Las entidades financieras de este país le siguen haciendo «la trece catorce» al gobierno, exigen, exigen y exigen, pero luego no cumplen con sus compromisos de hacer fluir el crédito, a pesar de que las líneas de crédito ICO abiertas para tal menester, en un ejercicio de cinismo galopante que está afectando, de manera negativa a la recuperación económica del país.
Porque el crédito tiene una función fundamental en nuestras economías. Permite que los empresarios puedan acometer proyectos de inversión viables, facilita el gran consumo y dinamiza, en general, a la economía al servir de intermediario entre la oferta y la demanda.
Las entidades financieras tienen una responsabilidad social que deben de acometer y, aún entendiendo que se trata de empresas privadas que buscan la obtención de beneficio, deben de realizar un ejercicio de justicia ética y corresponder al Gobierno que les está ayudando, con el dinero de los impuestos de todos los españoles, poniendo en circulación el dinero que la economía necesita.
En lugar de ello, se han lanzado a una batalla sin cuartel por obtener la liquidez del mercado, en lo que se ha venido a denominar la guerra del pasivo. Ante las dificultades que siguen teniendo en sus balances, con gran peso de las viviendas embargadas, las nuevas necesidades de cobertura impuestas por el Banco de España, y la generalizada falta de liquidez otorgada por los mercados internacionales, los pequeños ahorradores son ahora los grandes objetivos de los bancos y cajas, que quieren así aligerar su situación.
El problema es que al priorizar la captación de fondos, vía depósitos, están dejando de lado la oferta de crédito, a lo que se une el encarecimiento del mismo, con lo que nos estamos encontrando con una disminución de la demanda efectiva, cada vez menos gente se puede permitir el acceso al crédito, y una disminución de la oferta, en una situación que nos aleja, cada vez más, del equilibrio económico al que deberíamos de tender.
