Vaya por delante que mi opinión sobre loes ERE de Andalucía es que todos aquellos que han “metido la mano” en las arcas públicas sean condenados por la Justicia y que aquellos que pusieron a esos desaprensivos en cargos que propiciaron el cometer esta fechoría asuman su responsabilidad política y dimitan tanto de los cargos públicos que ostentan así como los que puedan ocupar en su partido.
Dicho lo anterior, se puede llegar a pensar si es que los españoles estamos asistiendo, visto lo que hay, a una renovación o “modernización” de las normas que conforman todo el funcionamiento, en las facultades que les son concedidas a los jueces, de la Administración de Justicia.
Hace un tiempo contemplábamos la actuación del juez Elpidio José Silva encarcelando a Miguel Blesa, antiguo máximo responsable de Caja Madrid, sin que, al parecer, existiera circunstancia delictiva alguna. La Fiscalía recurrió esta decisión del juez y Blesa fue excarcelado.
Ahora es la jueza que entiende en la instrucción del caso de los ERE de Andalucía, Mercedes Alaya, la que sin fijar las causas de su decisión imputó a la exministra Magdalena Álvarez y a no sé cuantos cargos públicos, esta jueza suele imputar a lo “grande” es decir casi en cantidades “industriales”, y ahora lo ha hecho con los expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Griñán sin que conste el motivo por el cual imputa a ambos, se vuelve a repetir lo ocurrido con la exministra, pero con una novedad: que ha invitado a los dos a que si les parece se pasen por el juzgado a declarar. Los afectados se preguntan y todos nos preguntamos, a declarar qué y sobre qué. Esto es algo inédito dentro del desarrollo de un procedimiento judicial. La Justicia se muestra innovadora. Menos mal que según la juez Alaya lo ha hecho de este modo para “evitar a los aforados, Chaves y Griñán, la influencia mediática”. Es decir por no crear falsas o equivocadas conclusiones que pudieran perjudicar la imagen de estos dos políticos. El efecto ha sido el contrario, y muy normal, la noticia ha aparecido hasta en las hojas parroquiales y la imagen y la credibilidad que puedan tener los dos expresidentes por los suelos.
No digo que sea así, pero hay una cierta sospecha o intuición en la opinión pública de que esta jueza parece ser que está por aguarle cualquier tipo de “fiesta” al PSOE andaluz, la “pintoresca” “imputación” e “invitación” a declarar se hizo pública por parte de la juez, el mismo día que el PSOE “celebraba” la toma de posesión del nuevo gobierno andaluz. La verdad es que uno no entiende de tecnicismos jurídicos pero viendo lo que hace esta juez no es que no lo entienda, más exacto sería decir que no comprende nada. A ver si ahora va a resultar que en un país democrático cualquier ciudadano puede ser imputado por un juez sin que este señale el motivo o la causa por el cual se le imputa, ¡eso si es libertad!, pero no de expresión si no de libertad para que los poderes públicos actúen como les venga en gana. Hasta la fiscalía anticorrupción se ha escandalizo ante esta forma de actuar tan “espectacular” de la juez Mercedes Alaya y los expertos en cuestiones de tipo de jurídico se han quedado boquiabiertos. Por cierto, los que pusieron el grito en el cielo cuando el juez Elpidio José Silva metió en la cárcel a Miguel Blesa, ahora callan.
Acabo como empecé, los que estén involucrados en los ERE de Andalucía a la cárcel, y los que les nombraron dándoles la ocasión de poder robar el dinero público, el de todos, que dimitan y se vayan de la política.
Como dijo, dijo pero sin convicción, María Dolores de Cospedal: Que cada palo aguante su vela. Pero esta forma de actuar de algunos miembros de la judicatura no es muy tranquilizadora para la ciudadanía.
