El Gobierno español ha indultado a 468 delincuentes durante el año 2012 aunque la cifra se sitúa por debajo de la media, establecida en 480 anuales. Esta prerrogativa de gracia ya se convirtió en una práctica habitual durante la etapa de Felipe González y, desde entonces, todos los gobiernos han recurrido a ella con demasiada frecuencia.
A menudo, si el indulto no capta la atención de los medios pasa desapercibido; si por el contrario trasciende como un asunto de interés público, el Gobierno de turno será el primero y el último en decidir, ya que la ley no le obliga a dar explicaciones ni a argumentar las razones que le han conducido a conceder el perdón.
Los indultos durante 2012 se reparten entre dos ministerios. Defensa suma 34, en su totalidad en penas por deserción. El Ejecutivo de Mariano Rajoy ha sido muy complaciente con los indultos vinculados a la cartera de Justicia. El delito más perdonado ha sido el de tráfico de drogas: hasta 193 reos se han beneficiado de esta medida de gracia. Le siguen los robos, las estafas y apropiaciones indebidas. También hay indultos relacionados con lesiones y prevaricación, así como para delitos cometidoscontra la Administración Pública, además de homicidios imprudentes.
En España, el indulto se rige por una ley aprobada en 1870. Desde su creación durante el efímero reinado de Amadeo I de Saboya, ha estado vinculado al jefe de Estado, pero con la llegada de la monarquía parlamentaria, pasó a ser competencia del Gobierno. De hecho, el ministro de Justicia puede hacer una revisión total o parcial de la pena del recluso sin que quepa recurso contra su decisión.
De los indultos más polémicos durante 2012 destaca caso del Yak 42, en el que los militares José Ramón Ramírez y Miguel Ángel Sáez fueron condenados por falsear la identidad de 30 de los 66 fallecidos en el accidente. Poco después, Miguel Escudero Arias-Dávila, arrendatario de contratos con diversas empresas públicas como Renfe, Consorcio Eléctrico Madrileño (CEM), o Malagueña de Obras y Proyectos también fue indultado después de que la Audiencia Provincial de Madrid le condenase por estafa y falsedad en documento mercantil y documento público.
Uno de los últimos demuestra los criterios caprichosos en los que se basan muchos de esos indultos. Cuatro policías catalanes fueron condenados por torturar a un ciudadano al que confundieron con un atracador: asaltaron su casa, le detuvieron de manera ilegal, le apalearon y le pusieron una pistola en la boca. El Gobierno les cambió la pena de cárcel por una multa de 7.300 euros que, además, pueden pagar en plazos de 10 euros al día.
No son sólo los ciudadanos. Diversas voces dentro de la Justicia han manifestado su disconformidad contra esta práctica basada en los intereses y caprichos del Gobierno. Uno de los textos con mayor repercusión en el que los jueces acusaban al Ejecutivo de burlarse de la Justicia fue ratificado por el Tribunal Supremo y por el Consejo General del Poder Judicial. Los jueces hablan del indulto como una justicia paralela destinada a beneficiar a unos privilegiados y añaden que “el indulto debería desapareceré o quedar, en todo caso, como algo muy residual que se aplique en muy pocos casos, de manera argumentada y con un control externo”.
El Grupo de Estudios de Política Criminal, formado por más de 180 juristas, cuestiona también la existencia de una figura que “data de tiempos de la revolución liberal de 1868 y que se vincula al derecho de gracia del monarca”, y hablan de los problemas que plantea en una sociedad democrática basada en la separación de poderes y la soberanía popular. El Gobierno no puede cuestionar las sentencias ni la calificación jurídica llevada a cabo por cada Tribunal; tan sólo puede suavizar la pena. Sin embargo, en la práctica “muchas veces sí pone en duda los hechos probados, convirtiéndose en una última instancia judicial que, a diferencia de los jueces, no debe argumentar sus decisiones”.
Antonio Liébana Díaz-Chirón
Periodista
