Delitos y crímenes económicos contra derechos
Políticos, financieros, … ladrones de guante blanco. Fotot: Juan Ignacio Garay
Historia a tres bandas. Por un lado, los trabajadores financian Europa. En el Reino de España, por ejemplo, cerca del 90% del total de impuestos recaudados procede de las rentas del trabajo. En Grecia, Portugal, Italia… tres cuartos de lo mismo. Por otro lado, quienes más tienen eluden y evaden impuestos por sistema. En Reino Unido, 466 empresas de las 700 mayores corporaciones apenas pagaron 12 millones de euros en 2005 y 2006 en impuestos por beneficios, mientras las otras 234 no pagaron ni una libra. Y no es una situación excepcional. Según Xavier Harel, los impuestos eludidos y evadidos cuestan a la Unión Europea 200.000 millones de euros anuales.
Y en el tercer lado, los grandes delincuentes parecen tener patente de corso, gozar de práctica inmunidad. Son quienes saquean a mansalva, corrompen, maquinan para elevar precios, blanquean dinero y ejecutan enormes estafas. Como escribió Manuel López-Rey, “mientras el ladrón común es considerado un marginado, el delincuente económico no está marginado ni se enfrenta al sistema, porque forma parte de él”.
Como denunciara Alejandro Teitelbaum, hay impunidad de delincuentes económicos por la actuación y las omisiones de las instituciones y poderes políticos. Fruto de la evasión de impuestos y de los crímenes económicos, según Tax Justice Network, los patrimonios ocultos en paraísos fiscales suman de 21 a 32 billones (trillions) de dólares. Y de esa ocultación y del consiguiente fraude fiscal son cómplices necesarios los 50 principales grandes bancos privados así como los más importantes despachos de asesoría legal y contable.
En España, 33 de las 35 grandes empresas del Ibex tienen filiales, delegaciones o empresas pantallas en paraísos fiscales, según un informe elaborado por el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa. En total hay 437 empresas, delegaciones o filiales de grandes empresas españolas en paraísos fiscales; 60% más que en 2009. Banco Santander, ACS, BBVA, Repsol YPF, FCC… están establecidos en Delaware, Holanda, Luxemburgo, Irlanda, Suiza o Hong Kong. Y no para hacer turismo. Por lo menos 550.000 millones de euros de origen español (equivalente al 45% del PIB) se ocultan en paraísos fiscales, según la revista Alternativas Económicas.
Y se podría hablar en términos semejantes del resto de países europeos. Por eso, mandatarios de la Unión Europea se reunieron hace unos días para enfrentarse al fraude fiscal. O eso dijeron. Pero, como en anteriores ocasiones, lo hablado en Bruselas solo ha sido un capítulo de buenas intenciones.
Nada se concretó sobre el presunto fin del secreto bancario ni contra la “ingeniería” financiera evasora de impuestos de grandes empresas. Cómo tampoco se acordó plazo alguno de tiempo para concretarlo. Ni tampoco se apuntó mecanismo alguno para obligar a los estados a cumplir sus obligaciones contra el fraude fiscal, como les obligan a cumplir con el déficit presupuestario marcado. Y los paraísos fiscales, ni mencionarlos.
¿Cómo creerá nadie que la Unión Europea haga algo contra el contubernio ‘paraísos fiscales-fraude fiscal’ cuando dos estados de pleno derecho (Austria y Luxemburgo) son paraísos fiscales?
La clave es acabar con el secreto bancario. Y acabar con el secreto bancario significa que nadie tenga la menor posibilidad de ocultar en lugar alguno fondos, depósitos, movimientos de capital, cuentas corrientes y beneficios para escamotearlos a las autoridades tributarias y judiciales.
En inglés, delito y crimen no se distinguen; en ambos casos es crime. Pero en castellano puede haber un delito con sanción penal que no sea un crimen (ser miembro de un partido en la dictadura franquista, por ejemplo, o abortar en regímenes “religiosizados”). Como puede haber un crimen que no sea delito, porque no esté tipificado en el código penal. Ese es el caso. Los paraísos fiscales son centros criminales, como crímenes son ciertas actuaciones económicas y financieras habituales. Pero aún no se tipifican como delito.
Este estado de crimen económico permanente aumenta la legitimidad de la ciudadanía en todas sus reivindicaciones y exigencias. Una legitimidad que emana de que las personas nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Para defender esos derechos, la ciudadanía ha de eliminar los privilegios de la minoría rica y a menudo criminal que ellos pretenden son derechos.
