El uno de febrero de 1990, el entonces vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, tuvo que comparecer en el Congreso para dar explicaciones sobre el uso, por parte de su hermano Juan Guerra, de su despacho en la Delegación del Gobierno en Sevilla para tratar asuntos que supuestamente nada tenían que ver con el Gobierno. Por este motivo la Audiencia Provincial condenó a Juan Guerra, por un delito de “usurpación de funciones” al entender que para la existencia de dicho delito “no es necesario que la usurpación vaya acompañada de un engaño, beneficio o lucro personal”. El pasado día dos, el diario El País informaba de que Iñaki Urdangarín, el yerno del Rey, utilizó el Palacio de Marivent, residencia de los Reyes durante el verano en Palma de Mallorca, para negociar contratos entre Nóos, su instituto sin ánimo de lucro, y el Gobierno Balear. A poco que nos fijemos se trata de un asunto muy similar al de Juan Guerra ya que se da la circunstancia de que, como señaló la Audiencia en el llamado “caso Juan Guerra”, puede existir “usurpación de funciones” y que para la existencia de dicho delito “no es necesario que la usurpación vaya acompañada de un engaño, beneficio o lucro personal”.
Si tenemos en cuenta la frase del Rey en su discurso de Nochebuena, a través de la cual puso de manifiesto que “ante la Justicia todos somos iguales” creo que en el caso del uso del Palacio de Marivent por parte de Urdangarín, la Justicia debe seguir los mismos pasos que dio cuando lo de Juan Guerra. Asimismo “alguien” debería comparecer en el Congreso para dar explicaciones y llevando el caso a los mismos términos en que se desarrolló el “caso Juan Guerra”, “alguien” debería dimitir como en su día lo hizo Alfonso Guerra.
No es muy creíble que en la Casa del Rey ignoraran las andanzas del yerno ni tampoco creo que no estuvieran al corriente de las reuniones de negocios de Iñaki Uredangarín en el Palacio de Marivent. Cuesta creerlo, han existido signos externos suficientes como para darse cuenta de que “algo estaba pasando”.
