Podríamos definir al Gobierno del Partido Popular como el administrador de la ruina, a quien le interesan más los bancos y las
entidades de crédito, que las personas.
En lugar de reducir los salarios de los grandes managers o al aparato estatal, ha cargado con mayores impuestos a los ciudadanos y a las pequeñas empresas con su subida del IVA y la disminución del poder adquisitivo, y tienen miedo a posibles movimientos ciudadanos contra sus políticas, que pueden ser considerados como una nueva Revolución Francesa, pacífica y sin la guillotina. En estos momentos es necesario un claro punto de inflexión y un «cambio democrático» en los Partidos tradicionales, reacios a aceptarlos por intereses particulares.
El Gobierno nos habla mucho de Europa para justificar sus fracasos en política económica, pero no le interesa decir que no tenemos una política común en temas tan agobiantes como la Ley Hipotecaria a pesar de que El TJUE dictamina que la protección a posteriori resulta incompleta e insuficiente y que la norma española para los desahucios es contraria a la legislación europea de protección a los consumidores.
El Presidente del Gobierno nos avisaba desde el Parlamento que no estaba dispuesto a aceptar la dación en pago, en una posible reforma de la Ley. La falta de protección al consumidor frente a la entidad bancaria: la legislación española no permite paralizar un desahucio invocando cláusulas abusivas en el contrato del préstamo a la compra de una vivienda, por lo cual cualquier reforma que no contemple la dación en pago sólo será papel mojado.
Pero ahora se trata de que un Gobierno, votado por el pueblo, debe defender al pueblo o dejarlo morir en la ruina.
Todos sabemos que la llamada burbuja inmobiliaria se componía de comprar terrenos a poco precio, cambiar su uso con la colaboración de algunos políticos y revalorizarlos enormemente, lo que nos lleva a que durante los últimos años hemos pagado 10 veces su coste real. Si llevamos unos años pagando la hipoteca y sus intereses, más la sobrevaloración de la vivienda, están largamente pagados los beneficios empresariales, por lo tanto la dación en pago esta justificada.
¿Qué oscuros motivos tiene los políticos para proteger a bancos y entidades de crédito contra los intereses de la ciudadanía?
