Mi hijo se ha ido a Madrid, a estudiar un máster, para alegría de la familia, y ruina económica de sus padres…
Un máster de verdad, no de esos que “regalan” a los políticos, para aparentar que tienen estudios, y que están donde están por su gran formación, y no por haber chupado culos de los caciques de sus respectivos partidos políticos.
Había oído hablar del alto coste de los alojamientos en Madrid, Villa y Corte, pero ahora lo estoy sufriendo en mis propias carnes.
Se alquilan pisos por habitaciones, a unos precios escandalosos, de forma que una simple habitación en Madrid, en una zona normal, puede costarte lo mismo –o más- que alquilar un piso entero en Zaragoza.
Todo bajo contrato, no vaya a ser que el inquilino se vaya sin pagar, pero eso sí, el dinero en efectivo, para no dejar rastro. En otras palabras, todo es dinero negro.
A un piso bien situado, de cinco habitaciones, por ejemplo, se le pueden sacar perfectamente de dos mil quinientos a tres euros al mes, alquilando las habitaciones…
Y sin pagar nada a Hacienda, ni declarar esos ingresos en la renta, faltaría más, que aquí todos somos honrados, y yo el primero.
¿Qué solución tiene esta situación?
No siendo ningún experto en la materia, se me ocurren algunas:
- Obligar a registrar todos los arrendamientos ante Hacienda, por ejemplo, penalizando al propietario que no registre el contrato, o los subarriendos, con el “derecho” de los inquilinos a seguir en el piso hasta el fin de sus días.
- Volver a poner en marcha las “cámaras de la propiedad urbana”, donde se controlaban los arrendamientos, y a cuyos datos podía acceder Hacienda, al tratarse de un organismo oficial.
(Creo recordar que fue en la época de Felipe González –corríjanme, si me equivoco-, cuándo se suprimieron, pues empezaron a quejarse de las constantes subidas de los impuestos sobre las viviendas, y claro un partido totalitario eso no podía permitirlo…).
- Conceder deducciones fiscales por las cantidades pagadas por arrendamientos y subarriendos en las declaraciones de la renta, identificando debidamente al perceptor de esas cantidades, para que Hacienda le lea la cartilla, en su caso.
En definitiva, querer es poder.
Ahora bien, ¿ustedes creen que nuestros diputados y senadores, muchos de ellos propietarios de varias viviendas en alquiler, mientras cobran 2.850 euros mensuales para hotel, sin necesidad de justificar ese gasto ni de declarar ese ingreso, tienen realmente algún interés por meter mano a este gigantesco fraude fiscal, posiblemente el mayor de la España actual, o por lo menos, uno de los más importantes?
Lo dudo mucho, la verdad.
Ramiro GRAU MORANCHO,
Abogado, Profesor Universitario de Derecho y Académico Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España.
