Sanidad compartida
Los 500 millones de ciudadanos de la Unión Europea ya pueden recibir asistencia sanitaria en cualquiera de los 27 países de la Unión, tras aprobarse la directiva europea que regula los derechos de los pacientes. Sin embargo, hecha la ley, hecha la trampa, ya que son los Estados los que tendrán que aceptar la solicitud del paciente y la ley está llena de letra pequeña.
La Unión Europea sin fronteras ha dado un paso más. Hoy, los ciudadanos europeos podremos elegir el país donde queremos recibir asistencia sanitaria bien porque es un hospital de mayor prestigio o por un médico con más experiencia o por querer tratarse de una enfermedad compleja. A simple vista, la nueva directiva europea que regulan los derechos de los pacientes es una ley que beneficia claramente a los enfermos. Sin embargo, una cosa es la teoría y otra cómo se va a llevar a la práctica. En principio, la libertad de elección del paciente queda supeditada a que el Gobierno de cada país acceda a la petición.
En el caso de España, la Consejería de Sanidad de turno y el Ministerio de Sanidad tendrán que dar el sí. El Ministerio, además, ya ha adelantado que sólo quedarán cubiertas las prestaciones sanitarias que estén incluidas en la cartera común de los servicios del Sistema Nacional de Salud y de aquellos que cada comunidad autónoma haya decidido incluir complementado el SNS.
Otra dificultad está en que el paciente tendrá que adelantar el pago de esos servicios sanitarios en el extranjero y luego pedir el reembolso a su país de origen. Así, la libertad de elección también queda coaccionada ya que el paciente tendrá que tener los suficientes recursos económicos como para poder hacer frente a su asistencia. Lo que se traduce en que de nuevo, los ciudadanos con menos recursos también ven mermada su posibilidad de elección. Una vez más la Ley no parece favorecer la igualdad.
El coste de los servicios sanitarios de las carteras de prestaciones de cada país no es el mismo. Y ya la directiva europea deja claro que el reembolso será el de las tarifas oficiales de cada servicio de salud. Vamos que, por ejemplo, un ciudadano de España, que tiene uno de los costes sanitarios más bajos de toda Europa, tendría que poner dinero de su bolsillo para poder ser tratado en otro país. Y al contrario, ciudadanos de países nórdicos podrían hacer hasta negocio. A países del Norte de Europa, por tanto, les saldría más barato enviar a sus pacientes a España para ser tratados que hacerlo en sus propios países. ¿No favorecería esto un turismo sanitario que desde el Gobierno de España se quería atajar?
También en letra pequeña de la directiva está el precio de los fármacos que reciban. En este caso, tampoco todos los fármacos tendrían carácter reembolsable y el paciente tendría que hacerse cargo de aquellos que el sistema de salud de su país de origen no cubre.
Los pacientes parece que no serán los que más se beneficien de esta unión sanitaria, tampoco rebajará los costes de los sistemas sanitarios europeos… Sin embargo, las empresas y los hospitales privados sí que pueden verse beneficiados ya que serían las administraciones quienes pagarían los tratamientos de los pacientes extranjeros. Una vez más, los centros privados y las personas que pueden permitírselo serían los más beneficiados por una ley para todos los ciudadanos.
España cuenta, o mejor dicho contaba, con uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo, universal y gratuito, que esta Administración se ha empeñado en acabar con él. Leyes enmascaradas en el beneficio de todos para que unos cuantos sean los beneficiados. La Unión Europea de los pueblos, de los ciudadanos, sin duda, está perdiendo el rumbo.
