Todo el que haya trabajado en una empresa privada, cualquiera, y se vea en la obligación de tener que visitar un hospital a lo largo de su vida, en cualquier momento, comprende de manera inmediata que el funcionamiento de los centros sanitarios en España es claramente ineficiente, desde un punto de vista operativo, con exceso de recursos sin utilizar y ausencia de otros de primera necesidad.
Si entendemos que la sanidad es un derecho fundamental del ciudadano, algo que nadie discute, faltaría más, y aceptamos que en los presupuestos de las Comunidades Autónomas es la partida de mayor gasto, todos podemos llegar a la conclusión de que los movimientos que se están llevando a cabo por parte de los gobiernos autonómicos son lógicos, desde un punto de vista económico, aunque quizá estén yendo en dirección contraria.
Porque lo que se ha venido en llamar recortes en sanidad debería de recalificarse como mejora de la eficiencia en el sistema sanitario español. Aún aceptando que se trate de una partida transferida a las Comunidades Autónomas, en un error de bulto de los sucesivos gobiernos españoles, que nadie parece dispuesto a corregir, todavía hay margen para conseguir potenciar la eficiencia como principal política de austeridad.
No se trata de recortar sino de gestionar mejor. Clama al cielo, al infierno, o a la partícula Higgs, ahora tan de moda, que hasta el día de hoy no se haya apostado claramente por los medicamentos genéricos a la hora de las recetas médicas; es de juzgado de guardia la política de contratación de los centros sanitarios españoles en función de valores administrativos en lugar de conceptos productivos y asistenciales; y, sobre todo, no es de recibo que nos sigamos empeñando en que en numerosos centros de este país sea un médico el que gestione el funcionamiento económico y administrativo del mismo.
El único camino viable para que la sanidad pueda llegar a sanearse en un futuro cercano es conseguir una gestión eficiente por parte de profesionales, sin descartar, ni mucho menos, la gestión privada, con vocación pública, siempre y cuando el lacerante corporativismo del personal sanitario de este país no evite, una vez más, el progreso en defensa de un status quo que nos lleva al desastre absoluto.
