Este fin de semana confluyeron en Madrid las ocho marchas que partieron de todos los puntos cardinales de España para manifestarse en la capital del reino contra los recortes, los desahucios y el empobrecimiento en general que el Gobierno está consiguiendo con sus políticas en la población.
Los integrantes de las marchas, más de 50.000 personas (según datos policiales) estaban convocados bajo el lema de Marcha de la Dignidad, con el objetivo de expresar públicamente el hartazgo y el malestar de los ciudadanos con las medidas económicas adoptadas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy que castigan especialmente a las víctimas y no a los causantes de la crisis financiera que dice combatir. Una protesta generalizada que quedaba patente en las reivindicaciones que lucían las pancartas de la manifestación final que recorrió Madrid: “No al pago de la deuda”, “Ni un recorte más” y “Fuera Gobierno de la troika”.
En la capital les aguardaba un despliegue policial de más de 1.600 agentes antidisturbios, además de efectivos de la Guardia Civil y Policía municipal para evitar desórdenes y destrozos, a pesar de que la manifestación contaba con la correspondiente autorización de la Delegación del Gobierno. Semejante fuerza “disuasoria” parece demostrar que las autoridades gubernamentales no se fían de la libertad de expresión y manifestación de los ciudadanos y mantienen una presencia alerta que, más que disuadir, logra estimular a grupúsculos extremistas para enfrentarse a las Fuerzas del Orden.
Ninguno de los colectivos integrantes y los miles de ciudadanos participantes de la Marcha de la Dignidad deseaban que se generara la más mínima violencia en la manifestación. Sin embargo, los medios de comunicación de derechas, afines al Gobierno, no cejaron desde semanas antes de la manifestación de resaltar el presunto carácter “radical” de la misma, insinuando que obedecía a consignas de formaciones “violentas” de izquierdas.
Los ideólogos intransigentes de la derecha se afanaron desde las tertulias en las que intervienen en criticar ferozmente la convocatoria de las marchas y en lanzar insultos contra las figuras más representativas que las apoyaban, como el actor Willy Toledo (quien leyó el manifiesto que cerraba las marchas), al que acusan de tener un chalet en Cuba y venir sólo a dar lecciones a los españoles. O el Sindicato Obreros del Campo, liderado por Juan Manuel Sánchez Gordillo, alcalde de Marinaleda (Sevilla), al que tildan de impresentable por “ocupar” simbólicamente fincas y “requisar” carros de comida de los supermercados.
Con todo, a pesar de los insultos y la provocativa presencia de la policía, la Marcha de la Dignidad se realizó sin apenas incidentes para una manifestación tan numerosa y que pretendía exteriorizar el “cabreo” de los ciudadanos contra una gestión del Gobierno que entienden los castiga innecesariamente. Decenas de miles de personas, procedentes de todos los rincones del país, colapsaron el centro de la ciudad y se dispersaron tranquilamente, salvo los puntuales casos de enfrentamientos aislados que dejaron un saldo de veinte policías heridos e igual número de detenidos por vandalismo y agresiones. Algo semejante a lo que ocurre en cualquier partido de fútbol de los considerados de “alto riesgo”, pero con menor trascendencia.
Se quería menospreciar y tergiversar el mensaje contra los recortes que los ciudadanos pretendían transmitir al Gobierno de la Nación y la dignidad de su comportamiento y la franqueza de su actitud no pudieron ser mancillados por los que no soportan la crítica y el disenso.
Los insultos a la dignidad se vuelven en contra de los intransigentes de la derecha española, que temen la concienciación de una sociedad harta de las políticas que impulsa el Gobierno, precisamente en un período -de aquí a 2016- de próximos comicios electorales europeos, municipales y autonómicos.
Olvidan que no es con ofensas sino con razones como se convence a la gente. ¿Sabrán dialogar?
