Voy a ser tremendamente claro en un asunto muy delicado que me causa perplejidad. Y la perplejidad me la provocan los que, de antemano, se supone están investidos de esa supremacía moral que les confiere la adhesión a unos valores éticos y una legalidad que otros desprecian o quebrantan. Me refiero al asunto de la excarcelación del preso etarra Bolinaga, “por razones humanitarias”, y al rechazo o resistencia que despierta en un sector de la población y, en especial, a la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), cuya presidenta, Ángeles Pedraza, duda de la humanidad de esa medida judicial y del nulo respeto que representa para las víctimas, hasta el punto de preguntarse: “¿Qué le hemos hecho las víctimas a España para merecernos esto?”
Creo que el “esto” al que se refiere la dolorida presidenta de la asociación es el Estado de Derecho y un sistema judicial que, además de garantista, es manifiestamente antirevanchista y persigue la rehabilitación del condenado. Todo ello inscrito en unos valores basados en el humanismo y, para los creyentes, en una moral cristiana que predica el perdón y la conmiseración.
Que Josu Uribetxebarría Bolinaga es un ser indeseable que merece la condena y la cárcel por su comportamiento sádico y asesino, no lo discute nadie. Pero si existe alguna diferencia entre él y las personas de bien es precisamente el sometimiento de estas últimas a la ley y la adecuación del comportamiento al marco legal que ellas establecen, como garantía de respeto y participación de la voluntad colectiva así expresada. Lo que ETA y sus asesinos buscan con cada acto terrorista es conculcar esa voluntad colectiva en la ley para sortearla en un empeño fanático que ni la ley ni la razón arropan. Pretenden que el miedo les conceda lo que es inviable de otra manera.
Frente a los fanáticos se erige la supremacía moral de un Estado de Derecho que garantiza la libertad de todos los ciudadanos gracias a las leyes, normas con las que nos dotamos para el reconocimiento de nuestros derechos y, también, nuestros deberes, en un equilibrio que persigue la no colisión con otras libertades o el derecho de terceros. Para ello, la ley exige la plena aceptación por parte de la sociedad en su conjunto y el sometimiento a sus mecanismos procedimentales. Ambos, leyes y procedimientos, pueden siempre ser modificados conforme a lo previamente establecido para adaptarse a una realidad que evoluciona constantemente, pero desde el cumplimiento y la lealtad a su espíritu y letra.
Y la ley establece la libertad condicional para los penados que, en circunstancias excepcionales, estimen los jueces de vigilancia penitenciaria. Son casos tipificados que, con todas las exigencias legales, no obedecen a la voluntad del juez que ha de contemplarlos. Pero deben aplicarse incluso hasta en reos que no lo merecen. Ahí radica la supremacía moral del Estado de Derecho frente a regímenes totalitarios o dependientes de la arbitraria voluntad de quien elude o se burla de leyes democráticamente elaboradas. Y es también la supremacía moral de quienes acatan el imperio de la ley frente a los que reniegan de él. Pero, sobretodo, es la enorme distancia que separa los valores morales y las decisiones humanitarias de los que jamás serían capaces de albergarlos. Esa es la diferencia entre Bolinaga y nosotros: él es incapaz de arrepentirse, pero nosotros somos capaces de construir una sociedad que se apiada de reos sin piedad como él. No se lo merece, pero el Estado de Derecho, sin afán de venganza, si puede y debe permitírselo. Debe marcar la diferencia entre la selva y la civilización, por respeto a las víctimas.
