El Tribunal Supremo ha condenado recientemente a siete años de inhabilitación a un profesor de Didáctica y Organización Escolar de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada por haber otorgado la calificación de sobresaliente a una alumna que jamás había asistido a clase ni tampoco había realizado examen alguno. Al parecer, no tenía vínculo alguno con la citada alumna, aunque sí con la administrativa del centro que hizo de intermediaria.
Si ese corrupto proceder fuera exclusivo del mencionado profesor habría que interpretarlo como una simple manzana podrida de las que siempre entran en cualquier cesta. Sin embargo, esa forma de otorgar las calificaciones está mucho más extendida de lo que parece en las universidades españolas, lo cual me hace pensar que si se investigara con rigor ese tema la condena podría extenderse como una mancha de aceite por los campus universitarios españoles, afectando no solo al profesorado sino también a los equipos de gobierno.
Podría citar muchos ejemplos para demostrar que ese incorrecto proceder está más extendido de lo que parece, pero por razones de espacio me limitaré a comentar solo unos pocos.
Cuando empezaron a proliferar en los planes de estudio universitarios las asignaturas optativas, comprobé que mis peores estudiantes obtenían excelentes calificaciones en las materias optativas que cursaban con otros colegas. Como es lógico me extrañó y pensé que a lo mejor yo era demasiado exigente. Pregunté a otros y a otras colegas con fama de no exigir demasiado si habían observado esa diferencia y por unanimidad me respondieron que lo habían comprobado.
Con el fin de saber si “el regalo” de las calificaciones en las asignaturas optativas estaba más o menos generalizado en el conjunto de la universidad, solicité al rectorado que se me asignara una persona del cuerpo administrativo y que se me permitiera revisar las actas de una muestra representativa del alumnado de todas las carreras existentes en el campus durante los últimos cinco años. Sorprendentemente, un proyecto tan sencillo y económico, pero tan iluminativo del mayor o menor rigor en el otorgamiento de la calificaciones universitarias, me fue denegado.
Dado que me fue imposible llevar a cabo ese humilde proyecto de investigación, comencé a indagar los motivos por los que determinados profesores y profesoras luchaban a brazo partido para poder impartir el máximo número posible de materias optativas. En primer lugar, comprobé que el número de alumnos en la mayoría de ese tipo de asignaturas no sobrepasaba la cifra de treinta y en bastantes se situaba entre diez y quince. En segundo lugar, me demostraron que la legislación permite que la carga lectiva de una de esas materias equivalga a la de una materia troncal con más de cien estudiantes, aunque el trabajo sea inmensamente menor. En tercer lugar, los más sinceros no tuvieron inconveniente alguno en confesarme que el medio más eficaz para lograr que cada año escolar hubiera estudiantes que solicitaran cursar sus materias optativas era manteniendo la fama de que las aprobaban todos sin esfuerzo. Solo conozco un caso en el que en una determinada materia optativa el número de estudiantes matriculados superaba con creces al de las asignaturas troncales. A través de los estudiantes pude saber que el motivo de que eligieran dicha materia de forma tan abrumadora no solo era por el aprobado general que recibían, sino también por otras motivaciones que no viene al caso exponer aquí.
Cuando unos pocos años más tarde leí el acuerdo del consejo de gobierno de la universidad, en el que se decía que serían objeto de una investigación especial aquellos profesores y profesoras que suspendieran al alumnado por encima de un determinado tanto por ciento, en lugar de perseguir a quienes regalaban las calificaciones, entendí los auténticos motivos por los que no fui autorizado a realizar esa modesta investigación que he mencionado en los párrafos anteriores.
Otro dato que muestra la nula preocupación de las autoridades académicas por el rigor de las evaluaciones del alumnado es el hecho de haber aprobado una norma que permite que un estudiante universitario pueda obtener la correspondiente titulación teniendo dos asignaturas suspensas siempre que en otra troncal tenga un sobresaliente. Ese fue el motivo aludido por el citado profesor granadino para otorgar el sobresaliente a la afortunada estudiante.
Finalmente, otro ejemplo del consentimiento tácito de los órganos de gobierno de las universidades españolas a favor del nulo rigor en las calificaciones es el hecho de que el porcentaje de aprobados en las pruebas denominadas de selectividad universitaria sobrepase el ochenta y cinco por cierto y que, sin embargo, ninguna autoridad académica haya puesto el grito en el cielo, ni ninguna autoridad política haya hecho algo para evitar ese coladero. La situación es aún más alarmante en la obtención del título de doctor por la anómala y peligrosa proliferación de la máxima calificación.
SANTIAGO MOLINA GARCÁA (catedrático jubilado Universidad de Zaragoza)
