Que la tierra es patrimonio de todos, puesto que de ella proviene el sustento de todos por igual, lo denunciaba Mgr. Carlos Parteli, en Uruguay, al tiempo que denunciaba la concentración y extranjerización incesante de tierras que siempre trabajaron los campesinos y alimentaron sus ganados. Aunque muchos no tenían documentos de propiedad pues la transmisión era ancestral dentro de las familias. No puede ser justo un ordenamiento jurídico que permite la apropiación de tierra por una minoría, mientras las poblaciones sobreviven en la pobreza. Las tierras que van a roturar para cultivos intensivos se verán asoladas y las harán estériles con el uso extensivo de pesticidas, herbicidas y abonos. Así hicieron los colonizadores europeos con la implantación del monocultivo que ocasionó la desertización como nunca antes había sucedido.
La FAO alerta del neocolonialismo de tierras en los países del Sur por especuladores con materias primas y alimentos. Es una loca carrera de países emergentes y corporaciones multinacionales por controlar tierras de cultivo y con reservas de agua, en países latinoamericanos, asiáticos y africanos. Nadie podrá decir que no se había denunciado la burbuja inmobiliaria, las hipotecas tóxicas, los hedge funds, la agresión al medio ambiente y los paraísos fiscales. Pero la codicia de los especuladores va pareja con su ceguera.
La FAO no ha dudado en calificar estas operaciones como neocoloniales, mientras que organizaciones de la sociedad civil denuncian que los más perjudicados son los pequeños agricultores, pastores y poblaciones que hoy se autoabastecen y respetan el entorno con cultivos alternativos. Muchos de ellos sin más títulos de propiedad que los usos y costumbres. Presa preciada para especuladores y dirigentes sin escrúpulos.
Desde finales de los ochenta, comenzaron múltiples procesos de concentración y extranjerización de enormes extensiones de tierras para hacer frente a las crecientes necesidades de esas economías emergentes. Tierras para la forestación y el comercio de las maderas, para la producción de soja, maíz y otros cultivos de secano. También los precios sufrieron enormes presiones por los intermediarios con la consiguiente desestabilización de las poblaciones.
En muchos países, estas sociedades al servicio de otros países gozan de beneficios fiscales por valor de miles de millones de dólares bajo el pretexto de captación de inversiones. No contribuyen como el resto de la ciudadanía a los gastos de educación, sanidad, obras públicas y seguridad para la vejez pero exigen a los gobiernos la implementación de costosas infraestructuras viales y portuarias para sus productos.
Hace años que se estudia el problema de economías emergentes como China, India, Malasia, Corea del sur, Egipto, Libia y los emiratos del Golfo pérsico con gran crecimiento económico y demográfico, pero cada vez con menos tierras cultivables. Escasean las superficies agrícolas y el agua, codiciada como oro azul, igual que lo fueron el amarillo y el negro petróleo. Brasil desarrolla su legislación para exigir mayor transparencia y participación local en las inversiones de capitales extranjeros.
La mayoría ya son importadores de comida, como antes lo fueron de materias primas y de mano de obra barata. Hoy pretenden asegurarse una reserva de alimentos, incapaces de reconocer el derecho de los productores del Sur a participar en el mercado mundial en contra de las subvenciones agrícolas y de las barreras aduaneras. La OMC será culpable de gran parte de esta locura.
En Tanzania, compañías del Reino Unido, Suecia, Holanda, Japón, Canadá y Alemania desarrollan proyectos para biodiésel de 200.000 hectáreas. Pero no son sólo los biocarburantes los acicates de la presión comercial sobre la tierra. Así, el mercado financiero basado en estos créditos mueve más de 2.000 millones de euros anuales.
Empresas coreanas proyectan alquilar por 100 años la mitad de la tierra cultivable en Madagascar para plantar maíz y llevarlo a Seúl. En la isla, más del 70% de la población vive bajo el umbral de la pobreza y más de medio millón de personas recibe asistencia del Programa Mundial de Alimentos.
Millones de hectáreas de superficies agropecuarias han pasado a manos de extranjeros aunque en muchos países no existen registros fiables ya que muchas operaciones son realizadas por sociedades anónimas y domiciliadas en paraísos fiscales.
Los países importadores, advierte la FAO, deberían preguntarse si es necesario adquirir la tierra sin estudiar otras posibilidades, como la formación de empresas conjuntas o la firma de contratos bilaterales equitativos con los países empobrecidos, que “deben asegurarse de que las condiciones del acuerdo son beneficiosas, proporcionan empleo, transferencia tecnológica y se imbrican en la economía local”.
Pero ¿quién defenderá su causa en equidad y en justicia? La voracidad de los explotadores es insaciable mientras el mundomira para otro lado. Como siempre.
José Carlos García Fajardo
Profesor Emérito de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Director del CCS
