Usted acoge en su casa a un amigo o familiar extranjero sin papeles para que tenga dónde vivir mientras regulariza su situación y consigue un puesto de trabajo. O le alquila una habitación a un inmigrante que vio en el tablón o en un periódico su anuncio de la habitación libre. Un día, usted recibe una carta que lo cita en un juzgado, donde recibe una sentencia de dos años de cárcel por prestar ayuda “ilegal” a ese inmigrante. Le parecerá una exageración o algo que sólo sucedería en Arizona, Texas o Alabama, donde se criminaliza la hospitalidad y la ayuda al “inmigrante ilegal”. Pero les ocurrirá a españoles que acojan a inmigrantes en situación irregular si el gobierno sigue adelante con su reforma del código penal.
Familias y organizaciones sociales en España alertan de la arbitrariedad de esta medida. Con su firma, decenas de miles de ciudadanos se han sumado a la campaña Salvemos la hospitalidad. Entre otros argumentos, la plataforma sostiene que el artículo 318 bis del Anteproyecto de modificación del Código penal no contiene ninguna cláusula que excluya motivos humanitarios. Por tanto, “iguala conductas ilícitas e inmorales como la trata de seres humanos y los abusos sobre las personas migrantes con prácticas humanitarias de solidaridad, hospitalidad y asistencia hacia aquellas personas que transitan sin papeles por España”.
Esta reforma criminaliza a quienes ayuden de forma intencional a personas que no provengan de un Estado miembro de la Unión Europea a entrar en un país miembro para quedarse o para transitar hacia otro. El gobierno se escuda en el cumplimiento de una directiva impuesta desde la Unión Europea.
Se le entregará una carta con todas las firmas conseguidas al Ministro de Justicia,Alberto Ruiz Gallardón, alabado en el pasado por su “moderación”. Un político “de centro”, decían hace unos años. En sus pocos meses como ministro, ha criminalizado el aborto en caso de malformaciones del feto y ha impuesto tasas judiciales para cualquier persona que pretenda acceder a la justicia. Con la reforma del código penal, se alinea con el discurso contra los inmigrantes que prolifera en los países europeos a los que golpea con más fuerza la crisis, donde aumenta la brecha entre ricos y pobres y no deja de aumentar el desempleo, sobre todo entre los más jóvenes.
Algunos políticos abanderan esta postura para obtener votos sin calcular los peligros de atribuir el desempleo, la supuesta inviabilidad de la sanidad pública y el deterioro de la educación pública al aumento de la inmigración. Los grupos de extrema derecha de varios países aprovechan estos estímulos para cristalizar sus teorías de que los inmigrantes quitan puestos de trabajo o contribuyen al aumento de la delincuencia y a otros problemas de convivencia que tienen otras causas. Encuentran su caldo de cultivo en los miles de jóvenes desencantados con el deterioro de la política y el empobrecimiento de la sociedad. Muchas veces se trata de huérfanos de referentes con una necesidad de pertenencia en un contexto de desprotección social y de falta de coherencia por todos lados.
Criminalizar las ayudas por motivos humanitarios a un extranjero cuya única falta consiste en no tener papeles va en contra de la Declaración Universal y los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, que reconocen a los emigrantes unos derechos incompatibles con este tipo de criminalización.
En 2009, fracasó el intento del gobierno socialista, en la reforma de la ley de extranjería, de sancionar con una falta administrativa de entre 501 a 10000 euros a quienes colaboraran en la permanencia irregular de los inmigrantes en España. Una movilización como la que se ha comenzado a producir obligó a cambiar la letra de la ley.
La campaña para salvar la hospitalidad, una de las dimensiones antropológicas del ser humano, abre el camino para debates basados en la realidad. No se ha producido el supuesto ahorro con el que se justificó la exclusión de los inmigrantes del sistema sanitario. La nueva reforma dejará en mayor desprotección a los extranjeros que, por otro lado, no dejarán de venir mientras busquen salir de la pobreza y encontrar nuevas oportunidades fuera de su país de origen.
Carlos Miguélez Monroy
Periodista, coordinador del Centro de Colaboraciones Solidarias (CCS)
