Cuando el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) se alzó con la victoria en las elecciones generales turcas de 2002, el Presidente Bush no tardó en mandar un desconcertante mensaje a sus aliados europeos: “Los ganadores de los comicios son ‘islamistas moderados’. Hay que acelerar el ingreso de Turquía en la Unión Europea”. Extraña recomendación, pues acababa de comenzar la guerra contra el ‘terrorismo islamista’, interpretado por muchos ciudadanos estadounidenses como una pugna entre Occidente y el Islam.
Para muchos políticos del Viejo Continente, la sugerencia de Bush suponía una injerencia en la titubeante política exterior de la Unión. Durante casi cuatro décadas, los estadistas otomanos se empeñaron en supeditar los intereses geoestratégicos de su país a los objetivos político-ideológicos del gran aliado norteamericano.
La aparente simbiosis entre Washington y Ankara contrastaba con las reticencias de algunos miembros europeos de la OTAN, más propensos a recurrir a la diplomacia en los tratos con Moscú y sus aliados del llamado “campo socialista”.
Los misiles desplegados en Alemania, Turquía o Inglaterra no precipitaron la caída del Muro de Berlín. Rusia y sus aliados fueron incapaces de edificar un sistema económico capaz de enfrentarse a la opulencia de Occidente. Los dueños del Kremlin tuvieron que claudicar por la inoperancia de su sistema socioeconómico. Un modelo de sociedad que llamó la atención, en los años 20 del pasado siglo, del padre de la Turquía moderna, Mustafá Kemal AtatÁ¼rk.
En las estructuras del ese Estado turco se detectan algunas similitudes con los esquemas leninistas de la Revolución de Octubre. Sin embargo, AtatÁ¼rk no llegó a emular el modelo soviético, considerándolo demasiado rígido y poco acorde con el objetivo de los jóvenes turcos: edificar un país moderno de corte occidental.
Sin embargo, las peculiaridades de Turquía, antigua potencia imperial que perdió sus posesiones balcánicas, magrebíes y asiáticas en menos de un siglo, obligaban a establecer unas estructuras estatales inusuales en Occidente. El Consejo Nacional de Seguridad (CNS), organismo de control y vigilancia del laicismo, integrado en su gran mayoría por militares de alta graduación, ha sido criticado por los estadistas del Viejo Continente, poco dispuestos a aceptar la participación del estamento castrense en la vida política del país. Sin embargo, la intervención del CNS abortó varios intentos de golpes de Estado.
La guerra entre islamistas y kemalistas se remonta a mediados de 2004, cuando algunos políticos pertenecientes a la mayoría parlamentaria empezaron a reclamar la modernización de las estructuras del Estado. Para los tradicionalistas, ello implicaba la renuncia a algunas de las cláusulas de salvaguardia del sistema ideado por AtatÁ¼rk. De ahí el malestar creado en las altas esferas del Ejército, de ahí las reiteradas advertencias de los militares al equipo de Erdogan. Pero Turquía, que negocia su adhesión a la Unión Europea, no puede permitirse el lujo de un nuevo golpe. Tanto los políticos como los generales son conscientes de que ello haría fracasar al arduo proceso de negociación, que supondría un fracaso diplomático para Ankara. Había optar por una opción más occidental.
En los últimos meses, los jueces han tomado el relevo de los generales. La anulación de la llamada Ley del velo por el Tribunal Constitucional turco desencadenó una profunda crisis entre la Justicia y el Ejecutivo. Los colaboradores del Primer Ministro turco acusaron a los magistrados de haberse extralimitado, al censurar el fondo de la reforma constitucional, no la forma (jurídica) de ésta.
Pero la pugna no acaba aquí; el alto Tribunal podría ilegalizar en los meses de verano el partido de Erdogan y decretar la inhabilitación de 71 de sus dirigentes, alegando la violación del artículo de la Constitución que declara inamovibles las estructuras kemalistas. Se cree que la inhabilitación de los líderes del AKP provocaría el aplazamiento sine die de las consultas con Bruselas.
Pero hay más: mientras el Gabinete de Erdogan lucha por la supervivencia, la Justicia turca revela la existencia de una trama golpista para el derrocamiento del Gobierno del AKP. Se trata, aparentemente, de un grupo de 86 ex militares, empresarios y periodistas, que conspiran desde 2004.
La inestabilidad política preocupa a los inversionistas extranjeros. En lo que va de año, Turquía ha recibido alrededor de 13.000 millones de euros, un 20% que lo previsto para 2008. ¿A quién le favorece, en definitiva, la desestabilización del país otomano?
Adrián Mac Liman
Analista Político Internacional
