El gobierno de España ha paralizado más de cien becas para la investigación científica tras anunciar un recorte de 600 millones de euros en el presupuesto destinado a investigación, desarrollo e innovación (I+D+i).
El anterior gobierno socialista ya mostró su postura restrictiva durante los últimos dos años. Desde 2009 la financiación para ciencia e investigación ha descendido un 30%.
La desaparición del Ministerio de Ciencia e Innovación después de la entrada del nuevo ejecutivo hace poco más de un mes refleja el deterioro progresivo del área.
Ahora el organismo encargado de la investigación es la secretaría de I+D+i, dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad. “La desaparición del Ministerio de Ciencia no es una buena noticia, como tampoco lo es el anunciado recorte de 600 millones de euros en investigación; dejar de investigar es mucho más caro que hacerlo», ha declarado el prestigioso investigador contra el cáncer Manel Esteller.
Carmen Vela, la nueva secretaria de Estado de I+D+i, ha dicho que intentará minimizar los efectos negativos sobre la investigación. Además ha considerado «inevitable» el recorte de 600 millones de euros impuesto por el nuevo ejecutivo a este sector.
Mientras el ministro de economía, Luis de Guindos, se muestra firme y resignado: “habrá que hacer más con menos”, los sindicatos han calificado esta reducción como un nuevo “hachazo” a la ciencia española y a sus aspiraciones.
El descenso en la financiación retrotrae al presupuesto de la ciencia española a niveles del año 2005. El ahorro pretendido, además de provocar la suspensión de numerosas investigaciones, pone en peligro la incorporación de nuevos científicos al sistema de I+D en el medio plazo.
El Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica fijó como objetivo llegar a la financiación del 2% del Producto Interior Bruto (PIB). El gobierno anterior ya pospuso esta meta y ahora parece inalcanzable durante unos años. España invierte el 1’37% de su PIB en I+D+i, mientras que la media europea se sitúa en un 2%. Ninguno de los países más avanzados de Europa ha rebajado la financiación, como mucho la han mantenido.
El mayor recorte se notará en la investigación pública. El daño a las subvenciones y préstamos para innovación a las empresas privadas será menor. Se pretende promover la actividad investigadora en las empresas. Pese a esta iniciativa, puesta en marcha años atrás, los resultados no son los esperados. España presenta una peculiaridad con respecto a los países con elevado índice de desarrollo: la mayoría de investigadores trabajan en el sector público porque el sector privado no genera oferta. Las empresas españolas solo accederán a comenzar una investigación si en sus previsiones está la obtención de enormes beneficios. La idea de estimular la actividad científica privada debería verse acompañada de una administración cerciorada de que las empresas hacen un uso eficiente de las subvenciones.
Mientras las entidades privadas solo atienden a la rentabilidad, el sector público cumple una función de servicio ciudadano. Organismos Públicos de Investigación (OPI) como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) o el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) estudian las causas y soluciones de muchas enfermedades o los efectos negativos de la contaminación sin mirar de manera prioritaria la rentabilidad.
Los dirigentes políticos, sobre todo en época de crisis, se empeñan en cumplir los objetivos de déficit para no recibir las reprimendas de los controladores del mercado. Su obcecación por las cifras inmediatas no les permite ver más allá.
El sistema de investigación público español cada vez está más cerca del colapso y la filantropía aparece como la última esperanza. Incluso se están promoviendo iniciativas para que en la declaración de la renta se incluya una casilla de donación para financiar la investigación.
Todos los expertos coinciden en que la financiación a la investigación y el desarrollo es compatible con una economía sostenible. No se ha de ver como gasto, sino como inversión. De hecho, a largo plazo, la apuesta por la investigación permitirá un ahorro mucho mayor del que se pretende ahora, sobre todo en sanidad.
Como propone el profesor de Economía Pública Santiago Lago, “es preferible aplazar la ejecución de una autovía que cerrar un centro de I+D+i o expulsar a 100 investigadores del sistema de innovación”.
Víctor García Arroyo
Periodista
