Llevamos unos días en que la irritación social está alcanzando niveles excesivos. El español, desacostumbrado a confusos laberintos jurídicos y a torneos retóricos o gestuales, se desconcierta ante resoluciones cuya naturaleza (unidireccional, por tanto adicta y vejatoria) permite inquirir hacia qué lado inclinan la justicia. Estoy convencido -porque España, a excepción quizás de los políticos, extraña muertos ajenos pues todos le son propios- de que el país entero ha sido víctima del terrorismo. Tal escenario implica que estemos provistos de sentimientos hostiles al Tribunal causante de emociones invariablemente amargas. Encima silencia iniciativas o sugerencias que ayuden a romper ese trasfondo insensible en relación a la salvaguarda de ciertas compensaciones morales a las víctimas. Incauta actitud y alineamiento.
Foto: sancho_panza
Desde mi punto de vista, justicia y resoluciones judiciales divergen con frecuencia. Incluso, a veces, se oponen. Cuando esto ocurre debemos considerar refractario al juez e inconsistente el texto legal. Justicia e iniquidad -cruz de la primera- son inmanentes al hombre, le acompañan formando un conjunto imbricado a su andadura terrena. Las disposiciones legales provienen del Estado (variopinto, mutable, capcioso) que debiera defender los derechos ciudadanos por encima de cualquier circunstancia inoportuna o agreste. Si no lo practica pierde toda razón de ser.
Algún filósofo clásico enunció que: “La justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su derecho”. Constata que las reflexiones anteriores son certeras. Disponemos de ejemplos vitales e históricos que exhiben discrepancias notables entre justicia y ley. Para que fueran semejantes, a esta le sobra la venda. Los puristas podrían calificar de irresponsable esta desiderata. Pudieran pensar -tales puristas- que la venda impide al juez cualquier sometimiento a sentidos, estímulos o afectos. ¿Acaso la venda asegura independencia y equilibrio? No, ¿verdad? Pues eso.
Nadie negará que el juicio de Núremberg, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, constituyó un desagravio de vencedores sobre vencidos. Con resultado contrario, hubieran sido reos los que ahora forman el Tribunal. Contra ellos se hubiera utilizado parejo basamento legislativo ad hoc. Semejante contexto revela la contingencia legal. Doce penas de muerte y tres cadenas perpetuas jalonaron la “defensa de los Derechos Humanos”. Crímenes de Guerra, Crímenes contra la Humanidad y Guerra de Agresión sirvieron de sarcasmo, sobre todo a la participación Rusa. Nada importaron los millones de muertos, asesinados dentro y fuera del país, cuya responsabilidad correspondió sólo a Stalin. Resultó paradójico que juristas propuestos por el gobierno ruso juzgaran crímenes contra la Humanidad. Se aplicaron leyes a cuyo imperio debieron someterse parte de los mandatarios para darles apariencia de legitimidad. He aquí otro episodio que apunta la disensión ocasional entre ley, defensa de los derechos humanos y justicia. ¿Ardor? No; apaño. Una adecuación de la ley al momento sin más.
España, atormentada por malhechores de la peor calaña y terroristas, tenía un Código Penal desproporcionado, benigno, laxo. Diversos motivos, no siempre justificados con trasparencia, sirvieron de excusa para dar largas a una legislación algo más severa. Delitos que causaron gran alarma social, tras los arbitrajes jurídicos dejaron -al compás- insatisfacción penal. Fue el detonante de la doctrina Parot. Desde ese momento, los casos especiales se verían sometidos a un reparo equitativo y justo. El viejo procedimiento aseguraba los mismos beneficios carcelarios independientemente del número de delitos cometidos. El individuo corriente, que sabe de justicia pero no de leyes, inquiría qué tipo de Estado era capaz de dispensar tamaño desatino. Con la instrucción Parot, el reo sentenciado con múltiples penas estaría sujeto a beneficiarse una a una. Quedaría libre después de treinta años, tiempo máximo que permiten las leyes españolas, y no a los veinte, o menos, de media.
Desde el lunes veintiuno, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o Tribunal de Estrasburgo, resolvió que la Doctrina Parot no puede aplicarse a sentenciados con anterioridad a mil novecientos noventa y cinco. Parece evidente la irretroactividad de la ley, salvo beneficios penales. Sin embargo, el mencionado Tribunal -poco distributivo de esta guisa- debería vislumbrar con la misma nitidez la injusticia y desamparo a que acaban sometidas las víctimas de tan horrendos crímenes. Estas, presumo, necesitan una reparación justa que Estrasburgo les hurta al estimar sólo los derechos humanos de quienes protagonizaron actos que aterran al común. A la postre, nada impracticable; menos en quienes suelen utilizar con destreza el florete legal.
Salvando las distancias temporales, naturaleza y objetivos últimos, percibo -entre el Tribunal de Estrasburgo y el de Núremberg- cierto paralelismo. Este juzgó sin ninguna autoridad moral (recuérdense las atrocidades de Stalin) los excesos nazis; dejó al descubierto un desprecio continuado y expreso de los derechos humanos. Si la victoria hubiese sonreído a los nazis, un tribunal parecido condenara a los aliados a parecidas penas aireando las mismas carencias. Constituye el ensamble, la sumisión, de la Ley a las circunstancias y discrecionalidad azarosa. Estrasburgo significa el ejemplo cercano de la observancia a una Ley eventual y el desaire a una justicia inmanente e inmutable.
Como en todo momento histórico, su esencia viene acompañada por la anécdota bufona, miserable, indigna. La autoría, asimismo el deshonor, recayó en el presidente del Gobierno. Rajoy mostró cicatería, aun despecho, por todos los españoles; básicamente por esas víctimas (que él supo embaucar en propio rédito) de un terrorismo que, al estilo Núremberg, ha resultado ser la parte vencedora. Una lluvia efímera anegó el talante presidencial sin atenuar la aciaga jornada. ¡Qué epílogo!
