La deuda del ministerio de Defensa español con las industrias militares asciende a cerca de 32.000 millones de euros. Esto significa que la deuda acumulada por la compra de armas es seis veces superior a la deuda en sanidad. A esa cantidad hay que sumarle el presupuesto para material anti-disturbio, que ha aumentado un 1700% en el último año.
Armas… y muerte Foto: Repórter do Futuro
Esta deuda de más de 30.000 millones, destinados en gran parte a los Programas Especiales de Armamentos (PEAS), supone un riesgo para el déficit público. Además muchos de estos programas carecen de utilidad real y las armas quedan obsoletas antes de ser utilizadas. De hecho, hace poco el gobierno ha revelado que los inhibidores comprados para la protección de las tropas en Afganistán y Líbano por un importe de 6 millones de euros “se encuentran almacenados sin poder utilizarse”.
Según los Presupuestos Generales del Estado para 2013, el Ministerio de Defensa contaría con 7.411 millones de euros para este año. Sin embargo, se prevé que pueda llegar hasta los 20.000 millones e, incluso, superarlos. Esta diferencia se explica porque hay partidas militares camufladas en otros ministerios como el de Industria, Exteriores o Interior. Por ello, sin hacer mención a este último dato, desde Defensa se alega que el dinero “para la seguridad nacional” es cada vez menor.
España ocupa el séptimo lugar de exportación de armas y el décimo con mayor gasto militar del mundo. Se estima que este gasto cueste a cada ciudadano español 359 euros al año. Todo ello cuando se producen los mayores recortes sociales de la historia. Mientras el presupuesto en Sanidad se ha rebajado un 14% y el de Educación y Cultura un 22%, el ministerio de Defensa es uno de los más privilegiados con una reducción del 11%.
Parte de la sociedad civil se cuestiona por qué no se disminuye el dinero destinado a armamento en lugar de recortar en sanidad y educación. La respuesta está en el jugoso negocio que plantea la industria armamentística. Las armas se financian con dinero público y generan beneficios privados para las empresas. Sin intereses. Por eso, en tiempos de crisis los mercados “mandan” aumentar las exportaciones, sobre todo en los países en conflicto que son los más rentables. Según la campaña Transparencia por la paz, España es uno de los principales vendedores de armas a Ghana, donde se dan situaciones de inestabilidad y violencia.
Mientras, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, ha justificado la intervención en Malí como “necesaria para estabilizar al país y su entorno ya que la situación era peligrosa para toda Europa y sobre todo para España”. Resulta paradójico que los países europeos y norteamericanos, supuestos defensores de los derechos humanos, sean los mismos que abastecen de armas a países con situaciones de violencia o violaciones graves de derechos humanos. Aunque desde el ejecutivo español no se ha especificado el coste de la intervención maliense, se estima que puede alcanzar los 10 millones.
Fabricar armas es un negocio. Y en el caso de España, un negocio que a diferencia de muchos otros sectores no entiende de crisis. Pese a tener su economía estancada, el negocio armamentístico ha triplicado sus ganancias en los últimos cinco años. Esa rentabilidad atrae nuevas inversiones. Parece no importar si la construcción de un misil deja sin estudios a muchos jóvenes o si las armas fabricadas acaban con la vida de alguien en otro país, pues la única finalidad de las armas es matar. Organizaciones como Amnistía Internacional o Intermon-Oxfam denuncian estas faltas de coherencia desde hace más de veinte años. La crisis no puede servir de excusa, pues existen otras salidas.
