El rey Felipe VI debe actuar ¡ya!

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Es urgente que intervenga el rey Felipe VI para sacar a España de la calamitosa situación a la que nos ha conducido Mariano Rajoy, con la complicidad entusiasta del resto de partidos políticos con representación en el Congreso de los Diputados.

Felipe VI y Rajoy
Foto: La Moncloa – Gobierno de España

El año pasado se cumplieron cuarenta años de la muerte del General Franco, y el comienzo del régimen “juancarlista” del 78… También nos estamos acercando a otra efemérides, hace casi un siglo que el bisabuelo de don Felipe VI encargó (aunque según algunos le fue impuesto) al General Primo de Rivera que emprendiera una profunda regeneración (septiembre de 1923) para acabar con el tremendo caos, la enorme crisis en la que llegó a estar le sistema político de entonces. Hasta tales extremos de latrocinio, corrupción, etc. se había llegado que la mayoría de los españoles de hace un siglo, independientemente de su formación y su extracción social, o cualquier otra circunstancia personal, aplaudió la iniciativa del General Miguel Primo de Rivera.

Miguel Primo de Rivera emprendió profundas reformas, cortó por lo sano todo lo que tuviera que ver con separatismos, regionalismos, cuestiones de orden público; y por supuesto desposeyó de todo poder y capacidad de influencia a los hasta entonces oligarcas y caciques, fueran locales, regionales o nacionales. Aparte de todo ello, de aquella época provienen cosas tales como la actual red de carreteras, redes de ferrocarril, confederaciones hidrográficas, pantanos, regadíos, y un sinfín de cuestiones que ahora se nombran como “Estado de Bienestar”, y que serían continuadas por el régimen del General Franco… Todavía siguen en pie escuelas construidas durante el “directorio” de Don Miguel Primo de Rivera. Incluso por entonces se pusieron los cimientos del Instituto Nacional de Industria, que también culminó el régimen franquista, y que desmanteló -y regaló a amigos, empresarios “patriotas” y oligarcas y caciques regionales- el gobierno socialista de Felipe González Márquez.

Lástima que lo que comenzó con muy buenas intenciones, acabara desvariando, e incluso lo que se pretendía que fuera transitorio, acabara de malas maneras; desgraciadamente Miguel Primo de Rivera se fue inclinando hacia la forma de estado corporativista, e incluso intentó imitar a Benito Mussolini… Como bien saben los que saben de Historia de España, la cosa acabó debido a la diabetes de Miguel Primo de Rivera… Tras aquello, vino el caos que algunos pretenden vendernos como el “Edén”, la mejor de las Españas posibles que, se frustró debido a unos bárbaros egoístas, insolidarios,…

La España que describía Joaquín Costa en “Oligarquía y caciquismo como la forma actual de gobierno en España: urgencia y modo de cambiarla”, apenas transcurridos 25 años desde la Restauración Monárquica de 1876 (tras otro “paraíso republicano”) se parece demasiado a la actual. Joaquín Costa afirmaba que el régimen político existente en España era un régimen oligárquico y caciquil. España, decía, estaba gobernada por  una oligarquía de “notables.”

Lo que aún queda de la España nacida de la Constitución de 1.978 es muy parecido al régimen político de 1876; razón por la cual la descripción de Joaquín Costa sigue teniendo enorme interés.

El aragonés Joaquín Costa afirmaba en 1.898 que el régimen político existente – hace más de un siglo- en España era un régimen oligárquico y caciquil, y atribuía a tal forma de gobierno todos los males de nuestra nación. Y por tal motivo afirmaba Costa que, España no era una nación libre y soberana y que en España no hay parlamento ni partidos; hay sólo oligarquías (lo que algunos hoy denominan “partitocracia”). Afirmaba Joaquín Costa  con rotundidad que “no es nuestra forma de gobierno un régimen parlamentario, viciado por corruptelas y abusos,… sino, al contrario, un régimen oligárquico, servido, que no moderado, por instituciones aparentemente parlamentarias.”

Joaquín Costa no proponía, reformar el régimen existente en aquel momento, sino, su supresión. Hablaba de la necesidad de un cambio constitucional. Decía que el régimen caciquil que adopta en apariencia una forma de monarquía parlamentaria, en vez de subordinarse los elegidos a los electores, son éstos los que están sometidos a los elegidos. Además, tampoco la ley contempla o considera de forma ecuánime a todos los ciudadanos. “Quod oligarchae placuit, legis habet vigorem.”, que significa, para aquellos a los que la LOGSE y demás leyes educativas “progresistas” los apartó del latín, que: Lo que place al oligarca tiene fuerza de ley.

Asimismo, el régimen caciquil descrito por Costa posee otra característica un elitismo perverso que impide lo que más tarde Vilfredo Pareto denominaría “la circulación de las elites”; en el régimen caciquil los más capaces y los mejor preparados son apartados, “es la postergación sistemática, equivalente a eliminación de los elementos superiores de la sociedad, tan completa y absoluta, que el país ni siquiera sabe si existen; es el gobierno y dirección de los mejores por los peores; violación torpe de la ley natural, que mantiene lejos de la cabeza, … a la élite intelectual y moral del país, sin la cual los grupos humanos no progresan, sino que se estancan, cuando no retroceden.” España es una meritocracia a la inversa. El régimen selecciona a los peores y prescinde de los mejores individuos, de las personas componentes de la sociedad española. En el régimen caciquil oligárquico sólo triunfan los peores…

En la España caciquil, -tal como en la actual España- los oligarcas se reparten el país por áreas de influencia política. Cada oligarca disfruta de su correspondiente feudo-taifa. Los oligarcas se agrupan en asociaciones o “bolsas de empleo” llamadas partidos políticos y hacen como que deliberan en las Cortes. En España más que Cortes y partidos políticos existe una caricatura de ambas cosas. Los grupos políticos no responden más que a intereses pasajeros y provisionales personales y particulares de grupos de interés (lobbys, o grupos de presión se denominan hoy) Por lo demás, el parlamento no representa a la nación. Las elecciones son organizadas por los que realmente gobiernan para obtener el resultado electoral apetecido… España posee un régimen bastardo, de imposible clasificación. Por todo ello, J. Costa no condena el régimen parlamentario sino su corrupción oligárquica. En España, afirmaba,  hay dos gobiernos: uno fantasmal: el sistema de monarquía parlamentaria, con constitución y elecciones y otro el real, efectivo y esencial que es el caciquismo oligárquico.

De esta manera describía Joaquín Costa la realidad política existente en la España de 1899: “gobierno del país por una minoría absoluta, que atiende exclusivamente a su interés personal, sacrificando el bien de la comunidad.”

Pero añade aún más: “la existencia de la oligarquía política compromete la unidad de España y fomenta el secesionismo político y territorial. Para que subsista España como Estado nacional es preciso que desaparezca la oligarquía. La oligarquía desnacionaliza España”. La solución propuesta por Costa para eliminar el caciquismo es una política quirúrgica de urgencia, y esta política quirúrgica debe ser realizada por “un cirujano de hierro”. El cirujano de hierro debe tener virtudes similares a las del filósofo-rey de Platón: que conozca bien la anatomía del pueblo español, que sienta por él una compasión infinita, que tenga buen pulso, que tenga un valor de héroe, entrañas y coraje, que sienta un ansia desesperada por tener una patria, que se indigne por la injusticia. Debe ser un hombre superior y providencial que lleve a cabo la regeneración de la patria. “El cirujano de hierro debe ser un político ilustrado, culto, superior, que gobierna al pueblo para mejorarlo…” Pese a que algunos hagan una lectura sesgada, perversa incluso, Joaquín Costa no proponía ninguna forma de dictadura, todo lo contrario, proponía entrar en un periodo constituyente, en una refundación/regeneración que acabe con los males, seculares, de España, por ello propone aplicar una “cirugía” urgente y sin rodeos para implantar un régimen nuevo, en el que el caciquismo y las diversas oligarquías dejen de tener la influencia y el poder que entonces tenían hace más de un siglo y, por desgracia aún continúan teniendo…

Llegados a este punto, Costa va más allá de decir que tenemos una ficción o caricatura de parlamentarismo, llega a afirmar que incluso el parlamentarismo de entonces, como el de ahora, es incapaz de acometer las reformas en profundidad, que España necesita. El parlamentarismo no es el medio, es el fin de las reformas. La alternativa al actual régimen parlamentario es el régimen constitucional de separación de poderes del Estado.

El caciquismo u oligarquía política descrita afecta también, ¡cómo no! a la administración de justicia, consiguiendo así una justicia corrupta y llena de parcialidades y partidismos caciquiles.

El sistema seudoparlamentario denostado por Joaquín Costa, posee mayorías y minorías que son, al fin y al cabo, parte de un único partido gobernante. La representación es inexistente de facto. Los diputados representan a las diversas facciones dentro de la oligarquía. Por ello el consenso es fácil entre todos los oligarcas o caciques.

Otra consecuencia del régimen oligárquico es la ausencia de una ciudadanía madura moral y políticamente: “España, como Estado oligárquico que es, no puede tener ciudadanos conscientes; electores, ni, por tanto, régimen parlamentario, y porque no puede tenerlos no los tiene.” Como el pueblo español carece de madurez política, el sufragio universal también es una ficción…

Tal como ocurría hace aproximadamente un siglo, el régimen de 1978 se ha convertido en una partitocracia. Los partidos no tienen estructura democrática. Son órganos subvencionados por el Estado y están fuera del control de los ciudadanos. La corrupción se ha instalado como forma de gobierno en España. El actual régimen se puede afirmar sin exageración que es un Estado corrupto. No es posible ejercer castigo electoral frente al gobernante corrupto. Existe una especie de servidumbre voluntaria del electorado. Además, las personas de los partidos se pueden sustituir, los partidos no. El actual sistema electoral proporciona coartadas e impunidad a los partidos. El Estado oligárquico-caciquil posee en torno a sí organizaciones satélites: asociaciones, oenegés, sindicatos, etc. Las subvenciones estatales cuidadosamente concedidas impiden cualquier tentación de independencia y de “ataque” al régimen. Generalmente, en las elecciones nada se decide. Los programas de los partidos se parecen cada vez más y por tanto las elecciones no responden a la voluntad popular. Las elecciones adquieren cada vez más un creciente carácter plebiscitario y se convierten en un acto de adhesión inquebrantable al régimen. Los electores se identifican sentimentalmente con el jefe del partido. La voluntad popular es una retórica vacía e incluso cínica, que expresa el dominio absoluto de los partidos sobre las instituciones y la sociedad. Estos partidos designan los candidatos y se reparten el poder institucional del Estado así como sus territorios siguiendo cuotas electorales. El sistema lo deciden las direcciones de los partidos políticos.

El sistema caciquil-oligárquico ha corrompido, también, a la función pública. El carné político ha desplazado al mérito y la competencia profesional en sectores tan vitales para el porvenir como la enseñanza y la sanidad, las empresas y las administraciones, el Estado y las denominadas “autonomías”. En el terreno de la enseñanza (entre otras cosas) se ha destruido el bachillerato y se ha promovido la clientelización de la universidad. Esta corrupción, la del saber es la más duradera.

En este paripé de régimen parlamentario, los diputados ejercen casi de convidados de piedra. Las principales decisiones las adoptan los jefes de los partidos en reuniones secretas (asesorados por los diversos grupos de presión) y en negociaciones al margen del parlamento. Una vez concluidos los acuerdos, el parlamento escenifica el acuerdo con una votación. Es por tanto el parlamento cámara de manifestación no de reunión ni de debate. El partido gobernante controla el poder legislativo y el ejecutivo, y el poder judicial a través del Consejo General del Poder Judicial y mediante el Tribunal Constitucional. No hay división de poderes…

¿Es  necesaria una “cirugía de hierro” para enderezar la calamitosa situación de desgobierno que sufrimos en España?

Decía Joaquín Costa que, no se trata sencillamente de administrar tal o cual medicamento a un enfermo, sino que entre éste y aquél se ha interpuesto un obstáculo, tumor, quiste, cáncer…, como se quiera, que obstaculiza a la medicación tan eficazmente como acabamos de ver; y no hay más remedio que abrir paso a través de él por fuerza material, apartándolo, eliminándolo, reduciéndolo. Imposible curar el caciquismo por dentro, en su raíz, si no se empieza por reprimirlo en sus manifestaciones exteriores…

La política quirúrgica nada tiene de común con la dictadura y es compatible con el régimen parlamentario…

En resumen, Joaquín Costa proponía que la Corona «practique», que el jefe del Estado deje de ser un poder teórico, qué asuma la jefatura del Estado y se ponga al frente de la imprescindible regeneración-quirúrgica que España necesita con urgencia extrema; que emprenda acciones políticas libertadora, pedagógica y económica para hacer de los españoles una nación moderna, digna sucesora de aquella que se labró, se construyó a fuerza de paciencia y de genio, a lo largo de los siglos.

Cuando reinaba Alfonso XIII, bisabuelo de Felipe VI, el General Primo de Rivera hizo lo equivalente a desmantelar el “estado de las autonomías” y toda la inmensa red clientelar, de corruptela, de gansters, delincuentes que tal como ocurre en la actualidad, entonces campaba por sus fueros, y condujo a España a una terrible situación equiparable a la que actualmente aqueja a España… Por ahí debería empezar la acción regeneracionista, quirúrgica a emprender…

Si la intervención del padre del actual rey, en los sucesos del 23 de febrero de 1981, se consideró proporcionada, necesaria, legítima, debido a la situación de “emergencia nacional”; hoy somos muchos los que estamos convencidos de que sería enormemente aplaudida y apoyada por la mayoría de la población española; sin duda alguna España necesita un “golpe de timón”, un cambio de rumbo, sin complejos, frente al desbarajuste que sufre la nación española, caos de tal magnitud que cada día es más necesaria, urgentísima, una profunda –radical- respuesta democrática, una política regeneracionista, dejando a un lado insensateces, indecisiones o actitudes timoratas… Felipe VI debería actuar frente al desatino, al delirio constante en el que ha caído la política española y a la amenaza a la que se enfrenta España como Nación y lo poco que aún queda del Estado de Derecho. Felipe VI debería tomar las riendas y nombrar, previa disolución de las Cortes, un gobierno provisional, de “hombres sabios y buenos” (y “mujeres sabias y buenas” que haberlas también las hay) que ponga en marcha un plan de choque, para regenerar España, y que lo  lleve a la práctica, sin aplazamientos, con seriedad y sin temores de clase alguna; un proyecto concreto y claro, y con visión de futuro y de durabilidad…

Un plan de choque que como mínimo, empiece por desmantelar el denominado “estado de las autonomías” (es la única forma de acabar con las oligarquías y caciques presentes por todos los rincones de nuestra patria y la corrupción sistémica actual). Un plan de choque que prosiga con la derogación de toda la maraña legislativa de las diversas taifas/feudos, para recuperar la unidad fiscal en todo el territorio español, la igualdad de todos los españoles ante la ley, para recuperar también la unidad de mercado, y proseguir en la dirección del estado unitario, que centralice, igualmente, todo lo concerniente a la enseñanza/instrucción pública, en todos los niveles desde el parvulario a la universidad; y lo mismo en la sanidad pública y los servicios sociales más esenciales… Un plan de choque que elimine los diversos tribunales superiores de justicia de las actuales comunidades autónomas, y sus competencias retornen al Tribunal Supremo; tribunal en el que también habría de integrarse la actual Audiencia Nacional; y por supuesto, un plan de choque que suprima el Tribunal Constitucional, y sus competencias sean asumidas, igualmente por el Tribunal Supremo; una reforma profunda de la Justicia, que obligue a los jueces a someterse al imperio de la ley (y no al revés) y que en sus resoluciones respeten escrupulosamente la Constitución, y se acabe con la sensación general de arbitrariedad e inseguridad jurídicas que actualmente padecemos. Pues los españoles no merecemos la “injusta justicia” que padecemos, lenta, cara y arbitraria; estamos hablando de un plan de choque que haga lo posible para acabar con la idea que tiene la mayoría de los españoles, tanto de la judicatura, como de la “clase política”, de que son dos castas privilegiadas que gozan de impunidad e inmunidad absolutas.

Un plan de choque que cree una Administración de Justicia realmente independiente, lo cual significa, también, que el nombramiento de los órganos judiciales y de la fiscalía no se realicen por parte del poder ejecutivo o  del legislativo.

Un plan de choque para acabar de una vez por todas, con la situación de transitoriedad en la que España está instalada, en ámbitos en los que debería haberse ya alcanzado un acuerdo perdurable, un consenso nacional, un acuerdo de mayorías que asegure estabilidad y durabilidad. Posiblemente somos el único país occidental que en cada legislatura se cuestionan el sistema de enseñanza, la política exterior, el sistema sanitario, el sistema tributario, el modelo de Estado. Un plan de choque que trate de preservar el Estado del bienestar, ¡Si! Pero aunque la universalidad de la sanidad, la educación, la atención jurídica o la previsión de la vejez son conquistas irrenunciables, es indudable que no están siendo gestionadas de la mejor manera posible…

Un plan de choque que vaya en la dirección de una democracia “más profunda, y permanente”; profunda en el sentido de que no se dé un cheque en blanco a los políticos sino un mandato concreto, y permanente porque los actuales medios tecnológicos permiten frecuentes consultas a la ciudadanía.

Un plan de choque que ponga en marcha un sistema electoral más justo que el actual, matemáticamente proporcional a lo votado, sin las manipulaciones actuales que propicia la Ley d’Hondt.

Un plan de choque que entre otras cuestione elimine la financiación con nuestros impuestos a los a los partidos políticos, a los sindicatos, a las patronales, y a toda clase de entidad privada, pues debe ser la sociedad, o mejor dicho cada ciudadano, la que libremente costee a aquellas entidades que prefiera.

Sería imperdonable, que se siga apuntalando el sistema sin ir a la raíz de los problemas. Un plan de choque con valentía suficiente y la altura de miras que exigen los terribles momentos por los que actualmente atraviesa nuestra patria…la única esperanza que le queda a España es que un grupo de “hombres sabios y buenos”, encabezado por Felipe VI desaloje de las instituciones a la pandilla de golfos que nos mal-gobiernan, y  que conduzca a España a un periodo realmente constituyente, de ruptura con las formas caciquiles y oligárquicas como forma de gobierno, y acabemos finalmente homologándonos con los regímenes políticos más avanzados y las naciones más prósperas de nuestro entorno cultural, político, económico…

Frente a la patética exhibición de impotencia, frivolidad y dejadez que llevamos nueve meses soportando, hoy más que nunca es necesaria la intervención de una “autoridad superior” para que se emprendan las profundas reformas que España necesita, de forma radical y continuada, sin interrupciones, nunca de forma tímida o vergonzante; España está necesitada de transformaciones profundas que eliminen barreras, neutralicen el perverso sistema de intercambio de favores e impulsen mecanismos basados en el mérito y el esfuerzo, no en las relaciones, la influencia o la amistad.

Don Felipe VI debe actuar ya, sin dilación y dado que vivimos/sufrimos una situación excepcional, debe promover un excepcional consenso y emprender acciones que vayan en la única dirección admisible: defender los intereses del pueblo, de la nación española.

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