El filósofo alemán Immanuel Kant, decía que «Un gobierno basado en el principio de la benevolencia hacia el pueblo, como el gobierno de un padre sobre los hijos, es decir, un gobierno paternalista (imperium paternale), en el que los súbditos, como los hijos menores de edad que no pueden distinguir lo que es útil o dañino, y son obligados a comportarse pasivamente para esperar que el jefe de Estado juzgue la manera en que deben ser felices y esperar su bondad, es el peor despotismo que se pueda imaginar».
Hasta ahora el capitalismo occidental se ha posicionado en un paternalismo seudo-democrático donde el ciudadano medio es visto y tratado como un niño, alguien incapaz de responsabilizarse de sí mismo y decidir sobre su futuro.
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La versión más patológica de este paternalismo es el autoritarismo, más propio de países sudamericanos, africanos y asiáticos, donde el Estado, haciendo el papel de padre riguroso y «benefactor», impone órdenes y reglas de manera arbitraria y sin contar con la opinión o las necesidades de los ciudadanos, a quienes se les prohíbe decir lo que piensan y actuar por cuenta propia. Bajo la amenaza del castigo, al pueblo se le mantiene en un permanente estado de terror infantil y conformismo fatalista. Al juez, al policía, al político, a cualquiera que ocupe un cargo de responsabilidad no se le exige capacidad sino lealtad. Así, el adulto tratado como niño (temeroso de ser encerrado en el cuarto oscuro de la sociedad) no desarrolla jamás sus capacidades emocionales y es incapaz de alcanzar un sistema de pensamiento propio.
Afortunadamente, gracias al liberalismo financiero y a las redes sociales que estimulan la lucidez del ciudadano y fomentan la rebelión, estos regímenes están en claro declive, siendo sustituidos subrepticiamente por un paternalismo populista menos brutal pero sí más sutilmente manipulador y disuasorio, evitando así una excesiva mala imagen ante la comunidad internacional, de la que dependen para sus negocios. Así pues, a los sectores menos afines al poder ya no se les castiga o persigue, más bien se les controla mediante trabas administrativas e impuestos desorbitados. Subsidia a otros sectores no en función de su eficiencia sino por los votos que representa y por sus contribuciones políticas. En vez de apostar por la investigación y el desarrollo, recurre a la dádiva para fomentar la dependencia del pueblo al gobierno, y por ende su agradecimiento. Su meta no es que los pobres superen su situación y se valgan por sí mismos, sino más bien lograr su adhesión ideológica. Siendo la pobreza el mejor generador de la ignorancia y la dependencia, le conviene que los pobres se multipliquen.
Tanto el populismo como el autoritarismo, que son lo mismo bajo diferente disfraz, destruyen los incentivos para que los ciudadanos prosperen autónomamente y los enfrenta entre sí por el reparto de ingresos o subsidios. Su objetivo no es tanto la paz o el bien común como su permanencia en el poder.
No muy diferente es el actual paternalismo «democrático», propio de países europeos como España, Grecia o Italia, donde sutilmente se controla la voluntad del ciudadano haciéndole creer que es libre en la toma de decisiones, pero imponiéndole una obediencia disfrazada como «medida necesaria de austeridad».
A diferencia del dictador o el populista, que busca la permanencia indefinida en el poder político, el paternalista demócrata busca el enriquecimiento económico a corto plazo sin preocuparse demasiado por el poder político, que más bien es un medio para forrarse.
Al contrario que los otros, que son autoritarios con las minorías privilegiadas mediante impuestos abusivos o violando sus derechos de propiedad –«por el bien de la colectividad»–, éste se muestra adulador y permisivo con las minorías privilegiadas (permisividad ante la corrupción, relajamiento de la inspección tributaria, facilidades a la evasión de impuestos mediante paraísos o amnistías fiscales, etc.), de los que recibirá réditos a medio plazo, y autoritario y desdeñoso con la mayoría de los votantes ya sea mediante impuestos desorbitantes o vulnerando sus derechos democráticos con leyes desmedidas y oportunistas, desmantelando de paso el estado de bienestar mediante la privatización de administraciones públicas como la educación y la sanidad. Aunque unos y otros persiguen poderes diferentes, las consecuencias de su política no difieren demasiado, ya que fomentan la pobreza y la precariedad social por interés propio. Tampoco difieren demasiado en imponer una determinada moral o limitar las libertades democráticas de los ciudadanos (sobre todo los partidos de derecha) con leyes discriminatorias contrarias al aborto, al matrimonio entre parejas homosexuales, a la huelga o a la manifestación. Ni tampoco difieren mucho en cuanto a la elección de políticos y jueces, donde la lealtad prima sobre la capacidad.
Hay quienes defienden (con cierto egocentrismo) este modelo de paternalismo capitalista como el mejor de todos los modelos posibles, ya que fomenta la competitividad y por lo tanto el progreso, aun a costa del empobrecimiento de una buena parte de la población. Es la llamada «ley del más apto». Según ellos, el papel del Estado consiste en fomentar la competitividad y en premiar a quienes consiguen sus objetivos financieros, ignorando o marginando a quienes se quedan en el camino o carecen de las posibilidades de subirse en el dorado carro del capitalismo. Así pues se preguntan: «¿Por qué ha de ser el Estado y no los propios ciudadanos los que deban ocuparse de su porvenir? En la analogía familiar, ¿es justo, por ejemplo, que la educación de los hijos aptos se sacrifique para compensar a un hijo minusválido?» Sorprende la poca consciencia de estos defensores del capitalismo liberal a ultranza, que no tienen en cuenta que los no privilegiados son la mayoría de la población y que a través de sus impuestos dan de comer al Estado y de llevar al poder precisamente a los más «aptos», que necesitan de las clases medias y bajas para mantenerse en el carro. Hay quienes confunden la prestación de subsidios con el populismo antes mencionado, pero dejemos claro que una cosa es aplicar la Constitución y las Leyes Internacionales de Derechos Humanos, donde toda persona tiene derecho a una vivienda mínimamente en condiciones o a recibir un subsidio en caso de estar desempleado, y otra cosa es interferir en la libertad de derecho y en la vida privada de los ciudadanos con leyes discriminatorias. No confundamos el derecho de dignidad del ser humano con el paternalismo. La dignidad intrínseca del ser humano empieza por el que hace la ley. No es indigno el ciudadano que duerme en la calle sobre cartones sino el político que ignora derechos constitutivos básicos denegando subsidios, desahuciando y empujando a la calle a ciudadanos en situación de extrema precariedad. El humilde trabajador que paga religiosamente sus impuestos no lo hace precisamente para enriquecer a los más privilegiados sino para aportar su granito de arena en pro del bienestar generalizado.
Lo ideal sería un gobierno que fomente la igualdad de oportunidades entre clases sin desfavorecer a unos en favor de otros.
Algunos países del norte de Europa como Suecia, Noruega, Islandia y Finlandia han demostrado que con inteligencia y buenas maneras es posible conjugar desarrollo con sostenibilidad social mediante inversiones en investigación y subsidios a las clases desfavorecidas sin caer por ello en un paternalismo populista o dictatorial, hasta el punto de que prácticamente han desaparecido las mencionadas clases desfavorecidas. Sólo en estos países se ha adoptado un enfoque realmente democrático y respetuoso hacia los ciudadanos, donde se les empieza a tratar como seres adultos capaces de valerse por sí mismos y con poder en la toma de decisiones políticas y judiciales, como encarcelar o echar de su cargo a cualquier político que se beneficie a costa de la ciudadanía o incumpla sus promesas. Aunque este sistema democrático todavía está en pañales, su crecimiento es progresivo. No es casualidad que estos países lideren el índice mundial en calidad de vida y de que su sistema educativo sea el más desarrollado del mundo, ya que la verdadera democracia sólo es posible a través de una educación de calidad.
