poder Ejecutivo Nacional (PEN); ii) la prioridad debida al equipamiento electrónico y a la infraestructura científica (instrumentación genérica) por encima de los proyectos individuales; iii) la increíble duplicación de remuneraciones (salarios y subsidios) por un mismo trabajo o proyecto de investigación; iv) el rol de juez y parte interesada (conflicto de intereses) desplegado por los Coordinadores de Área de la Agencia (sin la intermediación de la recusación en violación del derecho de defensa del investigador); v) la selección y confidencialidad de los referatos y Peritos Evaluadores de la Agencia (doble ciego, ciego simple); vi) el malversador otorgamiento de subsidios a otras autoridades de organismos de investigación y contralor dependientes de la misma unidad ministerial (directores del CONICET [Girbal, Rapela, Siñeriz] y CONEAU [Krotsch, Villanueva], y secretarios de CyT de las Universidades [Campi, León, Colantonio, Aquilano, Bottasso, Agamennoni, Manzini]; vii) la creciente dimensión de los montos individualmente repartidos y la repetición hasta cuadruplicarse en el tiempo de subsidios a los mismos beneficiarios (Altamirano, Arregui, Cazzulo, Cukierman, Elizalde de Brecco, Fossati, Frasch, Podestá, Prat Gay, etc.); viii) el absolutorio Dictamen del Comité Nacional de Ética en la Ciencia y la Tecnología (Kornblihtt, Parodi, Vainstok, González Cappa), que enjuiciaba la conducta del Secretario Lino Barañao (CECTE, 2007); ix) el debate suscitado a propósito de la peyorativa analogía que el Ministro Barañao hizo entre la teología y la ciencia (Grüner, Borón, etc.); y x) el inaudito destino de los fondos públicos (asociación y enriquecimiento ilícitos mediante), que debieron ser auditados por la SIGEN, e investigados por la Oficina Anti-Corrupción y la Defensoría del Pueblo de la Nación.
http://aquevedo.wordpress.com/2008/04/01/y-si-somos-teologos-%C2%BFque-debate-sobre-ciencia-y-sociedad-2/
Más aún, Hurtado ignora u oculta los esfuerzos y los riesgos experimentados en las polémicas suscitadas en materia científica en el seno de la oposición al Peronismo Menemista, luego conocida como Alianza (1999), y en las nacientes Listas de Discusión electrónica (e.g.: Pol-Cien), así como en la exitosa lucha emprendida por los investigadores en defensa del CONICET, que en aquel entonces fuera condenado a la extinción por el Plan Caputo (2000). Esas movilizaciones políticas y callejeras, potenciadas por los cruentos hechos políticos del 2001, dieron lugar posteriormente a presentaciones acusatorias ante organismos públicos, de las cuales la única ulteriormente atendida fue la interpuesta ante la Fiscalía General de Investigaciones Administrativas (FIA), que se pronunció muy morosamente el 29-VIII-2010 (Fiscales Ricardo Renom y Guillermo Felipe Noailles), cinco (5) años después de haber sido formulada la denuncia (XII-2005), y donde pese a las convincentes pruebas y testimonios aportados (Gargarella, Apólito, Boselli, Mendoza, Alexander, Virdis, Castro), su dictamen no ha exigido siquiera un mísero sumario administrativo http://argentina.indymedia.org/news/2010/11/762627.php
Finalmente, debemos concluir que el físico-historiador Hurtado vendría con su libro a intentar encubrir la conducta de aquellos funcionarios que planificaron esta asociación ilícita (e.g.: ejes de poder académico Agencia-CONICET-CONEAU-SPU y UNSAM-UTDT), fruto de la cual hace décadas impera en las filas científicas argentinas el miedo, la impunidad, la represalia y la corrupción de la profesión y de su siempre muy cebada “lista de espera”, y cuyo resultado más nefasto ha sido el constante e imparable drenaje de patentes y cerebros para beneficio del primer mundo (ver el caso de la Fundación Campomar y las diligencias del Dr. Podhajcer, así como el accionar del Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario o IBR, su patente de semilla transgénica de 2001 y el comportamiento del Directorio del CONICET, que fuera denunciado penalmente), http://argentina.indymedia.org/news/2010/10/753082.php
a saber: el ex Secretario Juan Carlos Del Bello, de quien no se ha escuchado hasta el presente crítica alguna al régimen vigente; y tácitamente también a quien lo vino a suplantar en el cargo: el ex Secretario y actual Ministro de CyT Lino Barañao, quien hasta el momento –en la denuncia interpuesta– no ha sido convocado a indagatoria por el Juez actuante (ver la Denuncia Penal de abril de 2009 ante el Juzgado Criminal Federal No.8, a cargo del Dr. Marcelo Martínez de Georgi, Secretaría No.15 de la Dra. Verónica Lara)
http://argentina.indymedia.org/news/2009/06/676168_comment.php
