El suicidio de un hombre que iba a perder su vivienda en España ha calentado el debate sobre los desahucios. El creciente desempleo, los recortes sociales y la subida de impuestos impiden que cada vez menos familias puedan pagar su hipoteca y cumplir así con un contrato que firmaron en otra época y en circunstancias que han cambiado.
Pero “los contratos están para cumplirse y la ley es la ley”, dijo la alcaldesa de Madrid, Ana Botella. Estos políticos no muestran coherencia ni guardan las formas cuando se multiplican testimonios trágicos en los medios de comunicación: la madre soltera que, con dos hijos, uno de ellos discapacitado, perdió el trabajo, ancianos que trabajaron toda su vida en el umbral de la exclusión, familias con todos sus miembros desempleados.
Si no gusta la ley, cambiémosla, dijo Botella. Pero el gobierno ha tenido otras prioridades: cambiar la ley del aborto, ilegalizar la captura de imágenes de policías durante manifestaciones, criminalizar la protesta ciudadana, aunque sea pacífica, y endurecer el código penal. Hacienda aprobó una amnistía fiscal para que los evasores de impuestos trajeran sus capitales de regreso a España, con el sonrojo de 50 millones de euros recaudados en cuatro meses. Esta distancia entre “representantes” y “representados” explica la percepción generalizada de los políticos como problema y no como solución a problemas vitales como el de la vivienda.
Un grupo de seis jueces, coordinados por un vocal del Consejo General del Poder Judicial, ha presentado un informe con medidas para cambiar el sistema español de desahucios. Proponen que las ayudas del Estado a la banca se extiendan a las personas que pueden perder su vivienda y entrar en una espiral de exclusión social Se han inyectado más de 50.000 millones de euros inyectados a los bancos y se prevén otros 40.000 para el nuevo saneamiento derivado del rescate europeo, que provienen del estado.
El suicidio del hombre que llevaba cuatro años sin trabajo, el intento fallido de otro al saltar al vacío desde el balcón de su casa, junto con los testimonios de muchas otras personas, le han dado fuerza a propuestas ciudadanas como las de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). La ley hipotecaria vigente desde 1909, obedece a la presión que entonces ejercieron los bancos para que vieran satisfechas las deudas contraídas con ellos en el menor tiempo posible.
Como la PAH, los magistrados exigen que se salde la deuda con la entrega de la vivienda, lo que se conoce como dación en pago. Establecen medidas excepcionales para “deudores de buena fe” cuando se trate de ejecuciones hipotecarias en vivienda habitual o locales de negocio.
Proponen adaptar a la realidad social del momento el umbral de exclusión que exige el Código de Buenas Prácticas de los bancos, aprobado hace unos meses. Un mínimo de personas se pueden acoger a él.
Los magistrados piden también un límite a los intereses moratorios y los privilegios procesales de los bancos. La Asociación Profesional de la Magistratura denuncia la conversión de los juzgados en oficinas de recaudación de las entidades bancarias. Los impagos por la crisis disparan los procedimientos de ejecuciones hipotecarias, embargos y desahucios. Algunos bancos paralizan los trámites cuando les conviene para asegurarse el mejor precio para los inmuebles. Se produce tal colapso en la justicia que jueces y fiscales han amenazado con entorpecer las ejecuciones hipotecarias.
Con la propuesta de los expertos, los jueces tendrían facultades para suspender, de forma provisional, el pago de las cuotas hipotecarias en caso de situaciones excepcionales. Se ampliarían los supuestos en que el deudor puede permanecer en su vivienda o su local de negocio mediante arrendamiento o el pago de cuotas más bajas hasta que la situación económica y laboral del deudor mejora.
Las personas endeudadas, muchas veces por abusos y malas prácticas de los bancos, como señala el informe de los magistrados, no necesitan las plegarias del cardenal Rouco Varela, sino que la aplicación de la ley se adapte a la realidad social del momento.
Carlos Miguélez Monroy
Periodista, coordinador del Centro de Colaboraciones Solidarias (CCS)
