El cardenal Antonio María Rouco Varela, arzobispo de Madrid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, defiende que el Estado tiene como única competencia social el mantenimiento del orden público. Algunos grupos en Latinoamérica se suman a la ofensiva.
Hay padres que hacen objeción de conciencia a la asignatura de Educación para la Ciudadanía que el Gobierno incorporó en los planes de estudios, con el argumento de que ellos tienen “derecho a elegir la educación de sus hijos que les dé la gana”.
El periodista Rafael Reig desmontó el argumento: “¿Pueden los padres, si les da la gana, educar a los hijos en el sistema copernicano, en la creencia de que la tierra es plana o únicamente en esperanto como lengua materna? La convicción de que los hijos son patrimonio de los padres y, por tanto, pueden hacer con ellos lo que ‘les dé la gana’ es típica de individuos como Fritzl, el monstruo de Amstetten (el austriaco que violó durante años y embarazó a su hija en el sótano de su casa)”.
En Latinoamérica, la pobreza, la desigualdad y la injusticia social dejan a la sociedad sin protección frente a la corrupción, la impunidad y el crimen organizado que traspasa cualquier blindaje. La ciudadanía participativa supone el activo más rico frente a esas injusticias porque rompe con el modelo individualista de los sectores más reaccionarios de la sociedad y de quienes se aprovechan del sistema para obtener beneficio propio.
Para ser ciudadano en democracia, cada uno conoce sus derechos y así los puede ejercer. La formación de carácter religioso queda en la esfera de lo privado para nadie se quede sin la posibilidad de convertirse en ciudadanos desde la libertad. Esto no impide que puedan ampliar su formación en ámbitos religiosos no-seculares y seguir sus creencias quienes así lo deseen.
Cuando nació la democracia como forma de vida, el ciudadano tenía que participar en lo que afectaba a toda la sociedad. En ese sentido, el ciudadano se forma desde la educación para la ciudadanía. Sólo un Estado avalado por sus ciudadanos puede incluir a todos en un plan de educación para la ciudadanía de manera que nadie quede excluido.
Se puede adaptar la formación para las distintas edades, pero con un contenido común en materias que destaquen la dignidad humana, la cultura del esfuerzo, la justicia, la seguridad y la educación para la paz, el respeto, el pluralismo y la solidaridad, siempre desde la libertad.
La educación y el conocimiento del orden jurídico son imprescindibles en un Estado de derecho. Los legisladores promueven leyes, los jueces las salvaguardan y garantizan los derechos a los ciudadanos. Para que unos diseñen leyes justas, otros las protejan y otros reclamen sus derechos en función de esas leyes, se tienen que conocer bien las normas de convivencia acordadas y establecidas en un marco político y social.
Carlos A. Miguélez Monroy
Periodista
