Colectivos de ciudadanos y abogados alarmados ante el avance de la Ley Mordaza en el Congreso
Madrid.- 8 de octubre de 2014. La Reforma Ley de seguridad ciudadana que llevaba semanas parada en el Congreso ha dado un paso más tras cerrarse el pasado martes las enmiendas a la totalidad, con todos los grupos de la oposición en contra y de una amplia mayoría de la ciudadanía. Otra vez el Partido Popular se empeña en sacar una ley en solitario que supone un retroceso en nuestros derechos fundamentales. El próximo jueves 16 de octubre pasará a ser debatida en el Pleno.
Desde la Plataforma No Somos Delito, formada por más 70 organizaciones de ciudadanos, activistas y juristas, queremos hacer llegar nuestra preocupación y alerta ante el avance de una ley que atenta gravemente contra el ejercicio de los derechos y libertades civiles de los ciudadanos reconocidos tanto en la Constitución Española como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. A partir de hoy, este colectivo se mantiene en estado de alerta y hace un llamamiento a la ciudadanía para oponerse a la aprobación de esta Reforma y pedir al gobierno que la retire.
No Somos Delito lleva más de un año denunciando las consecuencias de este Proyecto de Ley que forma parte de un paquete de medidas en trámite parlamentario como la Reforma del Código Penal y la ley de Enjuiciamiento Civil, dirigidas a criminalizar las libertades civiles, castigar la protesta social pacífica y especialmente, las situaciones de pobreza.
Falsa alarma
En primer lugar, rechazamos una Ley cuya justificación se basa en una supuesta creciente demanda de seguridad y prevención del delito por parte de la ciudadanía que, en realidad, no existe.
Si observamos las estadísticas oficiales de los últimos años todo apunta hacia una disminución acusada en el número de delitos (exceptuando los casos de delitos informáticos y económicos), lo que nos coloca muy por debajo de la media europea, como se puede ver en el Balance de la criminalidad 2013 del Ministerio del Interior).
Tampoco la población se ha mostrado preocupada por un presunto aumento de la inseguridad, según las propias estadísticas del Centro de Investigaciones Sociológicas, la inseguridad ciudadana es una preocupación menor para los españoles, ocupando el doceavo puesto de las encuestas públicas, por detrás de la sanidad, la educación, el paro, la situación económica o la corrupción. “Esto demuestra cómo el gobierno, sin un sustento real, está tratando de crear una falsa percepción de inseguridad en la sociedad que le permita justificar el endurecimiento de las leyes a costa de recortes en los derechos y libertades para reforzar su control y blindarse aún más frente a las numerosas reclamaciones de la ciudadanía.”, según apunta el grupo de juristas de la Plataforma en su comunicado.
Una ley “suavizada”
Hace ya casi un año desde que el gobierno publicó el primer texto del Anteproyecto de Ley sobre Seguridad Ciudadana, borrador que, desde el primer momento, generó el rechazo de múltiples actores sociales, ciudadanos y el de órganos consultivos como el del Consejo Fiscal, el Consejo General del Poder Judicial y la Agencia de Protección de Datos.
En un primer dictamen el Consejo de Estado rechazó el texto “por cuestiones formales” pero meses más tarde un segundo texto sensiblemente modificado pero con las mismas intenciones recibía la valoración positiva del Consejo de Estado. El 11 de julio la Reforma fue aprobaba en Consejo de Ministros y, en su discurso, tanto gobierno como medios de comunicación, trataron de desviar la atención sobre los puntos más polémicos de la Ley centrándose de forma intencionada en aquellas modificaciones incluidas en base a las recomendaciones de los distintos órganos consultivos. El ministro de Interior, declaró incluso haberse “reunido y escuchado a diversas organizaciones sociales entre las que nombró a Amnistía Internacional, Intermon-Oxfam y Greenpeace” sin aclarar que se habían tenido en cuenta muy pocas o ninguna de sus consideraciones.
Conceptos vagos
El Análisis de la reforma realizado por el grupo de expertos de la Plataforma resalta la introducción de una serie de conceptos extremadamente vagos e imprecisos cuya interpretación queda en manos del propio Gobierno, ampliando el margen de discrecionalidad y arbitrariedad de los agentes de policía en su actuación.
Con la nueva Ley de Seguridad Ciudadana se dará vía libre a las fuerzas de seguridad del estado para realizar redadas preventivas, para disolver basándose en percepciones muy subjetivas sin necesidad de prueba, vulnerando derechos humanos como la libertad de manifestación o expresión.
Mordaza a las protestas sociales
Nos referimos a la aplicación de un paquete de sanciones intimidatorias que consideramos hecho a medida de las acciones de protesta social que se vienen desarrollando a raíz de los recortes en derechos sociales que estamos sufriendo con la crisis.
La nueva ley de Seguridad Ciudadana califica como infracciones muy graves, sancionadas con multas de 30.001 a 600.000 euros “Las reuniones o manifestaciones no comunicadas o prohibidas en instalaciones en las que se presten servicios básicos para la comunidad”, como son las estaciones de tren o los aeropuertos.
Sanciona como infracciones graves, con multas de 601 euros a 30.000 euros, «la perturbación grave de la seguridad ciudadana en las reuniones no comunicadas frente al congreso, senado o asambleas legislativas de las comunidades autónomas«.
El texto establece también, sanciones graves por «el uso no autorizado de imágenes, datos personales o profesionales de las autoridades o miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad que puedan poner en peligro la seguridad personal o familiar, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, sin menoscabo del derecho fundamental a la información«, un matiz, este último que podrá generar cierta arbitrariedad en la aplicación de la norma.
A su vez, incluye como infracciones leves sancionables con multas de 100 a 600 euros, «la celebración de reuniones o manifestaciones no comunicadas en lugares de tránsito público» de las que serán responsables «los que se consideren como promotores u organizadores», «las injurias o faltas de respeto y consideración dirigidas contras las fuerzas de seguridad en una concentración o reunión en el ejercicio de sus funciones» o «el escalamiento a edificios o monumentos sin autorización».
Toda esta información se puede consultar en la web de la plataforma donde hay publicados una serie de documentos donde ponemos al alcance de todo el mundo abundante información sobre los cambios que esta legislación supondría en caso de aplicarse finalmente. Los materiales están basados en un riguroso estudio de las anunciadas reformas.
Enlaces en la web:
«¢ Análisis del Proyecto de Ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana julio 2014
«¢ Informe Amnistía Internacional. España: El derecho a protestar, amenazado
