Desahucios, privilegios de los bancos y la posición de los jueces
Ante la grave crisis económica que nos afecta, muchas familias españolas ya no pueden hacer frente a sus deudas hipotecarias. Al disminuir sus salarios o haber perdido su empleo, las familias están viendo depreciadas sus rentas, pero no así sus deudas. El problema se agudiza si parte de las rentas de una familia se utilizan para hacer frente a la hipoteca sobre la vivienda habitual.
La Ley hipotecaria actual junto con el procedimiento de ejecución y desahucio, concede excesivos privilegios procesales a las entidades bancarias en perjuicio de las familias. Hablamos de 500 desalojos diarios como consecuencia de malas praxis bancarias. Ante esta situación una denuncia presentada por un ciudadano de Barcelona contra Catalunya Caixa, y que terminó por impago de hipoteca en el desalojo de su vivienda en 2011, ha llegado hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, donde se han tomado cartas en el asunto y se espera diriman si la normativa española sobre los desahucios es incompatible con la europea, en cuanto a que la regulación procesal española puede estar vulnerando ciertos derechos garantizados al consumidor, permitiendo a los bancos introducir cláusulas contractuales abusivas que los afectados deben soportar en situación de indefensión, y que terminan con la ejecución de la hipoteca y la subasta forzosa de la vivienda.
En España, solo después del desalojo, el afectado puede ejercer acciones legales por daños y perjuicios con escaso éxito. A todo esto hay que añadir el informe remitido al Consejo General del Poder Judicial denunciando el proceso extremadamente agresivo para la ejecución de las deudas hipotecarias.
En el programa «La vía de la libertad» que dirige el profesor Gunther Zevallos se ha querido tratar este asunto con la profundidad y rigor que se merecen, ya que en un país supuestamente desarrollado, no se deben permitir unas leyes injustas ni privilegios.
Es preciso denunciar que se trata de entidades que ejercen además, un poder monopolístico u oligopolístico y coercitivo sobre los ciudadanos.
Es por este motivo, y para denunciar lo que está ocurriendo, hemos desarrollado este programa de debate con verdaderos expertos en el tema.
En esta ocasión hemos contado con la inestimable colaboración del Juez Decano de Zaragoza D. Ángel Dolado, quien acompañado del abogado Pablo Malo García, socio gerente del despacho Ilex abogados, asimismo del asesor económico y financiero D. José Montoya-Hidalgo y de la psicóloga forense Dña. Cristina Andreu, nos ofrecen un debate con argumentos legales de cara a informar de los derechos que nos amparan y de lo que se está haciendo para evitar más sufrimiento a las familias españolas.
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