En los últimos meses los estados de Guerrero, México; y New York, Missouri y Ohio, estos tres últimos de los Estados Unidos de Norteamérica, han sido tristemente célebres por la actuación de sus cuerpos policiacos.
En New York, el policía Daniel Pantaleo mató al afroamericano Eric Garner por la aplicación de una llave al cuello, hasta asfixiarlo; en Missouri, el agente Darren Wilson asesinó a tiros al afroamericano Michael Brown, crimen que se asegura tiene orígenes racistas; mientras que en Ohio, el policía novato Timothy Loehmann disparó en contra de Tamir Rice, niño afroamericano de 12 años de edad, quien portaba un arma de juguete; por último, en el Estado de Guerrero, diversos elementos de la corporación policíaca del municipio de Iguala, participaron en la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, en Ayotzinapa, desaparición que se realizó con participación de la organización delictiva conocida como ‘Guerreros Unidos’, y presuntamente ordenada por el Presidente Municipal y Secretario de Seguridad Pública, ambos del municipio de Iguala, Guerrero.
Los hechos anteriores han provocado una profunda indignación entre los ciudadanos de aquellos países; indignación que se ha hecho sentir mediante manifestaciones públicas, las cuales se han incrementado en las últimas semanas, en razón de los veredictos que han sido pronunciados por el gran jurado de Staten Island, en el caso Eric Garner, y el gran Jurado de Ferguson en el caso de Michael Brown, esto en Estados Unidos de Norteamérica; por otro lado, en México se han organizado marchas en todo el país, exigiendo la aparición de los estudiantes, manifestaciones que se han llamado la atención por los daños que causan sectores violentos de manifestantes, los cuales han sido detonantes de abusos por parte de la policía capitalina en la Ciudad de México, Distrito Federal. Ante dichos abusos por parte de la policía capitalina, surgen declaraciones del Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, Jesús Rodríguez Almeida, que ante el cuestionamiento de los abusos cometidos por elementos policiacos en las marchas del 20 de noviembre de 2014, ha respondido: “Felicito a mi personal por el trabajo demostrado, por el gran valor, gallardía, responsabilidad y sobre todo restablecieron el orden público, le guste a quien le guste”, a lo que una manifestante respondió: “Pues no nos gustó”.
Pero… ¿qué pasó? Los hechos han sido narrados una y otra vez, en diarios locales e internacionales, pero la pregunta sigue… ¿Qué pasó?… Y es que esa pregunta no se resuelve con crónicas de hechos. La sociedad exige conocer por qué las corporaciones, que deben proteger a la población están realizando ataques en su contra.
Todo apunta a que estos hechos son consecuencia de una falta de capacitación y concienciación de los elementos de seguridad pública, consecuencia de entregar el poder armado del Estado en manos de personas sin vocación de servicio a la ciudadanía, consecuencia de que sus elementos no entienden que su papel en el sistema es preventivo, y que la imposición de sanciones en ningún caso les corresponde, consecuencia de la ausencia de protocolos del uso de la fuerza.
Y esas fallas, que podrían resolverse en aulas y escritorios, se concretizan en consecuencias fatales, y nos hacen ver que cuando un policía se equivoca, tiene como resultado al menos una persona muerta, como en el caso de Garner, Brown y Rice; pero a medida que estas faltas se materializan en un elemento con una mayor jerarquía, los resultados son más atroces, y entonces, el costo de una mala decisión por parte un Secretario de Seguridad Pública, o un Presidente Municipal, que es el primer responsable de la seguridad pública de un municipio, son 43 estudiantes desaparecidos, y si las investigaciones de la Procuraduría General de la República son ciertas, 43 estudiantes asesinados.
