Hay tres cosas al menos que un gobierno nunca puede hacer: ir contra la voluntad mayoritaria, arrebatar los derechos de la ciudadanía y empobrecerla, y mentir todos los días al pueblo. Este gobierno es especialista en las tres. Por ello debería dimitir y favorecer que se lleven a cabo dos consultas pendientes y necesarias para que este país recupere su voluntad histórica y sus derechos arrebatados con saña y alevosía.
Estos días aciagos para el país nos resultan tan similares al franquismo que conviene tener en cuenta algunos de sus puntos comunes con aquel: un gobierno autoritario, arrogante y sordo al clamor popular que recorre las calles del país; un gobierno contra el pueblo al que responde con cargas policiales, por más justas que sean demandas tan urgentes como trabajo, justicia, salarios dignos para todos y sin recortes, puestas en circulación en manifestaciones sin fin para decir en voz alta que queremos recuperar el estado del bienestar con sus derechos laborales suprimidos y conseguir pensiones y salario mínimo suficientes para vivir dignamente, sanidad y educación gratuitas, mantener puestos de trabajo y salarios a funcionarios y trabajadores sin recorte alguno y asistencia social a los impedidos y a sus cuidadores, declarar ilegales los desahucios y otras cosas más que se nos están negando. Todo esto constituye un mapa de necesidades urgentes para que el país respire aliviado tras este auténtico golpe de estado de los bancos y su gobierno en España en manos de los nietos del dictador anterior y fieles a su nefasta memoria tanto como a los bancos alemanes y al FMI.
Todas las medidas que se exigen por las calles abarrotadas de funcionarios, obreros, parados, pensionistas, estudiantes, bomberos y hasta policías son de tal envergadura que precisan de un tipo de gerentes de la cosa pública bien distintos a estos que tenemos, pues al fin y al cabo ¿de dónde han salido estos que tenemos? Enseguida dirán algunos: de las urnas. De las urnas, sin duda, pero miremos su historia: la muerte del dictador tuvo un continuismo político en la figura del monarca actual, nombrado sucesor por el propio dictador, y aceptado por el conjunto de las fuerzas políticas de entonces que elaboraron una Constitución que no se cumple en lo esencial: ni el derecho al trabajo, ni en el derecho a la vivienda ni -ahora menos que nunca- ni en el derecho a una educación y sanidad públicas, gratuitas y de calidad. Por tanto estamos soportando largamente un fraude constitucional, una tomadura de pelo a la ciudadanía a la que se le reconocen cínicamente derechos que no se le conceden, incumpliendo así algo esencial para el bienestar y la seguridad de todos, a la vez que riéndose de la Constitución los mismos encargados de hacerla cumplir bajo solemne juramento.
Todo esto, con ser bien grave, aún no es todo una vez situados en el terreno de la legalidad. Porque en este país, y por obra y desgracia de un golpe de Estado contra la República que fuera votada por nuestros padres y abuelos y asaltada por las armas, nos fue secuestrada la voluntad popular legítimamente expresada en urnas más libres y que desde entonces no nos ha sido devuelta. Por tanto no puede existir en España un gobierno realmente legal mientras no se someta de nuevo a consulta popular si el pueblo sigue queriendo la República que le fue arrebatada por la fuerza, o en cambio prefiere la monarquía actual. Este es un asunto que debe ser resuelto porque se le debe devolver al pueblo la capacidad de decidir la forma de gobernarse y porque se sospecha con bastante fundamento que España no es monárquica, sino juancarlista, o al menos hasta que el rey cazó elefantes y las corruptelas tocaron alcanzaron su entorno familiar.
El segundo referéndum, y con urgencia por la gravedad de lo que ocurre inmediatamente sería sin duda el que se propone desde los sectores más progresistas: consulta popular sobre si aceptamos los recortes. Porque ¿acaso no es justa esta demanda? ¿Acaso somos responsables los ciudadanos de que nos esté conduciendo a la ruina nacional la incompetencia de los políticos, la avaricia de los banqueros y obispos, la desvergüenza de los corruptos, el egoísmo desmedido de los defraudadores de la Hacienda y evasores de impuestos, y otros personajes nefastos de la picaresca negra española? No, el pueblo no es responsable de lo que nos está cayendo encima a todos. Así que debe ser sometido a referéndum si queremos aceptar este trágala o, por el contrario, queremos que la voluntad popular haga recaer el peso de los recortes sobre los responsables de esta situación, que el pueblo deje de subvencionar a la Iglesia como se ha hecho ya en Francia – y se le cobren impuestos- y que haga devolver a las arcas públicas el dinero de las ayuda bancarias , creando una banca pública con él. Todo ello sin olvidar toda otra serie de medidas encaminadas a resolver de una vez el fraude fiscal, a disolver las redes mafiosas que llegan hasta las más altas instancias políticas y recuperar el dinero que han robado.
Lo justo sería subir los impuestos a ricos, al clero, a empresarios y sicavs, recuperar economías sumergidas, perseguir y recuperar para el dinero negro, y otras medidas de esta índole que lejos de estar siendo tomadas están siendo obviadas, haciendo recaer en cambio sobre la ciudadanía lo que debe hacerse con aquellos que lo están esquilmando, y produciendo así a la población española doble dolor y doble explotación.
La insensibilidad y el descrédito social de este gobierno da definitivamente la razón al grito multitudinario del NO NOS REPRESENTAN.Y siendo así, solo podemos pedir una cosa: que dimitan, que se vayan, y que sea el pueblo el que decida lo que le conviene, ya que estos gobernantes está enfrente en lugar de estar a nuestro lado. Que dimitan, y mañana es tarde.
