Hace unos días, un juez de Navarra, en España, avalaba por primera vez que devolver la vivienda liquida la deuda. Pocos días más tarde, otro juez español decidía en sentido contrario. Existe un debate jurídico sobre si los bancos tienen derecho a seguir cobrando una deuda por hipoteca una vez que se ha embargado la vivienda.
Otras formas de interpretar el derecho podrían resultar determinantes para decenas de miles de personas ahogadas por la deuda ante un panorama de creciente desempleo y de crisis. Desde 2009 hasta mediados de 2010, se habían embargado en España casi 150.000 viviendas. En la mayor parte de los casos, la deuda no quedaba saldada.
Durante años, les habían dicho que era muy fácil convertirse en dueños de un inmueble. “Alquilar una vivienda es tirar dinero a la basura”, se decía. Para que dos personas pudieran vivir en pareja, parecía como si tuvieran que convertirse en dueños de una casa. Ni la convivencia ni las cosas en común, sino el piso en propiedad garantizaba el nido de amor.
Pero resultó un espejismo pensar que, con una hipoteca a 30 o 40 años, se convertían en dueños del departamento. Los centenares de miles de inmuebles embargados confirman lo que parecía lógico pero que escapaba a la mayoría que se dejó seducir por el frenesí inmobiliario: hasta que no se termina de hacer el pago, la propiedad pertenece al banco.
Muchas de las personas embargadas apenas llegaron a pagar intereses del préstamo de la hipoteca durante el tiempo en que disfrutaron de la casa. Como un alquiler, pero el dinero acababa en manos de un banco durante años para que, al final, éste se quedara con la propiedad y el “comprador” con una deuda.
Distintas asociaciones de consumidores han denunciado prácticas abusivas de bancos y de entidades financieras a la hora de conceder hipotecas. La banca en España dio 100.000 millones de euros en hipotecas por más del 80% de los precios, inflados de forma artificial. Esto puede haber influido en sentencias como la del juez español que dio por liquidada la deuda una vez que se embargó la propiedad. O la que le dio la razón a una pareja de ancianos en Barcelona que estaban en un concurso de acreedores. El juez consideró que la entrega al banco de la cantidad obtenida por la venta de la vivienda daba por pagadas todas las deudas pendientes, pues no disponían de más bienes. En España, el embargo de sueldos y de otros bienes se ha convertido en algo “normal”.
Estas decisiones de tribunales autonómicos no generan jurisprudencia hasta que el Tribunal Supremo dicte dos sentencias en ese sentido. Pero de dos sentencias autonómicas favorables y la existencia de un debate en la sociedad civil cuestionan la validez de proteger la propiedad privada por encima de derechos humanos fundamentales. Uno de ellos es el derecho a una vivienda digna, reconocido en el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales que suscriben las naciones “civilizadas”.
No se han dejado esperar los sarcasmos: “claro, casa gratis para todos”. El reconocimiento por derecho internacional y por algunas legislaciones nacionales del derecho a una vivienda digna no plantea que todos deban tener una casa en propiedad o en alquiler “gratis”. Sí establece la necesidad de mecanismos para que las personas puedan acceder a una vivienda al margen de su nivel de ingresos. Es decir, facilidades para el alquiler, viviendas de protección oficial o de “interés social”, acceso a créditos razonables, penalizar prácticas abusivas de los bancos en materia de hipotecas, deducción de impuestos por alquiler para los jóvenes.
Las interpretaciones jurídicas para proteger el derecho a una vivienda digna cobran especial sentido en los días que corren. Casi tres años después de se produjera la crisis económica, se conoce el papel que han jugado los bancos en el estallido de la burbuja inmobiliaria, tan determinante en la catástrofe que viven muchas economías del mundo. Una vez que muchos gobiernos han salido al rescate de la banca con el dinero de los ciudadanos, le corresponde a la sociedad civil exigir un alto a supuestos derechos ilimitados y salir de su indefensión ante el poder de bancos y entidades financieras.
Carlos Miguélez Monroy
Coordinador del CCS y periodista
