Los archivos constituyen parte esencial de los recursos de la información de una persona, empresa o entidad, por cuanto en su documentación expresa, el desarrollo histórico de su misión, visión, funciones y actividades que se desarrollan dentro y fuera de ella. En los archivos se refleja la memoria del pasado que se constituye en el fundamento del presente y en soporte de la planeación del futuro; de manera que la archivística, como la ciencia del derecho son interdisciplinares, integran campos de actuación bien diferenciados, pero que en el fondo están articulados sobre el individuo y la capa de derechos fundamentales que permiten su desarrollo.
Es así, como en la XXXIII Asamblea General de la OEA se adoptó la Resolución sobre Acceso a la Información y Fortalecimiento de la Democracia, según la cual el acceso a la información pública es un elemento indispensable para la estructuración y funcionamiento de la democracia, en la búsqueda de la transparencia y la excelencia en la gestión pública; de manera que en los sistemas democráticos, representativos la ciudadanía pueda ejercer sus derechos constitucionales a través de la libertad de expresión, del libre acceso a la información. Por lo tanto, los escritos que se han generado sobre las perspectivas de la administración pública en latinoamérica refieren sobre la preocupación del constituyente primario acerca del manejo de las cosas públicas, la mala administración, el síndrome de anticorrupción, la transparencia y rendición de cuentas, todo bajo el esquema del «buen gobierno».
En este sentido, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado que el acceso a la información en poder del Estado se constituye en un derecho fundamental de los ciudadanos. Este derecho cobra relevancia por encontrarse íntimamente relacionado al principio de transparencia de la administración y la publicidad de los actos de la administración. Así, el Estado se constituye en un elemento articulador para alcanzar el bienestar de la ciudadanía. En este contexto, el titular del derecho a la información es el individuo que mediante la representación delegó en los servidores públicos el manejo de los asuntos y la administración del estado. Es así como el principio de transparencia lo que demanda es una clara posición de servicio de la Administración, organizando y aportando la documentación solicitada, en la medida en que no se encuentre excepcionalmente excluida del ejercicio del derecho.
Sin que el Estado organice y ponga a disposición de la ciudadanía la documentación soporte del proceso administrativo, no puede hablarse y mucho menos ejercitarse plenamente el derecho a la información, al acceso y mucho menos el derecho a la libertad de expresión como mecanismos efectivos de participación ciudadana, y de control democrático de la gestión gubernamental.
Este libro que les presento, se concibe, gracias a los esfuerzos y avances del equipo de investigación que dirige el AUTOR como docente investigador del Programa de Sistemas de Información y Documentación, de la Universidad de la Salle. Este proyecto se enmarca en la cátedra de Derecho a la Información que dirige hace varios años en el programa y cuyo título es «El derecho de acceso a la información pública: su definición conceptual desde la archivística y su incidencia en la gestión documental».
La vocación de transversalidad que posee la archivística y lo intrincada que puede estar con la ciencia del derecho se refleja en la estructura del libro, que se organiza en seis capítulos cortos, que presentan una visión general y sintética de cada una de las temáticas que se abordan en torno al Derecho a la Información y su acceso por el ciudadano. En primer lugar, una presentación conceptual del Derecho y el Estado Social del Derecho, en el marco legal en el que se desarrolla el origen, estructura, principios y mecanismos de protección del ciudadano en torno al derecho a la información.
En segundo lugar un capitulo en torno al El Estado y el Derecho a la Información, en el que trabajamos el derecho propiamente dicho, sus elementos, características y los mecanismos de protección.
En tercer lugar se desarrolla la temática Habeas Data y Propiedad Intelectual, unidad que desarrolla el derecho de habeas data, antecedentes y prescripciones, así como la propiedad intelectual.
En cuarto lugar se desarrolla un tema estructural, el Derecho a la Información, en el que se habla de los sujetos, la brecha digital, la información de dominio público, los procesos de participación y su evolución de manera local y en América latina.
En quinto lugar se desarrolla la temática Información y Ciudadanía cuya estructura esta alrededor del concepto y cualidades de la información, derecho de acceso a la información, sanciones, sub-información y pseudo-información y para cerrar la Autodeterminación informativa.
Para finalizar y cerrar este corto; pero agradable documento el lector encontrara la sexta unidad que trabaja la temática El Archivista y la ética profesional, que incluye algunos conceptos alrededor de la definición del archivista como responsable de una labor estructural en la cadena de la información al ciudadano, abordando tangencialmente la Responsabilidad Social, Penal y su compromiso social.
Más información: http://www.documentalistas.org/publicaciones/ebook_derechoinformacion.php