EL CRISOL – Pascual Mogica Costa
Cada día que pasa los españoles estamos más confundidos y nuestra capacidad de asombro está en su punto límite, ya no admite más sorpresas.
También cada día que pasa los distintos medios de comunicación se van situando en la línea de la prensa especializada como en su día lo fue “El Caso” aquel semanario que nos daba cuenta de los distintos sucesos relacionados con sucesos de criminalidad de distinta naturaleza, robos, asesinatos, muertes violentas y todo tipo de latrocinios que en ocasiones escandalizaban y alarmaban a la ciudadanía. Hoy, salvando las distancias, nos encontramos con que a diario los medios de comunicación se van especializando en cuestiones relacionadas con el manejo de los dineros públicos y con la nefasta gestión de algunos dirigentes del mundo de la banca, dedicando un buen espacio a informar sobre estos hechos.
Ahora se nos sorprende a los españoles con la cosa esta de los viajes del presidente del Tribunal Supremo (TS) y a la vez también presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar. Como es sabido un vocal del CGPJ denunció el hecho de que, según el propio vocal, Carlos Dívar se había gastado casi 12.000 euros en veinte viajes realizados a Marbella, concretamente a Puerto Banús, en fines de semana de cuatro días y hospedado en hoteles de lujo y que estos viajes eran particulares. Según se desprende de las declaraciones del denunciante los viajes no eran oficiales. La cosa pasó a la fiscalía la cual, sin promover investigación alguna, ha dictaminado el archivo de la denuncia por tres razones, pero yo me voy a centrar en la más llamativa que no es otra que la que dice, el fiscal, que “de acuerdo con las normativas del Consejo, en la justificación de los viajes no tiene que constar el motivo oficial que da origen al desplazamiento y da por supuesto que cuando el Consejo ha pagado todo el gasto, se trata de un viaje oficial” (El País 21-05-12). O sea, que según lo veo yo en el CGPJ existen, como en el Ministerio del Interior, eso que se llama fondos reservados y de cuya utilización no hay que dar cuenta alguna. Ante esto yo pregunto: ¿Son un secreto de Estado los viajes del presidente del TS y a la vez del CGPJ a Puerto Banús? Al igual que hago esta pregunta y me gustaría que alguien me la respondiera, también pregunto si los españoles tenemos derecho a que se nos dé una explicación aclarándonos que es lo que se hace con nuestro dinero, al fin y a la postre, aunque no se nos reconozca, está claro que no, somos contribuyentes. Vamos, digo yo. También me gustaría que desde el CGPJ se de conocimiento a los ciudadanos del motivo o la causa que justifique estos 20 viajes a Puerto Banús, no creo que haya impedimento alguno pues imagino que si de un viaje oficial se tratara sería como máximo, para dar alguna conferencia, aunque veinte me parecen muchas, y esto no creo que sea un secreto de Estado. Me ha asombrado la rapidez con que se ha despachado esta denuncia pero me ha impactado muchos más el que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, haya dicho que “el Consejo y Dívar han salido fortalecidos”. ¿Está seguro el ministro? Yo, creo que estas cosas y el modo en que son resueltas no favorecen a nadie.
En cuanto la banca, me ha sorprendido el hecho de que después de la dimisión de José Luís Olivas, como presidente de Bancaja, se haya nombrado de forma provisional al que ostentaba la vicepresidencia, Antonio Tirado, que según señala “El Mundo” se trata de una persona que está demanda por el Banco de Valencia a través de una “acción social de responsabilidad derivada de su intervención por el Banco de España, acción social que, según señala el mismo medio, va dirigida a “resarcir a la sociedad por los daños y perjuicios ocasionados por su gestión”. Según El Mundo el nuevo presidente, en funciones, de Bancaja va ser demandado por una mala gestión. Asimismo se hace constar en dicho periódico que el sustituto de Olivas ha sido vicepresidente de un banco intervenido y miembro del consejo de administración de un banco nacionalizado. No creo que este nombramiento, a instancias del presidente de la Generalitat Valenciana, despierte muchos entusiasmos entre accionistas e impositores. Lo dicho, vamos de sorpresa en sorpresa. ¿Apagamos y nos vamos?
