La semana pasada dimitió el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, al no aprobar el Gobierno su retrógrada modificación de la Ley del Aborto, que volvía a penalizar este procedimiento, autorizándolo sólo en determinados supuestos. El desaire del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para con su ministro, al argumentar como «sensato» no aprobar este proyecto de ley ante la falta de consenso social logrado, ya que otro Gobierno lo derogaría, ha motivado el “portazo” de Ruiz-Gallardón, quien también abandona su escaño en el Congreso y su puesto en el Partido Popular, dando por finalizada su vida política.
Si Mariano Rajoy fuera consecuente con sus explicaciones, también eliminaría la Ley de Educación del inefable Wert, muy contestada por todos los sectores afectados, las leyes económicas y fiscales que empobrecen a los ciudadanos y, en última instancia, haría dimitir a todo su Gobierno, por el rechazo que provoca en la mayor parte de los ciudadanos. De todos los argumentos de que podría valerse el presidente del Gobierno para justificar la retirada de cualquier ley sectaria, ha escogido el menos oportuno, puesto que podría servir para calificar toda la actuación gubernamental: sin consenso y rechazo social. Sólo los banqueros y los privilegiados acaudalados apoyan una gestión que los enriquece y beneficia, con o sin aborto.
Las mujeres mantienen un derecho que el Gobierno quería convertir en delito. ¡Enhorabuena a todas!, también a las que no quieren abortar porque podrán decidir en conciencia, no por imperativo legal.
