La ley mordaza: silenciar la respuesta a la crisis

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Multas por participar en manifestaciones espontáneas y sin ningún alboroto, multas por manifestarse ante un Parlamento, o por ocupar pacíficamente un CAP o una oficina bancaria, multas por hacer un “escrache”, multas por ocupar espacios abandonados, multas por grabar actuaciones policiales o multas por mostrar “carencia de respeto” a un policía. Las multas van de los 100 a los 600.000 euros y son sanciones administrativas, es decir fuera de control judicial. La policía además tendrá carta blanca para hacer identificaciones y registros sin respetar el principio básico de no discriminación por perfil étnico.

Foto: carolyntiry
Foto: carolyntiry

El gobierno del PP proclama que la crisis económica se ha acabado pero, de hecho, se prepara para lo contrario. El capitalismo es incapaz de superar la crisis y prepara más recortes contra los trabajadores/as y las clases populares, sabe que las tensiones sociales irán a más y ésta es una ley preventiva para acallar la respuesta: la ley Mordaza, que ya ha sido aprobada en el Parlamento y puede ser validada en el Senado en las próximas semanas. La ley amenaza los derechos fundamentales de reunión y manifestación y supone uno de los retrocesos en libertades y derechos democráticos más graves desde la Transición al régimen de la Monarquía, heredero del franquismo.

El gobierno quiere cabezas de turco, como en la operación policial de esta semana contra colectivos anarquistas. O alimentar la paranoia de la “invasión” subsahariana a las vallas ceutís y Melilla. La ley también pretende legalizar las llamadas expulsiones en caliente, que impiden el ya limitadísimo derecho de los inmigrantes a buscar protección y asilo en caso de persecución. El PP da alas al fascismo con las imágenes con las que cada día nos machaca de los “asaltos” (?!) a las vallas y sin esconder la vergonzosa colaboración a golpe de porra de la guardia civil y las fuerzas especiales marroquíes contra los jóvenes que sólo pretenden ganarse un futuro en Europa, Mientras criminaliza el anarquismo, rebaja los grupos neonazis a la categoría de “bandas”, cómo hemos visto en el caso del asesinato del seguidor de los Riazor Blues.

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