La decisión tomada por Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid, recortando las subvenciones para los cursos de formación en un 90% a los sindicatos UGT y CC.OO., e igualmente la adjudicación por concurso a empresas especializadas para que asuman dicha formación profesional, merece una doble felicitación y es todo un ejemplo a imitar por parte de las restantes CC.AA.
Tan encomiable iniciativa, detectando el problema y paralelamente aportando la solución, constituye en principio eliminar el derroche de cientos de millones de las arcas públicas, percibidos por los mal llamados sindicatos de clase; fondos que presuntamente han sido utilizados por los sindicatos como instrumentos de financiación propia y nula repercusión en la generación de empleo especializado, con el agravante de que dichas cantidades nunca han sido controladas ni sometidas a ningún tipo de auditoría externa.
Tales abusos consentidos, más los escándalos de las facturas infladas, “botes varios” y toda una gama de irregularidades aparecidas en la Federación Andaluza de UGT, tal como era de esperar, ya comienzan a ser denunciadas por las bases del sindicato. De ahí el incremento de bajas de afiliados por pérdida de credibilidad en sus superiores. Cuando la porquería afecta a tanto cómplice, es inevitable que aflore como está ocurriendo. Resulta altamente significativo y aleccionador que sean los propios sindicalistas honestos quienes demanden explicaciones a su líder, Cándido Méndez, para que dé la cara y justifique la lluvia de denuncias aparecidas en todos los medios de comunicación, pero al parecer, el secretario general, por el momento, ha optado por por observar un discreto silencio y seguir instalado en “el no sabe no contesta”, y tampoco contempla la dimisión.
No estaría de más, como se ha sugerido por parte de la ciudadanía, el que a través de la Fiscalía General del Estado, se solicitase una investigación en entidades bancarias nacionales y extranjeras, sobre altos cargos y otros miembros destacados de dichas organizaciones. Quizá nos sorprendería el resultado. Sin ir más lejos, al Sr. Lanzas, antiguo sindicalista, se le ha adjudicado una fortuna superior a los diez millones de euros…
Para la creación de puestos de trabajo, primera y lógica inquietud de los españoles según todas las encuestas, es necesario incrementar el consumo, bajar los impuestos y que el crédito fluya para autónomos, pequeños, medianos y grandes empresarios, a lo que habría que añadir “Un gran Plan de Formación a nivel nacional”, impartido por centros adecuados, y bajo el férreo y riguroso control en todos los aspectos por parte de las CC.AA. y auspiciado económicamente por el Gobierno Central. Inicialmente, y a modo de sugerencia, dichos fondos podrían nutrirse, entre otras fuentes, con la desaparición de vehículos oficiales en todas las administraciones: central, autonómica, municipal, diputaciones, etc.; eliminación de la totalidad de asesores no solo en la Moncloa, sino de todos los estamentos, recurriéndose a los preparados funcionarios de carrera existentes en los distintos ministerios cuando la ocasión lo requiera; unido a la desaparición de aquellas empresas públicas deficitarias, más observatorios, laboratorios y restantes zarandajas, auténticos nidos de amiguetes, familiares y enchufados, pago de favores, etc.
Dicha formación, totalmente gratuita y de contrastada calidad deberá ser destinada a jóvenes, emprendedores y mayores de 45 años con dificultades para encontrar empleo. Si bien previamente es preciso identificar el tipo de profesionales que está demandando el mercado laboral. Impartir formación sin objetivos ni expectativas sería tirar el dinero. Es necesario conciliar la preparación y conocimientos de los formadores con las necesidades del mercado de trabajo. Nadie cuestionaría que el reírse resulte estimulante, pero por el momento, nuestros seis millones de desesperados parados, antes de acudir a un curso de “risoterapia”, preferirían obtener la formación adecuada que les permitiese acceder a un empleo con el que poder mantener a los suyos.
Para finalizar, los sindicatos, motivado por efecto del paso del tiempo y ciertas conveniencias, no han sabido o podido evolucionar y profesionalizar sus contenidos y servicios, quedándose, aparentemente, en la organización y participación en manifestaciones, piquetes coactivos (eufemísticamente autotitulados ‘informativos’), y la creación de los llamados “liberados sindicales”, cuyos sueldos y cargas sociales pagan las empresas privadas y públicas.
Los posibles errores cometidos por los sindicatos años atrás, nada que ver con la época de los secretarios generales Nicolás Redondo y Marcelino Camacho, de UGT y CC.OO respectivamente, que eran considerados como meros comentarios entre los trabajadores y ciudadanos. Nada que ver con lo sucedido en estos momentos en la UGT de Andalucía, donde el panorama es totalmente distinto y preocupante como ya se comentó líneas atrás.
Las organizaciones sindicales, una vez conocidos parte de los desmanes que se han cometido y descubierto deben replantearse sus estructuras, cometidos, profesionalización y una limpieza a fondo de sus cuadros, prescindiendo de todos aquellos que no tienen cabida en el sindicalismo que necesitamos.
Ciertos aspectos de lo ocurrido con el desafortunado comportamiento sindical se le podría adjudicar a los distintos gobiernos, quienes a través de dádivas y subvenciones pervirtieron en parte a estas organizaciones intentando blindarse y garantizarse a su vez una ficticia “paz social”. Mención aparte merecen los valientes 300 sindicalistas que acudieron a la puerta de los juzgados sevillanos, para insultar y abuchear a la juez Alaya en el cumplimiento de su función. Repugnante y deleznable actuación que esperamos repudien urgentemente todos nuestros democráticos partidos políticos y agrupaciones feministas. ¡Que vergÁ¼enza!
