Aprovecho que el Pisuerga pasa por Valladolid y que la Audiencia Provincial de Pamplona se ha hecho eco de la denuncia de un ciudadano vilipendiado por el abuso de una entidad financiera, para reclamar de una vez por todas la figura de la dación en pago como método de resolución para los embargos hipotecarios en nuestro país.
Empezando por el principio, que suele ser la mejor forma de empezar, la Audiencia en cuestión ha dictado sentencia de forma que la entidad financiera ejecutadora del embargo tendrá que aceptar el precio de tasación de la vivienda como valor de la misma y no podrá acogerse a la depreciación sufrida en el mercado para mantener la deuda del cliente a pesar de que este entregara la vivienda.
Y es que ahí radica la principal injusticia del sistema hipotecario español en el que el cliente soporta todos los riesgos de la operación inmobiliaria. Si por cualquier circunstancia no pudiera hacer frente a los pagos de sus cuotas mensuales y la entidad financiera ejecutara el embargo el cliente se quedaría sin vivienda y con una deuda resultante de la diferencia entre el capital pendiente de la hipoteca y el precio de venta del inmueble en pública subasta. Es decir, que se queda sin vivienda pero con deuda.
Otros países, sin ser sospechosos de rozar el comunismo trasnochado, como Estados Unidos, aplican la figura de la dación en pago, es decir, que la deuda hipotecaria quede saldada con la entrega del bien que sirvió como garantía para la constitución de la hipoteca, en este caso, la propia vivienda, algo que deberíamos de extrapolar a nuestro país.
Evidentemente, la aplicación retroactiva de la medida provocaría el colapso del sistema financiero, perjudicial para todos, en especial para las propias entidades financieras, por lo que la dación en pago debería de aplicarse para todas las nuevas hipotecas constituidas, de forma que los bancos y cajas compartieran los riesgos de las operaciones inmobiliarias con los clientes.
Se trata de una reclamación de justicia social y cualquier objeción no puede por menos que esconder favores debidos e intereses creados por parte de los partidos políticos que se niegan a debatir esta opción de manera efectiva.
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