Era un 16 de enero de 2012 cuando la prensa informaba de unas declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, información que abría con el siguiente título y subtítulo: “El Gobierno advierte de que perseguirá a los políticos que gasten mal el dinero”. “Santamaría avisa de que “caerá el peso de la ley” sobre los que se comprometen sin tener fondos”. Esto de algún modo venía a poner en el pensamiento de todos lo que está ocurriendo en la Comunidad Valenciana donde el maltrato dado a los dineros de los contribuyentes ha llegado a límites de verdadero escándalo, hasta el punto de haber llevado a esta Comunidad a la ruina total que nada tiene que ver con la actual crisis, esto viene de mucho antes. Si alguien del Consell pretende asociar esta calamitosa situación con la crisis o no sabe ni donde está o miente descaradamente.
Ha pasado año y medio desde que la vicepresidenta hiciera tan severa advertencia y la cosa, aquí en la Comunidad Valenciana, sigue exactamente igual. Cuando las arcas de la Generalitat están llenas de telarañas, cuando se jubila forzosamente a decenas de médicos, cuando a los que siguen en activo se les amenaza con rebajarles el sueldo si no cumplen las órdenes de la Consellería de Sanidad de recetar menos medicamentos y pedir menos pruebas diagnósticas, resulta que un mal día coges la prensa y te enteras de que la consellera de Cultura ha informado de que el Gran Premio de Fórmula 1 celebrado el pasado año en Valencia supuso un gasto para la Generalitat, para los valencianos, de 39 millones de euros, mientras en Cataluña la prueba costó 16 millones de euros. Pero ni 16 millones ni 39 son admisibles ni justificables cuando hay serios recortes en Sanidad, en Educación y en Servicios Sociales. Esto es malgastar el dinero con el agravante de que se gasta sin tenerlo, cuestión esta muy a tener en cuenta máxime cuando lees el pasado día 29 de que el Consell ha desviado 30 millones de euros de ayudas para autónomos y los ha destinado a “tapar agujeros”. Dinero que se recibe de la Unión Europea para “Adaptabilidad y Empleo”. Esto es un verdadero desmadre y sobre alguien deberá, llámese Francisco Camps o Alberto Fabra, caer eso “peso de la ley” que tan amenazadoramente anunció Soraya Sáenz de Santamaría.
Y todo esto sucede cuando conocemos el dato de que en la Comunidad Valenciana la pobreza crece más del doble que en España y que ocupa el segundo lugar, detrás de Canarias que es la autonomía donde más ha crecido la pobreza. A este preocupante dato hay que añadir la señal de alerta que en mayo lanzaba el Sindic de Greuges en el sentido de que se podía volver a la época de la “beneficencia”, al propio tiempo que certificaba el “grave deterioro del Estado del Bienestar de los valencianos” que puede retornar, según el Sindic, a una situación casi dramática sin precedentes, advirtiendo del “grave riesgo que corre el sistema de servicios sociales en una situación en la que incluso pueden llegar a dejar de ser obligatorias estas prestaciones”. El Sindic no se olvida de la Ley de Dependencia y denunciaba el “enorme” descontrol en los pagos obligados por esta ley. Tampoco se olvidó el Sindic de los desahucios y consideró “inquietante” y “peligrosa” la dinámica que se ha alimentado con el problema de los desahucios.
Evidentemente todos tenemos muy claro que aquí no va a caer el “peso de la ley” sobre nadie y menos sobre aquellos gobernantes que pertenecen al Partido Popular. Esos son palabras y las palabras se las lleva el viento. Y esto lo sabemos pues tenemos muy presente cuando se amenazó por parte del Gobierno, con extrema dureza, a aquellos dirigentes autonómicos que sobrepasaran el déficit “oficial”, el que ordenaba el Ejecutivo, y ya vemos en que ha quedado, en señalar un déficit asimétrico, ad hoc, a la medida, para cada autonomía. Como se suele decir: “Perro ladrador poco mordedor”. Como dijo Franklin: “Si sabes gastar menos de lo que ganas has encontrado la piedra filosofal”. Pero esto, para algunos manirrotos compulsivos, es algo muy difícil, imposible, de entender.
