La persecución que sufren inmigrantes de todo el mundo exige un llamamiento a los Gobiernos para que respeten y protejan derechos que reconoce la Declaración Universal de Derechos Humanos, que cumple 61 años.
Llevaba una vida “normal” en España hasta que denunció por despido improcedente a la empresa para la que trabajaba. A la salida del juzgado, tras su primera declaración, lo esperaban agentes de la Brigada de Extranjería. Luis Egaña es paraguayo y vive sin papeles en España desde hace tres años.
El último fallo del juzgado obliga a la empresa a readmitir a Egaña o a indemnizarlo con más de 3.000 dólares, además de una compensación por los meses sin cobrar por el despido. Unos 10.000 dólares en total. Esta sentencia podría dar paso a que el juez anule la orden de expulsión a su país.
La sentencia refuerza una imagen de España como país de acogida que otros países del mundo rico no tienen. Pero la crisis económica y las cifras de desempleo más altas que ha registrado España coinciden con una cacería de inmigrantes que han denunciado grupos de derechos humanos y colectivos de ONG. Algunos policías españoles han reconocido que sus mandos los presionan para llevar a cabo esta persecución.
“Al principio de la jornada hay que identificar a los posibles extranjeros indocumentados que estén por la calle. Vamos a bocas de metro, a locutorios, parques y sitios donde podamos encontrarles y pedirles los papeles”, cuenta un policía. Dice que él y sus compañeros prefieren las mañanas para esta labor y así poder dedicar el resto de la jornada a emergencias y a auténticos delitos.
A Alma, venezolana y estudiante de doctorado en España, le gustaría que los medios de comunicación hubieran denunciado la redada de la policía en un concierto de un grupo venezolano hace unos meses. Aunque tiene visa de estudiante, Alma no llevaba su pasaporte al concierto. Después de una larga discusión, la dejaron ir. A muchos se los llevaron a la comisaría.
En otros países, la cacería ha cobrado mayor intensidad. Algunos medios de desinformación y políticos que utilizan la demagogia para ganar votos culpabilizan a los inmigrantes por el desempleo y la crisis económica. A esto se suma una creciente criminalización en Estados Unidos, Italia y Reino Unido de los extranjeros, alimentada por la ‘amenaza del terrorismo’ y por la difusión cada vez más repetida de imágenes violentas. Algunos medios del ‘mundo libre’ especifican la nacionalidad de los delincuentes en los titulares, lo que no sucede cuando se trata de un nacional.
A pesar de estos atropellos, en muchos de estos países ricos existen ciertas garantías para los inmigrantes y protección de sus derechos humanos. En México, casi 10.000 emigrantes centroamericanos fueron secuestrados y torturados entre septiembre de 2008 y febrero de 2009, como demuestra un informe de la Corte Nacional de Derechos Humanos. La mayoría de las víctimas provenía de Honduras, el Salvador y Guatemala, y se dirigían a Estados Unidos.
Los derechos reconocidos por los países al firmar la Declaración Universal de los Derechos Humanos está dirigido a todos los países, ricos y empobrecidos. Por ejemplo, el derecho a no ser detenido, preso o arrestado (artículo 9), el derecho de “toda persona” a “circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado” y a “salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país (artículo 13) o, en caso de persecución, el derecho a “buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país” (artículo 14).
El 60% de las personas que emigran se dirigen a países con la misma franja económica, según el más reciente informe del Programa de naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Los ricos emigran a países ricos y, los pobres, a otros países empobrecidos.
Aunque la emigración hacia países ricos del Norte ha remitido por las vallas y por la crisis económica que se ha ensañado con los extranjeros, los expertos coinciden en la necesidad de millones de inmigrantes para compensar las bajas tasas de natalidad y el cambio en los modelos familiares y de consumo; también para sostener los servicios sociales de poblaciones cada vez más envejecidas.
La declaración Universal de los derechos Humanos pretendía que todos los firmantes incorporaran sus valores a las jurisdicciones nacionales. Por eso, los derechos de quienes emigran por razones diversas tienen más vigencia que nunca.
Carlos Miguélez Monroy
Periodista
