Mil millones de personas de todo el mundo se han visto obligadas a emigrar en 2010, según el último estudio realizado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). De ellas, 240 millones tuvieron que cambiar de país. Sin embargo, no son buenos tiempos. La crisis económica ha tenido, también, un gran impacto sobre la situación de los inmigrantes. Por ejemplo, en la Unión Europeo (UE), el desempleo de extranjeros de fuera de la Unión ha crecido un 5% frente al aumento de menos de un 3% de los europeos. También la crisis ha acabado con el “efecto llamada” y los niveles de emigración a la UE han disminuido, a pesar de que aún existe demanda de profesionales cualificados en algunos países.
Las altas tasas de desempleo en Europa, y en otros países occidentales, ha provocado un aumento del rechazo a los extranjeros. La ultraderecha xenófoba avanza en países como Austria, Francia o los países nórdicos. Viejas ideas como “Europa para los europeos”, “vienen para quitarnos el trabajo” o “todos son delincuentes”, están hoy en la calle de cualquier ciudad europea. Pero también en el Parlamento, donde la derecha trabaja por una ley que puede cambiar el modelo de inmigración hasta ahora basado en la igualdad y en la valía de las personas. “Un modelo que consolida un nuevo y moderno concepto de esclavitud”, según Izquierda Unida-Verdes Europea.
Esta ley de “Permiso Único” intenta establecer un procedimiento para los permisos de residencia y trabajo para los ciudadanos de países de fuera de la Unión. Algo positivo en principio. Sin embargo, abre las puertas a la discriminación y a la mano de obra barata. Trabajadores extranjeros podrían venir a Europa a trabajar con las leyes laborales de sus países de origen. No podrían cobrar una pensión si deciden jubilarse y marcharse a su país, a pesar de cotizar en Europa. Para la derecha europea, sin embargo, resulta lógico que los extranjeros “que vienen a trabajar legalmente menos de seis meses no tengan los mismos derechos que aquellos europeos o inmigrantes que cotizan aquí durante toda su vida laboral”.
Por ahora, el centro y la izquierda europea han conseguido parar esta ley, que se votó a mediados de diciembre. Ahora son los Comisarios europeos los que tienen que decidir si mantener la propuesta o retirarla y presentar una nueva.
Los inmigrantes se encuentran en una situación de indefensión y perjudica a la convivencia social y a su integración. Las administraciones no deberían promover más conflicto social. Las personas que emigran dejan su hogar, su familia, su país… para buscar una oportunidad de futuro, de una vida mejor para ellos y su familia. Miles de personas ven cómo en los países ricos, sus privilegiados ciudadanos, derrochan alimentos, tienen grandes coches y compran “lujosas” casas. La realidad es algo diferente a la que presentan los anuncios de la televisión, pero los inmigrantes arriesgan sus vidas cada día en busca de mejorar su calidad de vida.
La sociedad civil hemos de exigir que haya un compromiso, más aún en estos tiempos de crisis, con una política de inclusión social verdadera de quienes vienen a contribuir al crecimiento de nuestra sociedad, como lo hicieron nuestros abuelos en otros países en años pasados. Hay que trabajar para crear espacios de encuentro y de diálogo donde poder resolver los problemas de una convivencia en una sociedad moderna y multicultural. Los expertos explican que, desde las administraciones y los sistemas educativos, hay que trabajar e impulsar el respeto a la diferencia, a la diversidad de tradiciones y creencias, donde los derechos fundamentales de las personas sean el límite. Hoy, la sociedad está compuesta de diversas culturas, pero aún falta el verdadero encuentro cultural donde no haya un tú y un yo, sino un “nosotros”.
Ana Muñoz Álvarez
Periodista
