Una niña marroquí de 16 años se ha suicidado tras una boda forzada con quien la violó porque la justicia de aquel país permite al agresor casarse con su víctima para evitar una imputación legal, sin que nadie -ni los padres de la niña, ni el violador ni el juez- tuvieran en consideración la opinión de la menor. Así se salvaba el honor que una niña “sucia” podía suponer para la mentalidad de su familia, una mentalidad que está fuertemente influenciada por creencias religiosas que imponen un determinado modelo de sociedad. Sin embargo, no es algo extraño a nuestra realidad en España y en el orbe occidental.
El ministro de justicia español, Alberto Ruiz Gallardón, a dos meses de ocupar el cargo, acaba de justificar una regresión de la ley del aborto en una supuesta “violencia estructural” contra las embarazadas que, sin aportar ningún dato que lo demuestre, obliga a éstas a interrumpir su gestación ante las presiones que sufre en ese sentido. Pero, en vez de identificar y condenar a los autores de esa violencia, limita el derecho al aborto de la mujer, volviendo a una ley de supuestos que deja en manos de los médicos la posibilidad de interrupción del embarazo. Aunque parezca mentira, no se discuten cuestiones científicas, sino morales. Un determinado pensamiento religioso se impone a la sociedad gracias a un Gobierno que asume esa moral en vez de mantener la debida “aconfesionalidad” del Estado y dejar que los ciudadanos decidan en libertad su manera de comportarse. No es algo baladí puesto que, desde esa pretendida autoridad moral, se es capaz de amenazar a la población con sermones, manifestaciones y excomuniones (¿ya nos olvidamos de las pancartas presididas por obispos?) contra los que se apartan de sus doctrinas.
En Estados Unidos, los obispos convocan una “jornada de ayuno y oración” para combatir una ley del presidente Obama que obligaba a centros, como colegios y hospitales, de titularidad religiosa a ofertar a sus empleados métodos anticonceptivos, medida incluida en la reforma sanitaria promulgada en 2010. Parece falaz, pero en un país donde la asistencia sanitaria depende de las compañías aseguradoras que se contratan cuando se consigue un empleo, las objeciones a esta prestación sanitaria colisionan con derechos individuales a causa de consideraciones morales y religiosas.
Ni en Marruecos ni en España ni en Estados Unidos estamos exentos de una injerencia religiosa que, al amparo de “interpretadas” tradiciones históricas y dudosas cuantificaciones numéricas (“siempre ha sido así” y “es lo que quiere la mayoría”), pretende perpetuar un modelo de sociedad acorde a su ideario e intereses, despreciando el derecho a la libertad en materia religiosa, política y cultural consagrado en la Constitución. Y es tan formidable y eficaz esa injerencia que bien podría calificarse como “violencia moral” a la sociedad, pues ésta sí socava el ejercicio de aquellas libertades que se sitúan fuera de su tutela moral, y no la “violencia estructural a las embarazadas” de una ley que dejaba la decisión de abortar en manos de la propia mujer. De la niña marroquí al ministro Gallardón existe una continua línea de pensamiento que, llevado a sus extremos, conduce al suicidio o a la penalización de actitudes y conductas que simplemente deberían constituir ámbitos de libertad y ejercicio de derechos en sociedades liberadas de cualquier tutela religiosa.
